En la precampaña del PP en Aranjuez de 2011 vecinos contrarios a la privatización del Canal de Isabel II se manifestaron a las puertas del acto electoral denunciando las nefastas consecuencias. Los vecinos acertaron en los pronósticos y la privatización trajo mala calidad y corrupción.
Precisamente la llamada prevaricación o fraude público, entre otros de los delitos que se le atribuye a Ignacio González en la gestión del Canal de Isabel II, no es ni más ni menos que la naturaleza misma de la privatización de la empresa pública de gestión de agua. En un país donde las altas esferas están inmersas en el tráfico del agua no podía pasar inadvertido el suculento negocio de la reconversión del agua de dominio público a manos privadas por los beneficios económicos que reportan. Con mucha astucia, esta entidad de ganancias que rebasa los 100 millones anuales, ha convenido pasarse paulatinamente a manos privadas desde los que se hacen llamar administradores, pero que en realidad cabría denominarlos de otra manera. La privatización del Canal de Isabel II ha conllevado un importante perjuicio social y medioambiental, sin beneficio para el interés general. La adquisición irregular de empresas, algunas participadas por el propio Canal y con importes sobredimensionados, ha hecho saltar la alarma a los pocos años de iniciarse la privatización del capital de la empresa. Canal de Isabel II Gestión S.A., emprendió en 2012 un camino de adquisición, ventas de acciones y de apertura en mercados con filiales de dudosa actividad; Desde la adjudicación de contratos de obras por mejoras de infraestructuras de abastecimiento y tratamientos innecesarios, pasando por las concesiones a promotoras por sumas ingentes hasta operaciones bursátiles anómalas, ha provocado la investigación de la actividad del Canal en América y en diversas áreas. En suma, el superávit logrado por el Canal iba a saciar las ansias de los accionistas en detrimento de las inversiones públicas, trasvasando miles de millones de las arcas públicas a una red clientelar.
En las pesquisas de la Operación Lezo existen indicios de supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid para hacer frente a los pagos de las campañas electorales del 2011. Precisamente haciendo memoria, en el acto de precampaña del PP en Aranjuez, donde participó Esperanza Aguirre con la presencia de Granados y otros gerifaltes, una multitud de vecinos contrarios a la privatización del Canal de Isabel II se congregaron a las puertas del acto electoral para protestar por las nefastas consecuencias que traería la privatización del canal. Bajo medidas de seguridad inexplicables con un destacamento de antidisturbios que custodiaban el Centro Cultural Isabel de Farnesio, los vecinos de Aranjuez agrupados portaban lemas que denunciaban la privatización que se consumaría meses después. Denunciaban que la privatización influiría en la subida de los precios y decían estar contra el proyecto de refuerzo de abastecimiento que mezclaría el agua del río Tajo con la del Canal implicando la merma de la calidad del agua. Pues bien, estos vecinos no estaban tan desencaminados y se cumplieron todos los pronósticos.
Ahora queda por ver qué sucede en un estado de derecho cuando los colectivos sociales tienen razón y los políticos y poderosos no.
