La encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió muestra cómo el 80% de los catalanes están a favor de la regulación de alquileres. El dato no sorprende en absoluto al Sindicat, dado que actualmente el precio del alquiler en Cataluña es el más alto de toda la historia y que desde 2014, el alquiler promedio en Cataluña ha crecido un 54% según Incasol. Este aumento, junto con la inflación acumulada, asfixia a los hogares catalanes: actualmente, el alquiler promedio representa el 50% del salario medio neto, y en el área metropolitana es del 68%. La asfixia económica que sufren las familias que viven de alquiler, una de cada cuatro en Cataluña, es insostenible. Esto convierte la regulación de alquileres en una medida urgente para aliviar la situación. La cuestión es: ¿bajará la regulación los alquileres, o simplemente los congelará?
En los próximos días entrará en vigor en Cataluña la regulación de precios del alquiler, una regulación que automáticamente congelará el precio en todos los nuevos contratos y renovaciones, en las zonas tensionadas. Sin embargo, queda en manos del Ministerio de Vivienda estatal si esta regulación bajará los precios o no: la clave está en el índice de precios. Esta herramienta fija el límite de precio para las viviendas que entren al mercado de alquiler por primera vez y, sobre todo, también marca hasta dónde tendrán que bajar los alquileres de grandes tenedores (propietarios de más de cinco viviendas), que actualmente están muy por encima de la media.
Las últimas informaciones sobre cómo será este índice nos preocupan profundamente. En lugar de establecer un único precio de referencia, el sistema de índice que propone el Gobierno español establece un abanico de precios. Así pues, queda a criterio del arrendador fijar el valor más alto de este abanico. Un valor que, según las pruebas realizadas por el gobierno catalán a partir de 32,000 contratos de alquiler, en algunos casos superaría en hasta 300€ respecto al índice catalán.
El índice no es una cuestión técnica: es política y afecta a 2 millones de catalanes
Desde el Sindicat de Llogateres denunciamos la más que posible aprobación de un índice fake, concebido expresamente para que no bajen los alquileres. Mientras el Ministerio de Vivienda ha diseñado un sistema de índice con una fórmula totalmente opaca, los resultados que este muestra son muy inequívocos: por ahora, no servirá para bajar los alquileres. Dicho de otra manera, el índice que actualmente se propone está hecho a medida de la patronal inmobiliaria, de manera que los alquileres se quedarán en el pico histórico en el que nos encontramos actualmente. No será culpa de aplicar una regulación de precios, sino precisamente de diseñar un índice pensado para boicotearla.
El Ministerio de Vivienda da la espalda a los inquilinos
Durante las últimas semanas, el Sindicat de Llogateres hemos contactado con el Ministerio de Vivienda estatal, liderado por Isabel Rodríguez, y con la Secretaría Estatal de Vivienda, liderada por David Lucas, con el objetivo de conocer los detalles del funcionamiento del índice de precios. El hermetismo, sin embargo, es máximo. Desde el Sindicat de Llogateres, solo podemos interpretarlo como un silencio culpable. Su objetivo es aprobar por la puerta trasera un índice inútil para su propósito inicial: bajar los alquileres. La histórica complicidad de los responsables políticos del PSOE con la patronal inmobiliaria, junto con la vigencia de las puertas giratorias en personajes como Joan Clos, Isabel Pardo de Vera o Helena Beunza nos hace pensar lo peor.
Ya hace cuatro años, el Sindicat de Llogateres estuvimos trabajando codo a codo con las consejerías de Justicia y Territorio del Gobierno en el diseño e implementación del índice catalán y la Ley 11/2020. De ahí salió la regulación de alquileres catalana, que sí bajó los precios del alquiler, por lo que tenemos mucho que decir y aportar al respecto.
Respecto a la Consellera de Territori del gobierno catalán, con quien mantenemos una comunicación más fluida, nos alarma que la misma Ester Capella admita que el índice propuesto por el ejecutivo español no servirá para bajar precios. El Gobierno catalán debe forzar una negociación para evitar un índice fake.
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