En las democracias maduras, los viejos líderes no desaparecen: se transforman. Algunos se convierten en memoria institucional, otros en referentes morales. Y unos pocos —los más complejos— pasan a habitar ese espacio ambiguo donde el poder ya no se ejerce desde el cargo, sino desde la red de relaciones que el cargo permitió tejer.
La figura de José Bono vuelve hoy al centro del debate público no por su pasado —que fue largo y determinante— sino por el modo en que ese pasado parece proyectarse sobre el presente. Las informaciones conocidas en los últimos días dibujan un mapa que no habla tanto de ilegalidades probadas como de algo más inquietante: la persistencia del poder relacional en el tiempo, incluso después de abandonar la vida política formal.
Y eso plantea una pregunta que va más allá del caso personal: ¿puede una democracia protegerse del poder que ya no está sometido a control institucional?
La primera pieza del puzle es caribeña. Tras abandonar la primera línea política, Bono obtuvo la nacionalidad de la República Dominicana en 2020 por decisión del presidente Luis Abinader. Este hecho, legal y soberano, abrió la puerta a su despliegue empresarial en el país, donde constituyó diversas sociedades orientadas a consultoría e inversión inmobiliaria. Según investigaciones periodísticas, varias de estas estructuras acumulan activos millonarios y comparten sedes y entornos jurídicos con empresas vinculadas a proyectos energéticos de gran escala en la isla caribeña.
Nada de ello es, en sí mismo, ilícito. El tránsito del sector público al privado forma parte del ecosistema global contemporáneo. Pero la coincidencia entre intereses empresariales, antiguas lealtades políticas y decisiones administrativas alimenta una sospecha que no necesita prueba judicial para resultar políticamente corrosiva: la de que el capital relacional del poder público sigue generando dividendos una vez concluido el mandato.
La política se convierte entonces en inversión a largo plazo.
El segundo eje es más delicado porque conecta el mundo empresarial con las estructuras de decisión pública en España. Los mensajes incautados en el marco del llamado caso Koldo sugieren que Bono habría intercedido en favor de un empresario cliente ante el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de su asesor Koldo García, solicitando facilidades urbanísticas para un proyecto concreto.
El propio Bono ha reconocido contactos y gestiones, aunque niega haber obtenido resultados efectivos. Sin embargo, el simple hecho de que un exministro mantenga capacidad de interlocución informal con quienes ejercen el poder evidencia la existencia de un sistema paralelo de influencia que escapa a los procedimientos reglados.
El problema no es que exista la mediación —inevitable en cualquier sociedad compleja— sino que esta se desarrolle en la penumbra de las relaciones personales, sin transparencia ni trazabilidad.
Es ahí donde la ética pública empieza a desdibujarse.
Más inquietante aún resulta el tercer frente: la dimensión internacional del capital político acumulado. Según diversas informaciones, Bono habría actuado como intermediario para facilitar contactos entre empresarios españoles del sector de defensa y el régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, con el objetivo de explorar la venta de material militar.
Las negociaciones no fructificaron, pero el episodio revela un patrón: la diplomacia privada ejercida por antiguos dirigentes en escenarios donde el Estado ya no actúa formalmente, pero donde su sombra sigue siendo útil.
La política se convierte así en una forma de capital exportable.
En un mundo globalizado, este fenómeno no es exclusivo de España. Desde Washington hasta París, las puertas giratorias han evolucionado hacia lo que podríamos llamar “puertas invisibles”: espacios donde la legitimidad del pasado se traduce en capacidad de influencia presente sin necesidad de cargo ni mandato.
Sin embargo, lo verdaderamente significativo del caso no reside en la acumulación de episodios, sino en su coherencia estructural.
República Dominicana aparece como plataforma empresarial; España como espacio de interlocución institucional; y Guinea Ecuatorial como terreno de diplomacia económica informal. Tres geografías distintas, un mismo vector: la utilización de redes construidas durante décadas de ejercicio del poder.
Esto no implica necesariamente corrupción en sentido penal. Pero sí plantea una cuestión democrática de primer orden: ¿hasta qué punto es legítimo que el capital político acumulado en funciones públicas se transforme en ventaja competitiva privada?
Cuando la respuesta es ambigua, la confianza ciudadana se erosiona.
El riesgo no es jurídico, sino sistémico.
Las democracias contemporáneas descansan sobre una ficción necesaria: que el poder institucional pertenece al cargo, no a la persona. Cuando un dirigente abandona su puesto, debería abandonar también la capacidad de influir en decisiones públicas mediante canales informales.
Pero la realidad muestra otra cosa.
Las relaciones sobreviven. Las lealtades persisten. Y el acceso continúa.
El poder, en su forma más sofisticada, no desaparece: muta.
Este fenómeno se agrava en contextos de polarización política, donde la defensa o el ataque a figuras concretas sustituye al análisis estructural. El debate se convierte entonces en una guerra de relatos: los partidarios minimizan los hechos; los adversarios los amplifican.
Mientras tanto, el problema de fondo permanece intacto.
No se trata de Bono, sino del modelo.
Un modelo en el que la política deja de ser servicio temporal para convertirse en plataforma de influencia permanente.
El caso revela también la fragilidad de los mecanismos de control ético en España. Aunque existen incompatibilidades formales, estas se limitan a periodos temporales y a funciones específicas. Lo que queda fuera —las relaciones personales, la capacidad de acceso, la autoridad simbólica— es precisamente lo más difícil de regular.
Y sin embargo, es ahí donde se juega la verdadera influencia.
El poder informal no firma contratos ni dicta resoluciones, pero abre puertas, acelera procesos y legitima decisiones.
En términos democráticos, su impacto puede ser tan relevante como el del poder formal.
En última instancia, el debate que suscita la figura de José Bono debería servir para repensar la frontera entre lo público y lo privado en las democracias del siglo XXI.
No basta con evitar la ilegalidad. Es necesario preservar la apariencia de imparcialidad.
Porque la legitimidad institucional no se erosiona solo cuando se viola la ley, sino también cuando se percibe que las reglas no son iguales para todos.
Y la percepción, en política, es casi tan importante como el hecho.
Quizá el verdadero crepúsculo del poder no sea su desaparición, sino su metamorfosis.
Cuando el cargo se extingue pero la influencia permanece, la democracia entra en un terreno resbaladizo donde la transparencia ya no depende de normas, sino de la voluntad de quienes aprendieron a moverse en sus márgenes.
El caso Bono no es una anomalía: es un síntoma.
El síntoma de una política que, incluso después de dejar de ser política, sigue siendo poder.