En aplicación de las potestades y prerrogativas que (NO) le concede el difuso texto del artículo 155 de la Constitución, el gobierno presidido por Mariano Rajoy terció en diciembre de 2017 en un largo litigio judicial mantenido por las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña: la disputa por la legítima propiedad de las obras de arte procedentes del monasterio de Santa María la Real de Sijena (Huesca). Por supuesto, Rajoy penalizó a la parte catalana, villano oficial de la película fantástica que el ejecutivo central proyecta sobre las conciencias de los ciudadanos españoles, para procurar que se olvide el nutrido historial delictivo en el que están implicados decenas y decenas de altos cargos —tal vez señeros— del partido en el poder.

Sucintamente, los hechos ocurrieron tal como sigue. El 30 de julio de 1936, la mayoría de los vecinos de Villanueva de Sijena (Huesca), simpatizantes sinceros o forzados del movimiento anarquista que se extendía por el campo aragonés, decidieron en asamblea quemar el monasterio de Santa María la Real, próximo a la localidad y habitado por las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta. Así consta en documentos de la época, por lo cual queda descartada por completo la versión, mucho más reciente y malintencionada, que achaca el siniestro a «anarquistas venidos de Cataluña». Las llamas devastaron la iglesia y otras dependencias conventuales, y destruyeron buena parte de su patrimonio artístico. Poco después, las autoridades republicanas ordenaron el traslado de los frescos eclesiales supervivientes al actual Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), donde fueron restaurados y aún se conservan y exponen.

Décadas después, entre los años 1983 y 1994, las monjas sanjuanistas vendieron noventa y siete obras de arte del monasterio a la Generalitat de Cataluña. Piezas destacadas eran las cajas sepulcrales (siglo XV) de las prioras santa Rosa de Lima, santa Ubaldesca, santa Teresa y santa Clara; varias pinturas sobre tela de los siglos XVI a XVIIIl (a destacar las referentes a la historia del rey David); y trece esculturas —seis de ellas, altorrelieves de alabastro— originales del escultor francés Gabriel Yoly (?-1538). Valga decir que el interés de la Generalitat en la preservación del patrimonio de Santa María la Real, ya demostrado en plena Guerra Civil, estaba relacionado con el hecho de que Sijena figuraba en esos días entre las parroquias aragonesas pertenecientes al obispado de Lleida (en 1995 se integraron en la recién creada diócesis de Barbastro-Monzón).
Las transacciones efectuadas en las décadas de 1980 y 1990 disgustaron al Gobierno de Aragón, que reclamaba sobre esas obras el derecho de tanteo (demanda preferente al mismo precio que el acordado con un tercero) y retracto (preferencia en la adquisición), por lo que recurrió al Tribunal Constitucional (1998). La sentencia, dictada en 2012, avaló la licitud de la compra por parte de la Generalitat, pero no valoró si la operación propiamente dicha y la calificación de los bienes habían sido fraudulentas.

Como respuesta, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena promovieron un nuevo pleito para anular la compraventa. Esta denuncia sí fructificó: en abril de 2015, el Juzgado de Primera Instancia número uno de Huesca declaró nulas todas las ventas a la Generalitat, y exigió la devolución y retorno al monasterio de las piezas. La sentencia aludía a la obligación legal, incumplida por las monjas, de solicitar a la administración competente —según la jueza, el Gobierno de Aragón— la autorización previa a cualquier venta de un bien de interés cultural. Se da la circunstancia de que las religiosas ya no residían en Sijena, puesto que se habían trasladado a Valldoreix (Sant Cugat del Vallés, Barcelona).

En julio de 2016, la Generalitat reintegró al monasterio de Santa María la Real cincuenta y una de las noventa y siete piezas, calificadas «de escaso valor artístico» por fuentes oficiales catalanas (ropa litúrgica, cerámicas, porcelanas, pergaminos, libros). Todas procedían del MNAC.
Finalmente, una nueva intervención judicial, respaldada por el gobierno central en virtud de la aplicación despótica del artículo 155 (que supuso la suspensión de la autonomía de Cataluña), hizo que las cuarenta y cuatro piezas restantes fueran trasladadas a la fuerza a Sijena, desde el Museu de Lleida y escoltadas por la Guardia Civil, en diciembre de 2017.

En la actualidad, la Generalitat prepara un recurso ante el Tribunal Supremo para que las obras vuelvan a Cataluña.

Fue así como el desacuerdo catalano-aragonés en torno a la legítima propiedad de los bienes patrimoniales de Santa María la Real de Sijena superó los límites del mero pleito judicial, para convertirse en un conflicto político entre dos comunidades, más tarde derivado en enfrentamiento directo —y desigual— entre un gobierno rampante y una Generalitat sojuzgada.

Patrimonio y propiedad privada

Para reflexionar sobre estos sucesos, y de modo especial acerca de si el procedimiento ejecutivo orquestado por las autoridades centrales es compatible con la conservación del patrimonio cultural, Revista Rambla reunió a cuatro prestigiosos profesionales de la museística. Nuestros interlocutores fueron Daniel Solé, museólogo y conservador del Museu d’Història de Catalunya (donde tuvo lugar el encuentro); Josep Fornés, antropólogo y director del Museu Etnològic de Barcelona; Josep Bracons, historiador del arte, responsable del Departamento de Colecciones y conservador del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona; y Jaume Ayats, musicólogo, profesor del Conservatorio Municipal de Barcelona y director del Museu de la Música de Barcelona.

Entre las cuestiones legales que suscita el caso figura el derecho al libre uso y, en su caso, a la libre venta que pueden ejercer los propietarios de bienes de interés cultural, puesto que la pertenencia a un particular no libra a estos enseres de la protección del Estado. Daniel Solé advierte que, cuando un bien oficialmente catalogado como patrimonio cultural es propiedad privada, su dueño tiene que pedir permiso a las autoridades si pretende trasladarlo o venderlo (en caso de mudanza, la administración suele pedir asesoramiento a los museos). Pero no era el caso de las monjas sanjuanistas de Sijena: «Puesto que su patrimonio no había sido catalogado con anterioridad a 1983, tenían libertad para venderlo o trasladarlo, y no estaban obligadas a dar cuenta de ello ni al Gobierno de Aragón ni a ninguna otra autoridad. Si la catalogación es posterior a la venta, nadie puede objetar». Por lo tanto, rechina jurídicamente el argumento de la jueza de Huesca que ha forzado el retorno de las piezas. Además, concluye Solé, «la administración central nunca debió permitir que las obras de Sijena fueran catalogadas independientemente por dos comunidades autónomas, Cataluña y Aragón». Según la legislación, solo puede haber una catalogación, realizada por una comunidad autónoma pero inscrita en un registro estatal, y tiene prioridad la primera en efectuarse, que fue la catalana. Una situación en sí misma irregular, «que ha servido como instrumento para el enfrentamiento político», opina Jaume Ayats.

Patrimonio viajero

En cuanto a si la colección incautada por el gobierno central tiene algún valor artístico especial (teniendo en cuenta el inmenso patrimonio de arte medieval que custodian el Museu Nacional d’Art de Catalunya y el Museu de Lleida), Josep Formés sostiene que «muchos estudiosos consideran que las piezas de Sijena, una por una, no son de factura sublime o sobresaliente por alguna cuestión artística». Pero como la pregunta tal vez era excesiva, Solé se anticipa a aclarar que «todo conjunto de bienes muebles que formen parte de un monumento es importante, con independencia del valor artístico individual de cada uno de esos bienes muebles»; ahora bien, a nadie se le escapa que esos conjuntos son susceptibles de manipulación a lo largo de la historia, «puesto que los bienes muebles, por su propia naturaleza móvil, a menudo han sido separados de su continente inmueble».

Tercia entonces Josep Bracons, afirmando que «los bienes patrimoniales no son ni más ni menos importantes. Su valor reside en la capacidad de generar significados culturales», es decir, por la significación que puedan adquirir para el debate cultural y social. Y continúa Ayats: «La función del patrimonio consiste en generar un diálogo social, una reflexión sobre el pasado destinada a discutir sobre las formas del presente y las aspiraciones de futuro».

Con respecto a esta implicación del bien patrimonial con su medio geográfico, histórico y social, ¿constituye una suerte de atentado contra el patrimonio el traslado desde su ubicación original a otra localización, pongamos que un museo? Para Bracons, «es razonable que las obras patrimoniales estén en su lugar de origen o en un sitio cercano al mismo; además, se trata del criterio más al uso en la actualidad. Sin embargo, en otras épocas se prefería la centralización en museos. Algunas instituciones, como el British Museum, se mantienen en esa perspectiva: defienden la existencia de museos que en sí mismos constituyen todo un ecosistema cultural global, que permite un diálogo entre culturas. El argumento será cuestionable, pero nadie puede negar la labor de conservación de los bienes y de difusión del conocimiento realizada por estas instituciones». Dos privilegios, conservación y difusión, que las piezas de Sijena han obtenido gracias a las instituciones culturales catalanas.

La colección de Sijena

Un futuro incierto, más aún deletéreo aguardaba a las obras de Santa María la Real de Sijena a principios de la década de 1980. Las religiosas abandonaron el monasterio —«insalubre» en esos momentos, según Solé— para instalarse no en otra parte de su comunidad original, sino en Cataluña (concretamente en Valldoreix, provincia de Barcelona). «Y vinieron aquí porque habían encontrado acogida. Hace veinticinco años visité el monasterio y estaba completamente abandonado, con todos los techos caídos y en amenaza de ruina», confirma Solé.

«Las pinturas de la sala capitular del monasterio», que fue la zona más afectada por el incendio de 1936, «se compraron para hacer un favor a las monjas, que necesitaban dinero para sobrevivir», afirma Bracons, contundente. Surge entonces la cuestión de por qué la Generalitat de Catalunya hizo «un favor» a una institución religiosa concreta: «se trata de una compra de interés patrimonial», aclara Bracons. Y añade Ayats: «Fue un complejo proceso de adquisición de obras por parte de diferentes instituciones públicas, puesto que no son lo mismo el Museo de Lleida y el MNAC, por no hablar del Ayuntamiento de Barcelona, que en su momento también compró parte de estos bienes».

Lo que parece meridianamente claro es que las piezas vinieron a Cataluña por simple orfandad: nadie en Aragón —ni particulares ni instituciones— se preocupó por ellas y su destino hasta un momento tardío. De haber permanecido allí, hubieran estado seriamente amenazadas de destrucción.

La conservación del patrimonio

En los museos catalanes, las piezas de Santa María la Real fueron restauradas —en los casos factibles, puesto que algunas obras llegaron con daños irreparables— y preservadas según los estándares de conservación más exigentes. Pero, desde una óptica puramente museística, ¿reúne el nuevo centro de exposición y custodia de Sijena las condiciones necesarias para el cuidado de las piezas? Los presentes confirman que no han tenido ocasión de conocer el nuevo espacio, pero Bracons comenta los defectos de procedimiento en el traslado e instalación: «las obras necesitan un período de aclimatación y de conservación preventiva. Lo cual quiere decir: mantenerlas bajo control de temperatura, humedad e incidencia de la luz. Estas condiciones garantizan la estabilidad de las piezas. Y si tienen que adaptarse a algún cambio ambiental, este tiene que ser introducido gradualmente. Así pues, si movemos determinadas piezas de unas condiciones X a unas condiciones Y sin ninguna transición, por lógica se resentirán». Es más, «los técnicos del Museu de Lleida entregaron un informe sobre las condiciones de conservación preventiva que no se ha cumplido. Y las obras no pueden estar expuestas sin ningún tipo de protección, como cuando tuvo lugar la visita al monasterio del presidente de Aragón», asegura Solé.

Ayats aprovecha la ocasión para mostrar una de las fotos que han corrido en prensa estos días, con motivo de la presentación en Siejna del último lote de obras retornadas: se trata de un sarcófago policromado, una de las piezas estrella. De la imagen mostrada y a simple vista, el director del Museu de la Música de Barcelona advierte tres graves riesgos para la pieza: no puede haber un calefactor tras ella («espero que esté apagado»), ni luz directa sobre la misma ni una pared de piedra vista a pocos centímetros, porque de ella puede desprenderse polvo y otros materiales dañinos para la madera y la pintura.

A pesar de estas deficiencias de procedimiento, Bracons quiere romper una lanza en favor de sus colegas aragoneses: «El personal del servicio de conservación de Aragón es bueno. El problema es que la política se está imponiendo al trabajo de los profesionales. Y no nos engañemos: el patrimonio es algo secundario para el interés público, no interesa a nadie salvo cuando resulta útil para las disputas simbólicas».

Por todo lo anterior, y desde el punto de vista estricto de un museólogo, los presentes no conceden valor a las quejas del Gobierno de Aragón, relativas al mal estado en que se hallan numerosas piezas retornadas. «De casi un centenar de piezas que componen la colección», explica Solé, «solo una pequeña parte de ellas tenía valor museográfico, ya que el resto ya había llegado a Cataluña en condiciones de conservación muy deficientes, debido a las adversidades sufridas en origen» (principalmente, el incendio de 1936 y la exposición a condiciones ambientales adversas). «Hay piezas que no aportan ninguna característica destacable y otras que visualmente no tienen atractivo, por lo que no podrán exponerlas». Y al momento toma el relevo Ayats, para sancionar las palabras de Solé con una consideración más global: «La persona que ha manifestado estas quejas solo busca estética. Carece de una cultura de patrimonio. Confunde un objeto bonito y enseñado en una vitrina con un conjunto patrimonial que explica una parte del pasado y sirve para crear debate sobre el presente y el futuro».

De «patrimonio» a «tesoro»

A la postre, ¿qué está consiguiendo esta manipulación política? Sencillamente, la perversión de los valores culturales del patrimonio, que se convierten, según Ayats, en «tesoros, objetos que no están destinados a generar la reflexión social sino el enaltecimiento ideológico». Y prosigue: «De este modo se desmonta toda la tarea educativa realizada por los museos». Así queda reflejado, rubrica Bracons, «por la imagen de la policía entrando en un museo».
Con todo lo anterior puede ntroducirse una nueva cuestión: el discurso oficial rebosa de ignorancia por lo que implica a su concepción del patrimonio, pero responde también a una política de banderías que busca un enfrentamiento beneficioso para los intereses partidistas. Fornés apunta directamente a la tergiversación de la historia, en concreto a quienes relacionan directamente el asalto e incendio de Santa María la Real de Sijena con la intervención de anarquistas catalanes. Desde este punto de vista, erróneo o espurio según los casos, «el retorno de las piezas es una venganza simbólica contra los catalanes que fueron a quemar el monasterio. Sin embargo, en términos objetivos representa el segundo atentado grave por motivos ideológicos contra el patrimonio artístico del mismo».

A modo de conclusiones

Con respecto a la batalla legal, Fornés detecta actuaciones judiciales poco coherentes. Su conclusión es clara: «Las sentencias son capaces de retorcer la realidad, hasta cambiarla». Aunque el Tribunal Constitucional se pronunciara en 2012 a favor de la legalidad de la compra de las obras por parte de la Generalitat de Catalunya, y a pesar de que las autoridades catalanas estuvieran preparando un recurso ante el Tribunal Supremo para conservar las piezas de Sijena, «la sentencia de un juzgado de primera instancia se ejecuta apresuradamente, como si hubiera que aplicar medidas cautelares para que las piezas no desaparecieran». Pero, «¿qué pasará si el Supremo falla a favor de la Generalitat?», se aventura a preguntar Solé. «¿Volverán las piezas?»… Se dibuja en los presentes una sonrisa tenue, cargada a partes iguales de impotencia y descreimiento (tal vez teman que la última instancia de apelación para esta causa sean los Reyes Magos).

Otra cuestión, por lo menos peliaguda, estriba en que las piezas de Sijena retornadas estaban depositadas en un museo público español —Cataluña es España, o al menos eso se harta de repetir el gobierno central— pero han quedado ahora bajo la custodia de una institución privada. Puede decirse que el Estado en su conjunto —la Generalitat forma parte orgánica del mismo, según el Estatut y la Constitución— ha perdido una parte de su patrimonio. Desde una perspectiva política, este trasvase patrimonial del ámbito público al privado responde a «una alianza del Estado y la Iglesia, la España de siempre», sostiene Fornés, «y al tópico, no menos tradicional, de la necesidad de una autoridad fuerte que ponga orden en las trifulcas del pueblo exaltado, como haría un adulto con los niños díscolos».

La conclusión parece clara: el gobierno de Mariano Rajoy ha convertido las obras de Sijena en un alegato simbólico en pro de la unidad patriótica, para lograr con medios arteros un estado de enfervorización colectiva que su propia política, sempiternamente sospechosa de corrupción, imposibilita a efectos materiales. Una vez más, el desencanto y la justa indignación popular ante el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos toma un camino identitario equivocado, que proyecta los problemas cotidianos sobre ofensas de una consistencia absurda. Prueba de ello es que solo cause revuelo la permanencia de una parte del patrimonio de Sijena en Cataluña, cuando nadie ha hablado —ni se ha lamentado— por las obras del mismo origen hoy depositadas en museos de Zaragoza, Madrid (el Prado) y Estados Unidos (Cleveland, Chicago y Nueva York). Ni nadie ha agradecido —lo cortés no quita lo valiente— que la intervención de las instituciones catalanas haya permitido la conservación de ese patrimonio cultural.