La Ley de Seguridad Ciudadana que promulgó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 continuará vigente. Hoy el Congreso ha tumbado la reforma de la conocida popularmente como Ley Mordaza. En ningún caso el gobierno de coalición ha optado en esta legislatura por derogar la ley, sino más bien por retocarla suavemente en ciertos aspectos, dejando un texto en el que los ciudadanos seguían amordazados.

Por este motivo, tanto ERC como Bildu -socios de investidura- han decidido votar en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y, de este modo, la legislación solo ha obtenido los apoyos del PSOE, UP y PNV, insuficientes para que siguiese adelante. Concretamente, la propuesta se ha tumbado en la Comisión de Interior, reunida este martes.

Tanto ERC como Bildu ven raquítica la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y consideran que sigue manteniendo el espíritu del texto aprobado por el gobierno del PP. Además, argumentan que no se han incluido cuatro de sus solicitudes que consideran indispensables para su aprobación. Estas son: la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios, acabar por ley con las ‘devoluciones en caliente’ de migrantes en las fronteras, principalmente en las vallas de Melilla y Ceuta; eliminar el artículo que penaliza las faltas de respeto a los agentes de los cuerpos policiales; y eliminar también el artículo que establece las sanciones por desobediencia a los agentes de la autoridad.

Como es habitual en el fracaso de la aprobación de una ley, Unidas Podemos ha culpado al PSOE, pese a votar también a favor de la reforma. Cierto es, también, que en 2019 trajo en su programa electoral la derogación de la Ley, cosa que ha incumplido. Pero eso ya no es una novedad.

La Ley Mordaza se aprobó en 2015 ante el avance del movimiento 15-M. Entonces, como ahora, el gobierno no supo encontrar otro medio que la criminalización de la ciudadanía para detener protestas pacíficas y desmovilizar al activismo. Solamente entre 2015 y 2020 se interpusieron más de 1.155.000 multas sobre la base de esta ley, de las que casi 400.000 fueron por desobediencia y falta de respeto a agentes de Policía.

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