PIDEN LA IMPUTACIÓN DE FRANQUISTAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

altLa Red Ciudadana contra los Crímenes del Franquismo (red AQUA) ha recogido más de 300 querellas y 6.800 adhesiones personales y de ayuntamiento de toda España.

 

Por Javier Coria

 

La querella argentina contra el franquismo sigue su curso y, por primera vez, se presenta un escrito de imputación contra destacados miembros del régimen que ha sido admitida a trámite por la jueza María Servini de Cubría. La magistrada llamará a declarar a los imputados, y de no hacerlo, se emitirán las respectivas órdenes de búsqueda y captura por la INTERPOL. Entre los citados están los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón) y Fernando Suárez González, así como el siniestro torturador conocido como Billy el Niño, que no es otro que el policía de la desaparecida Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco.

 

MÁS DE 300 QUERELLAS

 

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La Red Ciudadana contra los Crímenes del Franquismo (red AQUA) ha recogido más de 300 querellas y 6.800 adhesiones personales y de ayuntamiento de toda España. Los testimonios, escritos o relatados por las propias víctimas (incluso en videoconferencias), son los que se han presentado a la jueza por los abogados que llevan la causa en Argentina, entre ellos, Ana Messuti (que ya entrevistamos en Rambla) y Carlos Slepoy. Las querellas recogen crímenes cometidos durante la Guerra Civil; casos de niños robados; confinamientos en campos de concentración que, con el nombre de Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, funcionaron durante los años 1936 a 1947; casos de presos condenados a trabajo esclavo; desapariciones forzosas y, por supuesto, los crímenes relacionados con la represión del aparato policial y militar franquista que, de forma institucional y sistemática, ejerció violencia contra la oposición democrática en un periodo de tiempo que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977 y incluso años después. Torturas con varios casos de muerte, consejos de guerra  a civiles, juicios sumarios sin garantías de ninguna clase, ejecuciones, actuación de bandas parapoliciales, etc., son algunos de los delitos que recogen estas querellas. Dos ciudadanos argentinos fueron de los primeros en iniciar este proceso al denunciar ante las autoridades de su país la muerte y desaparición de sus familiares en España. En este sentido, los abogados de los querellantes han solicitado a la jueza que eleve una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que imparte instrucciones a los cónsules de todo el mundo para que, de forma gratuita, reciban denuncias y testimonios de víctimas, según nos informa Felipe Moreno, querellante como luchador antifranquista represaliado y miembro de la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes.

 

LOS MINISTROS FRANQUISTAS

 

El ex ministro Rodolfo Martín Villa, conocido en algunos círculos como “la porra de la Transición”, está denunciado como presunto corresponsable de la muerte de cinco trabajadores. Con el gobierno de Carlos Arias Navarro y con Manuel Fraga Iribarne como ministro de Gobernación (los dos fallecidos), Martín Villa ejerció como ministro de Relaciones Sindicales, y bajo su mandato ocurrieron los sucesos de Vitoria (País Vasco) del 3 de marzo de 1976, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco. Durante una jornada de huelga, la policía lanzó gases lacrimógenos en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís, donde más de 5.000 trabajadores permanecían en asamblea. Al salir los concentrados fueron tiroteados por la policía, quedando cinco fallecidos en el suelo y 150 heridos de bala. Durante su etapa de ministro de Gobernación (1976-79), Martín Villa tuvo a su mando al comisario Roberto Conesa, conocido torturador de presos y detenidos. También fue él quien concedió, por orden ministerial, la medalla de plata al mérito policial a “Billy el niño” en 1977. La dureza con que Martín Villa, como ministro de Gobernación, mandaba reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles, contrastaba con la presunta tolerancia y pasividad, cuando no connivencia como denuncian algunas fuentes, con los grupos parapoliciales y de la ultraderecha que realizaban atentados en aquellas fechas. Martín Villa fue presidente de Endesa, Endesa Italia y presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-97). En 2003 fue consejero de Sogecable, y posteriormente, en 2004, presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de dicha compañía del Grupo Prisa, cargo que ejerció hasta 2010.

 

El suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, el falangista José Utrera Molina, fue Ministro Secretario General del Movimiento en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro y actualmente es miembro de la Fundación Francisco Franco. Para él, los querellantes, le piden la imputación por ser uno de los firmantes de le pena de muerte, a garrote vil, del joven anarquista Salvador Puig Antich, condenado en tribunal militar por la acusación de haber matado al policía Francisco Anguas Barragán, cuando procedía a su detención, cosa todavía no aclarada, ya que el agente tenía cinco disparos, y la pistola de Antich había disparado dos. Utrera fue presidente del Banco Rural (1975-78). En el año 2010, y desde las páginas del diario ABC, Utrera Molina cargaba contra la Memoria Histórica con un carpetovetónico artículo que tituló: “¡A mí la Legión!”.

 

Fernando Suárez González fue ministro de Trabajo en 1975, y se pida su imputación por su presunta corresponsabilidad al ser miembro del Consejo de Ministros que condenó (o dio el enterado) a muerte, por fusilamiento, a cinco militantes antifranquistas en septiembre de 1975: José Humberto Baena Alonso; Ramón García Sanz; y José Luis Sánchez Bravo, los tres militantes del PCE (m-l) y del FRAP, y los miembros de ETA político-militar; Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Otros condenados a muerte (once en total) les fueron conmutadas las sentencias de muerte por penas de cárcel, es el caso de los miembros del PCE (m-l) Vladimiro Fernández Tovar y el periodista Manuel Blanco Chivite, los dos querellantes y miembros de una de las organizaciones impulsoras de la Red AQUA, se trata de La Comuna Presos del Franquismo. Los consejos de guerra, según denunciaron en su día varios observadores internacionales y por declaraciones de los sobrevivientes del proceso y sus abogados, carecieron de toda garantía legal de defensa. Pruebas balísticas que no se presentaron, armas que desaparecieron, abogados expulsados de la sala… Por su parte, Fernando Suárez González, que comenzó su carrera política en el falangista Sindicato Español Universitario (SEU), es miembro de la real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007.

 

TORTURADORES Y JUECES DE LA REPRESIÓN

 

Juan Antonio González Pacheco, llamado “Billy el niño” por sus ademanes chulescos durante los interrogatorios, es el policía de la extinta Brigada Político Social del franquismo que más es citado en las querellas, exactamente aparece en 17 de las querellas presentadas. Acusado por los testigos y víctimas por delitos de tortura, técnicas que aprendió de su maestro el comisario Conesa, su figura siempre ha sobrevolado sobre los casos más sangrientos de la represión franquista y durante los años de la transición, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha de 1977, año en que, como ya dijimos, el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, lo condecoró y organizó una cena en su honor. Hasta 1981 “Billy el niño” estuvo al frente de la lucha antiterrorista (sección anti-GRAPO). Luego hizo carrera en la seguridad privada. Otros policías de la BPS también están entre las peticiones de imputación por torturas que ha sido aceptado a trámite por la jueza, este es el caso de José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. Celso Galván Abascal, que fue escolta de Franco, junto con los policías Jesús Simón Cristóbal y Francisco Luis Colino, fueron los que presuntamente tirotearon, torturaron y lanzaron por una ventana, simulando un suicidio, al estudiante Enrique Ruano (en 1969), cuyo único “delito” fue lanzar unos pasquines del Frente de Liberación Popular. Los tres policías fueron promocionados ya en democracia, Galván, por ejemplo, llegó a ser escolta de la Casa Real. Jesús Muñecas Aguilar, también sindicado como torturador, es capitán de la guardiacivil condenado a 5 años de prisión por su participación en el golpe de Estado de Tejero del 23 de 1981. Aguilar fue el que anunció a los diputados secuestrados que esperaran a la “autoridad competente, militar pos supuesto”. Ha sido denunciado por torturas en la época en que sirvió en la Comandancias de Zarautz y Tolosa, pero ninguna llegó a condena. Actualmente es el propietario de un centro de equitación en Valdemoro y cobra la pensión máxima.

 

Jesús Cejas Moheadano aparece en las querellas como el vocal auditor en el Consejo de Guerra de los citados Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, conmutas las penas, y Baena Alonso, ejecutado. Y el también miembro del FRAP Pablo Mayoral Rueda, conmutada la pena. A Cejas Moheadano, capitán militar, se le cita como firmante de tres penas de muerte el 27 de septiembre de 1975. Hay otros jueces del temido Tribunal de Orden Público (TOP) que también son citados en estas primeras diligencias de imputación, como es el caso de Rafael Gómez Chaparro, que estuvo en el TOP entre 1972 hasta 1977, y que fue el juez que cerró el caso de Montejurra (1976), donde fueron asesinados dos militantes carlistas, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, a manos de una banda parapolicial, donde participaron mercenarios neofascistas italianos y argentinos. El complot tenía el nombre de Operación Reconquista, y se cocinó en las llamadas “cloacas” de la seguridad del Estado. Los responsables fueron identificados, incluso sus fotos se publicaron en la prensa de la época, pero fueron puestos en libertad ese mismo año acogiéndose a la Ley de Amnistía.

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