El pasado mes de mayo, se aprobó definitivamente la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que, entre otras cosas, permite a las comunidades autónomas declarar zonas con mercado de vivienda tensionado donde los precios de los alquileres estarán regulados. Desde entonces, la única comunidad autónoma que ha expresado voluntad de regular los alquileres y ha realizado los trámites para hacerlo posible ha sido Cataluña.
El Departament de Territori del Govern catalán, liderado por Ester Capella, terminó a finales de agosto los pasos necesarios para aplicar la regulación de precios a 140 municipios catalanes. La ley prevé que el gobierno estatal tiene que publicar trimestralmente una resolución que constate qué áreas con mercado de vivienda tensionado se han declarado. A pesar de que ha pasado un mes y medio desde entonces (y casi cinco meses desde la aprobación de la ley), el ministerio de Raquel Sánchez sigue sin moverse.
Por lo tanto, la ministra Raquel Sánchez está bloqueando la aplicación de su propia ley en la única comunidad autónoma que quiere utilizarla. La excusa para no hacer estas declaraciones no puede ser la falta de un índice de precios: Cataluña ya tiene un índice vigente que se ha utilizado con éxito para regular los precios. E incluso si hiciera falta un nuevo índicie, la publicación de esta lista de áreas tensionadas haría entrar en vigor, de momento, la congelación de precios, a la espera de un índice que permita, además, forzar bajadas de precios.
Este bloqueo se mantiene mientras Cataluña tiene los precios del alquiler más altos que ha tenido nunca y más de tres cuartas partes de los desahucios son ya debidos a los precios del alquiler. Tenemos una herramienta legal que tiene que impedir nuevas subidas de precio, pero tenemos también un ministerio que está impidiendo su aplicación.
Ante esta situación, el Sindicat de Llogateres de Catalunya hace un llamamiento a los partidos catalanes que han apoyado la regulación de precios del alquiler en el Parlament de Cataluña o en el Congreso de los Diputados y que ahora están negociando la investidura de Pedro Sánchez. La aprobación de esta Ley Estatal de Vivienda y, concretamente, la regulación de precios del alquiler, fue el principal adelanto en materia de vivienda de la anterior legislatura. Sería absurdo iniciar una nueva legislatura mientras el gobierno que impulsó la ley se niega a ponerla en marcha. El PSOE estaría faltando a su palabra y daría bastantes pistas sobre su intención de cumplir otros pactos y negociaciones que se puedan dar para esta investidura. ERC, Junts y En común Podem estarían demostrando que tienen suficiente con las promesas y los gestos, sin que se lleguen a cumplir ni sirvan para mejorar la vida de nadie. Antes de negociar nada de nuevo, habría que asegurar, como mínimo, que se cumple lo que ya se pactó.
Si no hay regulación de alquileres vigente, que no haya investidura.
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