(OPINION) Adiós a la España que mató a Lorca

Autor: Marta Perez Ilustracion Guillem Manchado

La larga pesadilla de la Guerra Civil

En agosto de 1936 la España golpista mató a Federico García Lorca. La guerra empezaba asesinando a uno de los grandes exponentes de la cultura española. Lorca era un intelectual, un demócrata que no creía en la frontera política ─cuando lo detuvieron estaba escondido en casa de Luis Rosales, poeta falangista─ y, actualmente, uno de los escritores españoles más traducidos mundialmente. Con su fusilamiento, pero también con la muerte de Miguel Hernández en la cárcel o con el exilio de Antonio Machado y el de tantos otros intelectuales, la cultura fue aniquilada en España. A día de hoy, esa fuerza cultural no ha sido recuperada.

La larga pesadilla de la Guerra Civil y el franquismo no es cosa del pasado, aunque algunos se hayan atrevido a sentenciar lo contrario a los que han alzado la voz a favor de la memoria histórica. Hoy en día recogemos los frutos que aquel periodo sembró. Poco más de cuarenta años han pasado desde la muerte del dictador, ni una generación, demasiado poco tiempo para poder afirmar que España es una democracia plena, si es que realmente alguien entiende el significado de este término el cual, desde luego, no pasa sólo por el hecho de poder elegir a nuestros dirigentes cada cierto tiempo. Durante el franquismo, el Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga popularizó un lema para atraer a los turistas: Spain is different! Ciertamente, se puede decir que España marca la diferencia en muchos aspectos. Fue una de las dictaduras más largas de Europa ─junto con Portugal─ y su jefe de Estado, Francisco Franco, murió plácidamente en la cama. Pero la mayor distinción recae en lo que vino después. España no podía seguir siendo una dictadura por el aislamiento internacional a la que fue sometida, es entonces cuando Franco deposita su confianza en el entonces príncipe Juan Carlos y lo nombra jefe de Estado. España emprendía el aparente camino democrático con la culminación de la Constitución de 1978. Los viejos dirigentes franquistas se reciclaron en demócratas porque nadie estaba dispuesto a abandonar el poder y, por lo tanto, sus privilegios. España se diferenció de otros países porque no hubo depuraciones políticas ni institucionales, lo que no nos permite sentenciar con firmeza que el viejo régimen desapareció una vez terminada la Transición. Los actores que se dedicaron a pasear por el nuevo escenario democrático eran personajes como Adolfo Suárez, un arribista que cogió el timón político, Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas y Manuel Fraga, entre otros. Este último refundó el Partido Popular en 1989, fuerza que actualmente nos gobierna.

La autoridad que hoy conduce el Estado español es heredero directo del franquismo, pero no solo por el pasado siniestro de su fundador, sino por sus políticas avaladoras del régimen: durante cuatro años consecutivos el gobierno de José María Aznar financió la Fundación Nacional Francisco Franco, Mariano Rajoy redujo a cero el presupuesto para la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, se cerró la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, se estableció un control severo de las iniciativas de los familiares de las víctimas alegando que sus acciones suponían un riesgo para el reavivamiento de viejas heridas, se impidió la restitución del dinero que el régimen confiscó a los republicanos, se está dificultando de forma sistemática el trabajo de la jueza argentina a cargo de la querella interpuesta por los familiares de los asesinados, el vergonzante Valle de los Caídos sigue resguardando los féretros de Primo de Rivera y Franco mientras los restos de miles de republicanos siguen tirados en fosas comunes, el portavoz del Partido Popular se atrevió a declarar que las familias de las víctimas solo se acuerdan de sus seres queridos cuando se conceden subvenciones para las exhumaciones… y así hasta un largo etcétera de actuaciones y declaraciones que no constituyen otra cosa que graves burlas hacia los ciudadanos que gobiernan.

El tiro que mató a Lorca, al cual seguirían miles de ciudadanos, dinamitó para siempre la cultura democrática en España. Hemos vivido desde la Transición inmersos en el juego absurdo del bipartidismo y, también, cabe decirlo, en la aberrante manipulación de los medios de comunicación oficiales los cuales, por ejemplo, no han contado nunca que los presos políticos no terminaron con el fin del franquismo y las torturas en las comisarías, tampoco.

He aquí algunos de los episodios que se han producido en nuestra democracia: el fallecido cómico Pepe Rubianes y el periodista Albert Om tuvieron que declarar delante de un juez por haber, el primero, atacado la unidad de España, un adolescente catalán, Èric Bertran, es acusado de terrorismo ante la Audiencia Nacional por mandar una serie de emails a conocidas cadenas de supermercados exigiendo el etiquetado en catalán, acusan y encarcelan a un grupo de jóvenes ─hechos que se retratan en el documental Ciutat Morta─ para tapar una negligencia policial y política, provocando el suicidio de la joven Patricia Heras, detienen a los miembros de una compañía de títeres que se dedicaba a hacer funciones infantiles, multan al cantautor Albert Pla por arremeter contra un partido emergente, el actor y activista Willy Toledo no puede trabajar en España por contar las verdades del presente sistema represivo, la estudiante Cassandra Vera es condenada ante la Audiencia Nacional por tuitear chistes sobre Carrero Blanco, los humoristas el Gran Wyoming y Dani Mateo declaran por una denuncia interpuesta por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, imponen unas penas desproporcionadas por los hechos de Alsasua, condenan a prisión a los miembros del grupo La Insurgencia Estos son sólo algunos casos que demuestran que el sistema político, policial y judicial no está dispuesto a abandonar el feroz espíritu represivo del régimen. La ruptura con la España franquista nunca tuvo lugar.

Estos ataques a personas individuales, a algunos nos han estremecido, otros han mirado para otro lado, pero recientemente la población civil se está percatando de la verdadera cara del actual sistema político español. El viernes 27 de octubre, el Parlament de Cataluña declaró la independencia en forma de república después de una larga travesía donde el gobierno encabezado por Mariano Rajoy rehusó en todo momento acceder al diálogo. Pero el día 1 de ese mismo mes se produjo un hecho que muchos creyeron superado: la violencia ejercida por la Guardia Civil contra los votantes en el referéndum. Lo que se está dando en Cataluña es un ataque desmesurado contra un gobierno y una población que quiso determinar su propio futuro. Es ahora cuando nos damos cuenta que quizás hubiera convenido mirar un poco más hacia el pasado, y no pensar que los sucesos que nos contaron aquellos que vivieron la Guerra Civil y el franquismo eran batallitas de gente mayor, sino que era el pasado que volvería a resurgir debido a la descarada continuidad del franquismo en las instituciones de la democracia.

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña, el gobierno del Partido Popular ─con la aprobación del PSOE y partidos más jóvenes, pero igual de reaccionarios─ está despertando la fiera que llevaba dentro desde el fin del periodo franquista y que en los últimos cuarenta años rugía con menor intensidad. El sistema represivo español mantiene en prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de dos de las principales organizaciones a favor del referéndum y la independencia catalana, y también al vicepresidente Oriol Junqueras y al conseller Joaquim Forn, mientras el presidente legítimo, Carles Puigdemont, sigue exiliado en Bruselas por miedo a ser detenido si vuelve al país. Además, debido a la victoria del bloque independentista en las elecciones del 21D, el gobierno de Rajoy ha repartido nuevas imputaciones a personas relacionadas con el procés.

Veremos qué futuro le espera a un pueblo envidiable por su capacidad de organización social pacífica, cuando han sido tantos los ataques a su autonomía y el menosprecio hacia sus decisiones por parte de un gobierno central que insiste en seguir boicoteando esta región. Los restos de García Lorca, como el de tantos otros, siguen tendidos en una carretera andaluza, sólo espero que no se abran más fosas para lanzar a aquellos que un día se rebelaron contra el orden y la legalidad establecida en una Constitución contaminada por los aires del viejo régimen. Gran parte de la sociedad catalana está dispuesta a decir adiós a la España que mató a Lorca, la que envió los intelectuales al exilio o a la muerte y la que se llevó la cultura democrática que nunca volvió.

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