A finales de cada mes, un grupo de personas se manifiestan delante de las puertas de la Generalitat de Catalunya para pedir “verdad, justicia y reparación” para las víctimas y los represaliados por el franquismo y la Transición. Hace años que acuden a su cita pero, en algunas ocasiones, no pueden realizar sus reivindicaciones, como la del pasado mes de setiembre ya que, en el mismo lugar, había convocada una concentración del sindicato de policías Jusapol, los cuales rindieron homenaje a los antidisturbios presentes el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Los concentrados forman parte de la Mesa de Catalunya de Entidades Memorialistas y se reúnen para reclamar la justicia que la dictadura les arrebató y que la democracia aún no les ha devuelto.

Conocemos a Felipe Moreno, al que acusan de terrorismo por pertenecer al PCML-FRAP. Lo detienen en octubre de 1975, un mes antes de la muerte de Franco. Lo trasladan a la Dirección General de Seguridad y allí pasa 12 días. “Roberto Conesa dirigía los interrogatorios. A mí me torturó Billy El Niño, sufrí palizas diarias de las que aún hoy tengo secuelas”. Billy El Niño estuvo presente el pasado mes de octubre en un acto oficial de la policía madrileña. Moreno cree que “hay que retirarle las medallas y abrir un proceso judicial, pero estoy convencido de que el Estado español nunca lo va a hacer, porque no quiere maltratar a sus lacayos”. Además de las medallas que tiene concedidas, Billy El Niño cobra una jubilación doble: por haber pertenecido al cuerpo policial pero también por ejercer como ejecutivo de una empresa privada de seguridad, profesión a la que se dedicó cuando dejó el cuerpo.

Después de los días en la Dirección General de Seguridad, Felipe Moreno entra en la cárcel, en la cual permanece hasta diciembre, en régimen de aislamiento y sin derecho a cobertura legal. “Me pasé dos meses aislado, sufriendo la tortura psicológica que conlleva no poder ver a nadie, en una celda de 2×3 metros, con la luz encendida de día y de noche, sin ningún mobiliario y pudiéndome duchar solo una vez cada 15 días”. Su caso, como el de cientos de personas más que vivieron ese periodo, fue debido a la implantación, en agosto de 1975, de un estado de excepción –por Decreto Ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo− que perdura hasta 1979. Es decir, “toda la Transición se hizo con un estado de excepción que limitaba las libertades y donde los militares tenían todo el poder”, afirma Moreno.

Él es uno de los querellantes que viajó a Argentina para declarar ante la jueza María Servini junto con otros represaliados y familiares de víctimas. Al regresar, se dieron cuenta que había policía secreta en el aeropuerto de Madrid. “Eran las 3 de la mañana, pero estaban allí para que los viéramos, porque sabían que llegábamos de Argentina. Esto demuestra que el aparato represivo no se ha desmontado”.

Entre los miembros de la asociación de entidades memorialistas, encontramos al hermano de Cipriano Martos. La vida de este militante del Partido Comunista (PCML-FRAP) se truncó en 1973 por las torturas que sufrió tras su detención. Antonio Martos cuenta que la familia, natural de un pueblo de Granada, no sabía que estaba involucrado en política hasta que les notificaron la defunción. “Dijeron que había tenido un accidente y pidieron a la familia que se presentase en Reus. Mi padre estaba enfermo y no podía viajar, pero vinieron mi madre y uno de mis hermanos”. Cuando llegaron a Reus, fueron a preguntar por Cipriano en comisaría y allí les dijeron que estaba en el hospital. “En el hospital no nos dejaron pasar. Mi madre se tiró al suelo llorando y suplicando que le dejaran ver a su hijo, pero la echaron”.

La versión oficial es que Cipriano, en un descuido de la policía, bebió el líquido de un cóctel molotov y murió a consecuencia de una hemorragia interna. Además, se falsificó el acta de defunción porque en ella aparece la firma del padre, que tuvo que quedarse en Granada debido a su enfermedad. Antonio Martos ha presentado la petición de exhumación de los restos de su hermano en el marco de la querella argentina, pero el exhorto ha sido devuelto en dos ocasiones por el Juzgado de Reus.

Marc Antoni Malagarriga nos habla de las donaciones de ADN para identificar los restos de los cuerpos que yacen en fosas comunes. Busca a su tío, y su familia fue la primera donante en un banco de ADN que se creó en 2011 en la Universidad de Barcelona. “Han pasado 7 años desde que hicimos la donación y no han comparado nuestro ADN con los cuerpos. Somos querellantes en Argentina por un tema de mala praxis de nuestros datos genéticos”.

En 2016, la consejería de la Generalitat que dirigía Raúl Romeva, creó otro banco en el hospital universitario de la Vall d’Hebron pero éste “se caracterizó por su inactividad absoluta” sentencia Malagarriga. Además, muchas de las muestras se trasladaron y ahora las familias no saben dónde residen sus datos genéticos, ni tan solo tienen noticias sobre si se están utilizando. “También hay que denunciar que están haciendo comparativas selectivas, por lo que unas familias tienen más posibilidades de encontrar a sus seres queridos que otras. “Se están saltando todos los protocolos. Lo que deberían hacer es coger el ADN de un cadáver y compararlo con todas las muestras del banco”.

Josep Viana, miembro de la Asociación de Víctimas de la Represión Franquista en Tarragona, busca a un familiar en la fosa común del cementerio de la ciudad, la más grande de Catalunya después de la de Barcelona. El abuelo de su mujer fue fusilado por adhesión a la rebelión aunque “no cogió nunca un arma para ir al frente” aclara Viana. “Solo quiero que me devuelvan sus restos para llevármelos al nicho familiar, de esta forma lo tendré ubicado y honrado. Entonces, pararé las reivindicaciones”.

Su asociación fue creada para homenajear a las más de 800 víctimas de la represión, las cuales, mayoritariamente, son fusilados que fueron condenados por los juicios franquistas. “Eran juicios que duraban una hora, y en ese tiempo juzgaban a 15 personas”. Viana lamenta que el Estado español no haya anulado aún los juicios franquistas y que se haya limitado a declararlos ilegítimos, en lugar de ilegales. Se pregunta qué se puede esperar de un país donde la Falange sigue legalizada mientras se están juzgando a personas que protestan de forma pacífica delante de un tribunal de justicia. “El Estado español es, con demasiada frecuencia, corrupto y arcaico en sus posturas democráticas” sentencia este familiar de un asesinado, que ve difícil que las cosas cambien.