La delincuencia juvenil es, sin duda, uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Por eso, y porque la mayoría de estos jóvenes no tienen recursos para costearse un abogado, son defendidos por abogados de oficio. Con ello no quiero decir que esto sea negativo ni que los abogados de oficio no hagan bien su trabajo, sino que en la mayoría de los casos (ya sea por sobrecarga de trabajo o por falta de un salario digno) estos se olvidan de aplicar ese factor social y personal necesario. Este es el terreno en el que entra en juego la Fundación Ficat. Albert Pares, su presidente, nos explica la importancia de lo que ellos llaman la figura del ‘jurista social’.
Albert, ¿podrías explicarlos, en primer lugar, qué es Ficap?
Ficat, tal y como hoy la conocemos, nace en el 2000. Hasta ese momento era una ONG de corte religiosa llamada Franciscanos Internacionales de Cataluña que se dedicaba a la defensa de los derechos de las personas en general. Al cabo de dos años de asociación pasa a fundación (gracias a una importante donación) manteniendo las siglas, y es en ese momento cuando surge el tema de dar servicio de asesoramiento jurídico a jóvenes que están en prisión. No sustituimos ni hemos sustituido nunca al abogado de oficio. Nosotros hacemos un seguimiento mucho más personalizado.
Por lo tanto, ¿Ficap sólo se encarga de jóvenes que están en prisión?
No. Por un lado tenemos el tema de prisiones, por otro el asesoramiento a menores inmigrantes que llegan a nuestro país completamente solos y por otra parte el tema de extranjería.
El servicio de extranjería era un servicio únicamente para extranjeros. Nosotros asesorábamos a aquellas personas que no podrían hacerlo de ninguna otra manera. Sobre todo en tema de papeles y de expulsiones. Hay mucha, mucha, desinformación en tema de extranjería. La gente va muy perdida. Pero ahora mismo ya no nos encargamos de este sector por motivos económicos. Las donaciones han bajado y hemos delegado esta tarea en la Fundació Server Solidari, ahora son ellos los que se encargan.
Dices que, en cuestión penitenciaria, solo asesoráis a jóvenes…
Solamente jóvenes. En una franja de los 18 a los 25 años. De hecho nos encargamos solamente del Centro Penitenciario Can Brians. Nos centramos en esta franja de edad simplemente porque comenzamos con ella y creemos que es la más vulnerable. Además, el resto de tribunales de justicia no cubren el proyecto.
Explícanos entonces, ¿cuál es la diferencia entre la labor que realiza un abogado de oficio y la que lleva a cabo Ficap?
El abogado de oficio es aquella persona que lleva estrictamente la defensa jurídica de una persona. Se preocupa de cómo defenderle jurídicamente si ha matado o robado, por ejemplo. El servicio que damos nosotros va más allá. Vamos al centro penitenciario una vez por semana y tenemos un contacto más personalizado. El abogado de oficio no tiene esa facilidad de contacto y, además, por lo general piensa: ‘por lo poco que yo cobro mi faena llega a donde llega’. Esta es otra crítica que nosotros hacemos a los servicios jurídicos de los abogados de oficio.
Después también nos encargamos de aquellos inscritos que puedan hacer los internos demandando alguna cosa o emitiendo alguna queja.
No realizamos el mismo trabajo que el abogado de oficio, somos un factor complementario. Pero sí es cierto que siempre contamos con ellos a la hora de hacerles llegar alguna información relevante que puede que desconozcan.
La diferencia fundamental es que nosotros creemos en la figura del ‘jurista social’, que no solamente vea el tema jurídico, sino que sea consciente de la problemática social y de cómo trabajar ambas cosas de manera conjunta.
¿No existe ninguna otra entidad institucional que realice este tipo de labor en las prisiones?
Lo curioso es que hace unos seis años que el colegio de abogados de Cataluña y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo para establecer un Servicio de Orientación Jurídica en los centros penitenciarios. En ese momento nosotros pensamos: dejaremos de ir a la prisión ya que hay un servicio institucional que se encarga de lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, desde el Departamento de Justicia nos pidieron que continuásemos. Aseguran que aunque haga un servicio institucionalizado es bueno que una ONG como Ficat, que todos nos conocen, continúe con la labor ya que los internos tienen mucha más confianza y más facilidad de hablar con nosotros.
Yen el tema de los menores inmigrantes, ¿cómo os adentrasteis?
Hace algún tiempo hicimos un estudio sobre la situación de los menores no acompañados que llegaban a nuestro país. Así fue como nos dimos cuenta de la magnitud de esta problemática y empezamos a asesorar a menores inmigrantes.
Hace unos años, un menor que llegaba aquí solo, sin padres, la DGAIA (Dirección de Atención a la Infancia) lo expulsaba. La ley de extranjería estipula que si es más beneficioso para un menor volver a su país este debe ser repatriado. Pero en estos casos no eran repatriaciones, se trataba de expulsiones. Sin embargo, desde hace más de un año el ayuntamiento de Barcelona ha creado unos pisos en los que se les acoge hasta que cumplen la mayoría de edad. Pero el problema reside en que han comenzado a llegar menores cuyo pasaporte acredita que son eso, menores, pero la Generalitat no cree en la fiabilidad de esas fechas. Por ello se les lleva hasta el hospital en donde se les realizan unas pruebas para determinar si son mayores de edad. Pruebas que demostraron que, menos en un caso, todos eran mayores de edad. El problema reside en que ahora a estos ‘menores’ no se les repatría, simplemente la DGAIA los echa fuera de estos pisos, a la calle.
¿De qué manera procedéis cuando os llega un menor con esta problemática?
Cuando nos llega un menor vamos a los juzgados a recurrir la decisión de la DGAIA que dice que es mayor de edad.
La Fiscalia de Proteccion de Menores no duda de que el pasaporte sea verdadero, lo que no se cree es la fecha de nacimiento ya que argumentan que en los países de procedencia de estos chicos (fundamentalmente Ghana) no existe un registro civil fiable que acredite que esto es cierto. Pero yo pienso, si están en este plan, ¿qué harían si el pasaporte fuese de Estados Unidos? Otra cosa es que las pruebas que hacen de la edad son unas pruebas que tienen un margen de error de dos años. Además, mientas se duda de si estos niños son menores o no, ¿qué hacemos con ellos? Para eso el ayuntamiento ha creado esos pisos, aunque solamente pueden estar en ellos tres meses, prorrogables en otros tres.
¿Qué hacen estos niños mientras están en esos pisos? Porque legalmente no pueden trabajar…
Son adolescentes, les gusta la fiesta, irse de compras (y si la ropa es de marca mejor)… y para eso necesitan dinero y para tener dinero son muchos los que se dedican al trafico.
A muchos los coge la policía y tienen antecedentes penales, lo que les dificulta el buscar empleo en un futuro. Yo los machaco mucho con eso.
¿Qué sucede una vez que cumplen la mayoría de edad?
Se buscan a vida más o menos. Cuando tienen 18 años hay un departamento de la Generalitat que se encarga de arreglarles el permiso de residencia. Pero sólo a aquellos que han estado tutelados por la DGAIA, aunque hubiesen sido expulsados por culparles de ser mayores de edad.
Por tanto, el objetivo primordial para ellos debe ser aguantar hasta tener los 18 años ya que así conseguirán los papeles. Lo curioso del caso es que, una vez que les dan la residencia, esta se la dan con la fecha de nacimiento que aparece en el pasaporte y que previamente aseguraban que era falsa.
Es importante que entren en la DGAIA aunque les expulsen.
¿Qué deben hacer después de conseguir ese permiso de residencia?
Es muy importante que los que tengan un permiso de residencia sepan que lo tienen que renovar al cabo de un año y que necesitan cambiar el permiso de residencia por un permiso de trabajo. Para eso hay que contactar con una empresa que te haga una oferta laboral y para encontrar una empresa es muy importante el tema de la formación.
En imágenes: Albert Pares, presidente de Ficat, y Raquel Prado, abogada de Ficat.
