La voluntad del pueblo de Catalunya quedó aplazada ayer, día previsto para la investidura del presidente de la Generalitat, con Carles Puigdemont en el punto de mira. Roger Torrent afirma que quiere garantizar la inmunidad de Puigdemont y afrontar una sesión de proclamación con todas las garantías. Parece ser que las autoridades del Parlament siguen confiando en que las resoluciones judiciales se ajusten a derecho y dejen de ser reinterpretaciones de ley a la carta.

El gobierno español desea con todas sus fuerzas hacer jaque mate al independentismo y dar en la diana con la detención de Puigdemont, una imagen que seguramente no removería nada en las consciencias europeas. Un deseo que nos ha dejado estampas tan grotescas como el registro del maletero del taxi que llevaba al diputado Xavier Domènech al Parlament, como si la neutralidad de su partido en el asunto catalán fuese una estrategia para esconder “fugitivos independentistas” y ayudarles en su cometido.

Puigdemont y el gobierno elegido en la pasada legislatura están gastando los últimos cartuchos que les quedan para hacer posible el sueño catalán de ver constituida su república. Insisten en hacer prevalecer la voluntad del pueblo, aunque el muro del autoritarismo sea cada vez más alto. El castigo al proceso independentista es más que evidente y la impunidad de aquellos que viven amparados en los artículos de una Constitución obsoleta, también.

Ya hace tres meses que el president Puigdemont y parte de su gobierno están establecidos en Bruselas. Además de su imagen pública, Puigdemont también ha tenido que ver atacada su intimidad al ser publicados unos mensajes privados con Toni Comín, resultado de la transgresión de la intimidad por parte de unos medios de comunicación que hacen de los rumores y las habladurías una vía periodística.

El día de ayer se saldó con dos detenciones de manifestantes por los hechos que se produjeron en el Parc de la Ciutadella y con la acusación por parte de los partidos constitucionalistas hacia el pueblo catalán de antipacifistas, intolerantes y totalitarios. El ultraje a la que está siendo sometida la población y las autoridades de Catalunya es cada vez más insoportable. El cerco a la democracia es cada vez más estrecho. Cualquier movimiento a favor de la “causa secesionista” va a quedar bloqueado. La historia reciente nos ha enseñado hasta donde puede llegar el despotismo de aquellos que se creen dueños del país. Con este panorama, no es extraño que los principales partidos independentistas, JxCat, ERC y la CUP no se pongan de acuerdo para establecer una hoja de ruta, las amenazas son muchas y no todos los partidos tienen la misma entereza para afrontar nuevas imputaciones.

Las discrepancias que se están dando en el seno de estos tres partidos se mueven entre la decisión de desobedecer y afrontar las duras consecuencias o ganar tiempo para escuchar las alegaciones judiciales que no harán otra cosa que obstaculizar la investidura. Ayer Roger Torrent, sin consulta previa, decidió aplazar el pleno hasta nuevo aviso. Los ciudadanos que apoyan a Puigdemont quedaron decepcionados. Las suposiciones sobre las estrategias de unos y de otros son variadas. Quizás, ni tan sólo hay estrategia alguna. El desconcierto seguirá siendo la tónica y algunos ya hablan de convocar nuevas elecciones a la espera de medir y agotar la paciencia de los catalanes.