José Maria Moyineda, secretario general de GHESTA.

25.000 millones de euros. Esta es la cifra “de activos no declarados” que el gobierno de Rajoy quiere hacer aflorar mediante la amnistía fiscal anunciada recientemente por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La medida establece un «gravamen especial» de un 10% por el capital que se regularice, quedando el evasor exonerado de cualquier penalización o sanción posterior.

El gobierno prevé recaudar así unos 2.500 millones de euros procedentes de una economía sumergida que en España tiene un volumen de entre el 20 y el 23% del PIB anual. 10 puntos por encima de la media europea. “Una situación que hace 20 años que se arrastra” declaran fuentes del Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA. Y es que, como corroboran desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda “España tiene un problema con el fraude fiscal”.

Una economía sumergida del 23% respecto del PIB implica que cada año se evaden unos 60.000 millones de euros, una cifra que supera con creces los 40.000 millones que el gobierno pretende ahorrar mediante las últimas medidas de ajuste.

De estos 60.000 millones, indican desde GESTHA, el 72% correspondería a las grandes empresas y patrimonios. “Son ellos –afirman los inspectores- los que tienen más instrumentos para evadir impuestos”. De hecho, sólo el 0,7% de las rentas españolas declaran anualmente más de 120.000 euros. Un dato que levanta muchas sospechas sobre la equidad tributaría del país.

“El pequeño fraude suma y es importante pero es indiscutible que es mucho más elevado en las grandes empresas” confirman desde Hacienda.

La multinacional Apple, por ejemplo, facturó en Irlanda el 99% de sus ventas en España. Esto quiere decir que de los 300 millones que obtuvo en el Estado sólo pagó 140.556 euros por el impuesto sobre sociedades. (Un impuesto que ha visto como su recaudación disminuía un 64% entre el 2007 y el 2010).

De hecho, aunque parezca sorprendente, muchos de los métodos empleados por las grandes empresas y patrimonios para evitar el pago a Hacienda no son ilegales. Sociedades opacas, cuentas en Suiza o Liechtenstein etc… Abundan, por ejemplo, las compañías que tienen sedes en Holanda, un país que tiene en las Antillas holandesas un paraíso fiscal. Según afirma la revista Fortune, el 90% de las empresas del IBEX 35 tienen una sede en los Países bajos. Un caso similar es el de Irlanda que también dispone de convenios con paraísos fiscales.

También es conocido el método de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, SICAV.

Creadas como sociedades de inversión colectiva la mayoría de ellas pertenecen a un mismo grupo familiar, como la de las hermanas Koplowitz, y permiten que estos patrimonios tributen sólo al 1% el impuesto sobre sociedades.

Cómo explica y reconoce el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, Juan José de los Mozos Quiroga, estas sociedades de inversión “se han pervertido y pertenecen a grandes fortunas con ánimo de tributar poco”.

No obstante, la limitación legal de estas estrategias de evasión, alerta Quiroga, puede desembocar en un problema de “competencia”. “Si los grandes patrimonios ven que aquí se tiene que tributar al 50% y fuera al 20% pues se llevarán el dinero donde les dé la gana” afirma antes de destacar que España tiene el sistema tributario más elevado de Europa.

De momento, sin embargo, la excesiva presión fiscal que denuncian los asesores se ve aligerada gracias a la amnistía declarada por el gobierno. Una medida que sucede a las amnistías declaradas en el 77, 84 y 91. Todas, según explican fuentes de Hacienda, con resultados muy por debajo de las expectativas previstas.

“En nuestra experiencia, sólo se acogen a la amnistía personas que ya están en el punto de mira de Hacienda, los que han sido insolidarios no lo dejarán de ser ahora”, explica José Maria Moyineda, secretario general de GHESTA.

Y es que después de haber anunciado una subida impositiva que afectará a todos los contribuyentes, la medida principal del gobierno para evitar la fuga y evasión de grandes capitales es recompensar a los arrepentidos con una amnistía. Una medida que, por cierto, el mismo PP consideró “impresentable” cuando estaba en la oposición.

“Ahora que se aumentará la presión fiscal será muy difícil explicar a los trabajadores y contribuyentes que pagan honestamente o reciben sanciones que los grandes evasores sólo pagarán, si quieren, al 10%”, concluye Moyineda

Licenciado en Periodismo y Filosofía con experiencia en medios de comunicación tanto en el campo de la redacción como en el de la cobertura audiovisual.

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