Hay algo incómodo en la historia de Yoyes que suele desaparecer cuando se convierte en símbolo. Fue asesinada por ETA después de abandonar la organización a la que había pertenecido y en la que llegó a ocupar responsabilidades dirigentes. Fue, por tanto, una víctima de ETA. Pero antes había sido parte de ETA. Las dos cosas son ciertas y ninguna necesita ser sacrificada para que la otra resulte comprensible.
Ahí empieza la dificultad moral de su biografía.
María Dolores González Katarain, Yoyes, ingresó en ETA en los años setenta y adquirió un papel relevante dentro de la organización. No observó desde fuera una violencia que después rechazó. Formó parte de una estructura que había optado por la lucha armada y asumió responsabilidades en ella. Años más tarde comenzó a distanciarse, abandonó la organización y marchó al extranjero. Vivió en México, estudió, trabajó y formó una familia antes de regresar al País Vasco.
El trayecto importa porque impide leer su historia como una simple conversión. No sabemos si su ruptura nació principalmente de una evolución política, del cansancio, de circunstancias personales o de una mezcla de todo ello. Tampoco hace falta rellenar esos huecos. Lo relevante es que decidió dejar atrás la militancia y construir una existencia distinta.
Ese gesto, aparentemente privado, tenía una dimensión política considerable.
Quien abandona una organización clandestina no solo cambia de opinión: rompe una red de relaciones, una identidad compartida y una determinada manera de interpretar el mundo. En el caso de ETA, además, la salida podía ser interpretada como una deslealtad. Yoyes conocía esa lógica desde dentro. Precisamente por eso su regreso tenía un significado que excedía su vida personal.
Había una cuestión implícita: ¿puede alguien que ha pertenecido a una organización dejar de pertenecer a ella por decisión propia?
Para una democracia, la respuesta parece elemental. Para una estructura basada en la disciplina y la pertenencia, no lo era.
El regreso de Yoyes hacía visible algo que una organización cerrada prefería mantener oculto: que la militancia no tenía por qué determinar toda una biografía. Se podía haber estado allí y después marcharse. Se podía reconstruir una vida fuera de la organización. No hacía falta permanecer vinculado para siempre a una identidad adquirida años atrás.
Por eso el asesinato de Yoyes, cometido en Ordizia el 10 de septiembre de 1986 mientras paseaba con su hijo, tuvo un significado que desbordaba la eliminación de una antigua militante. El crimen funcionó también como advertencia. Si una mujer que había llegado a ocupar una posición relevante podía ser asesinada después de regresar a su localidad, el mensaje alcanzaba inevitablemente a otros antiguos miembros.
La violencia servía así para fijar una frontera.
Pero sería un error convertir ese hecho en la clave exclusiva de su historia. También está la pregunta que deja su pasado: ¿qué hacemos con la responsabilidad de alguien que abandona una organización violenta después de haber formado parte de ella?
La respuesta no debería ser ni el olvido ni la condena perpetua.
Una persona puede cambiar sin que ese cambio borre lo ocurrido. El pasado sigue formando parte de su biografía y puede contener responsabilidades que no desaparecen porque la trayectoria posterior sea diferente. Pero reconocer esas responsabilidades tampoco concede a una organización el derecho a decidir quién puede ser esa persona a partir de entonces.
Esta distinción es particularmente importante en el caso de Yoyes porque existe una tentación retrospectiva de convertir su ruptura en una especie de redención completa. Es comprensible: la víctima perfecta resulta más fácil de recordar. Pero las vidas reales rara vez ofrecen esa comodidad.
Yoyes no necesita ser presentada como moralmente impecable para que su asesinato sea injustificable.
De hecho, su condición de antigua dirigente hace más significativa su transformación. Había conocido ETA desde una posición que le permitía comprender su funcionamiento y, aun así, decidió apartarse. No sabemos hasta dónde llegó su revisión moral de todo aquello en lo que había participado. Sería especulativo atribuirle pensamientos que no podemos demostrar. Sí podemos constatar el dato esencial: dejó la organización y quiso vivir fuera de ella.
Eso plantea una cuestión más amplia sobre el arrepentimiento. A menudo imaginamos que para merecer una segunda oportunidad una persona debe demostrar primero que ha resuelto completamente su pasado. Pero el cambio humano no suele producirse con esa limpieza. Hay personas que rectifican antes de comprender del todo las razones por las que estaban equivocadas. Otras comprenden sus errores sin encontrar una manera suficiente de repararlos. Algunas simplemente descubren que ya no pueden vivir de acuerdo con aquello que fueron.
La transformación no convierte automáticamente a nadie en inocente. Pero tampoco puede exigirse inocencia para reconocerla.
Aquí reside buena parte de la complejidad de Yoyes. Su historia obliga a mantener juntas dos ideas que solemos separar: la responsabilidad y la posibilidad de cambio.
La primera impide convertir su pasado en una anécdota. La segunda impide convertirlo en una condena definitiva.
ETA eligió la segunda vía. Interpretó su abandono como una traición y convirtió la violencia en respuesta. El asesinato pretendía recordar que la pertenencia podía tener un precio incluso después de haber terminado.
Hay algo profundamente revelador en esa pretensión. El terrorismo no solo busca destruir al adversario; también necesita controlar los límites de la comunidad que pretende representar. Un enemigo puede reforzar la cohesión interna. Un desertor, en cambio, cuestiona la necesidad de obedecer. Demuestra que la vida continúa después de la ruptura.
Yoyes era especialmente incómoda por eso. No necesitaba combatir públicamente a ETA para poner en cuestión su poder. Bastaba con vivir fuera de ella.
Quizá sea esta la razón por la que su historia sigue teniendo interés cuatro décadas después. No ofrece una moraleja sencilla sobre el bien y el mal, sino un problema difícil sobre la identidad. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que fuimos? ¿Cuánto de nuestro pasado puede acompañarnos sin convertirse en nuestro destino? ¿Quién decide cuándo una persona ha cambiado lo suficiente?
No hay respuestas completamente satisfactorias.
Pero una democracia no debería resolver esas preguntas mediante la lógica de la pertenencia permanente. Puede juzgar los actos, recordar a las víctimas y exigir responsabilidades. Lo que no puede aceptar es que una persona quede privada para siempre de la posibilidad de rehacer su vida porque alguna vez perteneció al grupo equivocado.
Yoyes no fue una heroína sin pasado. Tampoco fue simplemente una antigua terrorista convertida en víctima. Fue ambas cosas en momentos distintos de su vida, y precisamente esa contradicción hace que su historia resulte difícil de domesticar.
Su asesinato no borró lo que había hecho.
Su pasado tampoco justificó que la mataran.
Entre esas dos afirmaciones, sin necesidad de elegir una y silenciar la otra, está la verdadera complejidad moral de Yoyes.
