El anuncio de la reforma del Código Penal que pactaron hace un mes PSOE, Unidas Podemos y ERC hizo saltar todas las alarmas entre un amplio abanico de organizaciones políticas, sindicales y de defensa de derechos. El Sindicat de Llogateres, desde el primer momento, ya denunciamos que la reforma del delito de desórdenes públicos abre las puertas al aumento de la represión contra las que nos movilizamos y, concretamente, contra algunas de nuestras principales formas de acción.

Durante estas semanas, las organizaciones sociales y políticas se han organizado y el pasado 1 de diciembre más de cuarenta entidades catalanas nos concentramos ante la Delegación del Gobierno español en Barcelona. Frente a nuestra respuesta, a algunos de los partidos que propusieron la reforma no les ha quedado más remedio que admitir algunos de los aspectos negativos de la reforma.

Aun así, la única diferencia anunciada hasta el momento respecto a la propuesta inicial de reforma es que no se incorporará la coletilla «sin hacer uso de violencia o intimidación» en el artículo 557 bis, que considera y seguirá considerando delito de desórdenes públicos la ocupación de un domicilio, despacho, oficina, establecimiento o local de una persona jurídica pública o privada, aunque esté abierto al público. Este artículo, que nace de la última reforma impulsada por el PP y que busca perseguir una de las principales formas de acción del movimiento por la vivienda, seguirá existiendo en el Código Penal. El mínimo de no agravar este delito, no responde a las demandas del conjunto de las organizaciones que nos hemos movilizado, y en ningún caso, puede utilizarse para que algunos partidos se hagan un lavado de cara.

La reforma propuesta de los delitos de desórdenes, con la referencia a la intimidación, la inclusión de las penas de inhabilitación, obstaculización de las vías públicas, el mantenimiento del concepto de paz pública y la tipificación de la mera posibilidad de atentar contra el orden público, incrementa gravemente la tendencia represiva de los últimos años. Además, plantea un escenario de recorte de libertades en un momento donde será muy necesaria la autoorganización y movilización social en las calles para hacer frente al empobrecimiento generalizado y a la destrucción del planeta.

Continuamos situándonos frontalmente en contra de esta reforma del Código Penal. La necesaria eliminación del delito de sedición no requiere y no tiene que comportar una modificación del delito de desórdenes públicos que persiga las formas de lucha de las que nos organizamos para conquistar mejores condiciones de vida para la mayoría.

Por todo esto, y a pesar de no estar de acuerdo con el actual Código Penal, exigimos a los partidos que en la reforma del código penal que pretenden votar mañana en el Congreso, no se atrevan a agraviar el actual delito de desórdenes públicos.

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