El gobierno español se ha visto obligado a mover ficha ante la ola de movilizaciones por el derecho a la vivienda que ha sacado a cientos de miles de personas a la calle en ciudades como Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla o Cádiz, y que continuará el próximo 23 de noviembre en Barcelona.
A pesar de que llevan gobernando desde 2018, Pedro Sánchez había mantenido hasta ahora el escandaloso régimen fiscal de las SOCIMI, especialmente diseñado para fomentar la especulación con la vivienda. El paquete fiscal anunciado hoy también incluye acabar con la reducción en la tributación del IVA de la que disfrutaban los pisos turísticos.
Está por ver si estas medidas se traducirán en realidad. Sin embargo, las medidas fiscales no son el camino para resolver la crisis de la vivienda: es necesario poner límites reales al mercado. Según el gobierno, la intención es desincentivar estas actividades especulativas, pero no tiene sentido reconocer que es necesario limitarlas y, al mismo tiempo, permitir que sigan ocurriendo.
Si el gobierno del Estado español quiere afrontar de verdad la crisis habitacional, hacen falta medidas que limiten de verdad estas dos prácticas especulativas: prohibición de los pisos turísticos en zonas tensionadas y limitación de cualquier compra de vivienda que no sea para residir en ella.
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