La paradoja de una izquierda que promete salvar la democracia mientras sus contradicciones, sus fracasos y su creciente distancia con la ciudadanía pueden alimentar aquello que dice combatir
Tenemos ante nosotros una forma particularmente peligrosa de perder una democracia: no consiste en que sus enemigos derriben de golpe sus instituciones, sino en que quienes tienen la obligación de protegerla contribuyan, por sus errores y sus contradicciones, a que una parte de la sociedad deje de creer en ella. No hacen falta conspiraciones ni planes secretos. Basta con acumular decepciones, administrar mal las expectativas y convertir la política en un espectáculo donde las palabras ya no comprometen a nadie.
Esta es la paradoja que debería perseguir hoy al PSOE y a Sumar (o Frente Amplio). Ambos han presentado la contención de la extrema derecha como una razón fundamental para gobernar. Han apelado a la memoria, a los derechos sociales, a la convivencia y a la defensa de las libertades. Sin embargo, existe una pregunta que no pueden despachar invocando el peligro de sus adversarios: ¿y si su propia manera de gobernar está contribuyendo a crear las condiciones que favorecen el ascenso de aquello que dicen combatir?
No se trata de afirmar que el Gobierno desee una España autoritaria, ni de atribuirle en exclusiva un fenómeno que atraviesa buena parte de Europa. Se trata de algo bastante más incómodo: reconocer que la responsabilidad política no se mide únicamente por las intenciones proclamadas, sino también por las consecuencias de las decisiones adoptadas, por los problemas que permanecen sin resolver y por la confianza que se pierde durante el camino.
Un Gobierno puede proclamarse dique contra el fascismo y, al mismo tiempo, debilitar los cimientos sobre los que se sostiene ese dique.
La distancia entre el discurso y la vida
La política empieza a pudrirse cuando el lenguaje de quienes gobiernan deja de describir la realidad y empieza a sustituirla.
Mientras los ciudadanos hacen cuentas para pagar el alquiler, buscan una vivienda que puedan permitirse, esperan respuestas de las administraciones o comprueban que sus salarios no siempre acompañan el coste de la vida, el debate político se consume con demasiada frecuencia en la disputa por el relato. Cada problema se convierte en una batalla comunicativa; cada crítica, en una amenaza; cada exigencia de responsabilidad, en una maniobra del adversario.
Por supuesto, ningún Gobierno puede resolver todos los problemas de una sociedad compleja, y sería intelectualmente deshonesto atribuirle todas las dificultades económicas y sociales de España. Pero gobernar consiste precisamente en establecer prioridades, explicar los obstáculos, asumir decisiones y responder por los resultados. Lo que no resulta aceptable es convertir la complejidad de los problemas en una coartada permanente para no rendir cuentas.
La vivienda es un ejemplo especialmente revelador. Cuando acceder a un hogar se convierte en una fuente de inseguridad para trabajadores y jóvenes, no basta con reconocer la gravedad del problema ni con anunciar nuevas medidas. Hace falta evaluar qué funciona, qué fracasa y qué efectos producen las políticas aplicadas. La misma exigencia debe extenderse a los servicios públicos, la gestión administrativa, el empleo y la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas eficaces.
La ciudadanía no vive de declaraciones institucionales. Vive de lo que puede pagar, de los servicios a los que accede y de las oportunidades que tiene a su alcance. La distancia entre ambas realidades es el espacio en el que crece el desencanto.
Y el desencanto no permanece políticamente vacío.
Quien se siente ignorado puede dejar de participar, refugiarse en la abstención o buscar alternativas que hasta hace poco consideraba inaceptables. La frustración no conduce necesariamente a la extrema derecha, pero ofrece a sus discursos una materia prima extraordinariamente útil: la sensación de que el sistema no funciona y de que sus representantes han dejado de escuchar.
La hipocresía como método de desgaste
El problema se agrava cuando la distancia entre los principios y las actuaciones no parece una excepción, sino una constante.
Una izquierda que reivindica la igualdad debe aceptar que se examine la coherencia de sus políticas. Una izquierda que reclama regeneración democrática debe tolerar la fiscalización de sus prácticas. Una izquierda que denuncia los privilegios no puede pretender que sus propios dirigentes queden al margen de las exigencias de transparencia y responsabilidad que impone a los demás.
No hay nada ilegítimo en negociar, rectificar o alcanzar acuerdos difíciles. La política democrática exige precisamente esa capacidad. El problema aparece cuando se presentan las concesiones propias como necesidades históricas y las ajenas como traiciones morales; cuando las convicciones se exhiben con solemnidad, pero parecen adquirir un valor distinto según quién las incumpla.
La controversia sobre la amnistía, las negociaciones parlamentarias y los casos judiciales que han afectado al entorno del PSOE han alimentado una discusión pública sobre los límites de la conveniencia política y la responsabilidad de los dirigentes. No todas las acusaciones tienen el mismo fundamento, ni una investigación equivale a una condena. Precisamente por eso es indispensable distinguir los hechos probados de las sospechas y las interpretaciones partidistas. Pero esa cautela jurídica no puede convertirse en una excusa para eludir el debate político sobre la confianza y la ejemplaridad.
Cuando las sospechas se acumulan, las explicaciones no convencen o las responsabilidades se diluyen, el daño trasciende a las personas implicadas. Alcanza también a quienes habían depositado su confianza en los principios que aquellas decían representar.
El descrédito de una organización política no demuestra la falsedad de sus ideales. Pero sí puede desacreditar esos ideales ante una ciudadanía que termina asociándolos a quienes los han invocado.
Y ahí reside una de las consecuencias más graves de la hipocresía política: no solo erosiona la credibilidad de quien la practica, sino que puede contaminar el significado de las palabras con las que se presentó ante los electores.
El cinismo es el mejor aliado del autoritarismo
La extrema derecha no necesita convencer a todo el mundo de que tiene razón. A menudo le basta con persuadir a una parte de la sociedad de que los demás mienten.
Su estrategia encuentra terreno fértil cuando puede presentar las instituciones como un entramado de intereses, a los partidos tradicionales como una casta preocupada por su supervivencia y a los procedimientos democráticos como obstáculos que solo sirven para proteger a quienes ya están dentro. Sobre esa percepción construye una promesa seductora: acabar con las componendas, restaurar el orden y devolver el poder a una ciudadanía supuestamente despojada de él.
La promesa contiene una trampa. La indignación contra los defectos de la democracia no garantiza una defensa más exigente de la democracia. Puede desembocar, por el contrario, en la aceptación de soluciones que concentran el poder, deslegitiman el pluralismo y presentan los controles institucionales como enemigos de la voluntad popular.
El autoritarismo suele beneficiarse de una operación elemental: transforma problemas reales en una explicación simplista y ofrece como remedio la eliminación de los límites que impiden imponer esa explicación a todos los demás.
Pero sería un error atribuir su crecimiento exclusivamente a la propaganda de la extrema derecha. También importa el comportamiento de quienes le dejan espacio. Cuando un Gobierno se acostumbra a medir el éxito por su capacidad para resistir una jornada más, en lugar de por la calidad de sus resultados, puede terminar haciendo el trabajo de sus adversarios. No porque comparta sus ideas, sino porque contribuye a confirmar la impresión de que la política es una actividad autorreferencial, más preocupada por conservar el poder que por resolver los problemas de la gente.
Los datos publicados en España durante octubre de 2026 reflejan una evolución que merece atención. El análisis de encuestas realizado por *El País* detecta un avance de Vox respecto a las elecciones generales de 2023, especialmente entre los votantes jóvenes, y una pérdida de apoyo del PSOE y de las formaciones situadas a su izquierda en varios segmentos del electorado. Los sondeos no son resultados electorales ni permiten establecer por sí solos las causas de esos movimientos. Sí muestran que sería imprudente tratar el desplazamiento político como una posibilidad remota.
El fenómeno, además, no se explica mediante una única variable. Intervienen la economía, la identidad, la inmigración, la polarización, el ecosistema informativo y la desconfianza hacia las instituciones, entre otros factores. Pero reconocer esa complejidad no significa renunciar a examinar la responsabilidad de quienes gobiernan.
La democracia no se salva invocándola
Hay algo profundamente contraproducente en utilizar el miedo a la extrema derecha como argumento universal para justificar cualquier decisión propia. Esa apelación puede movilizar a los convencidos, pero también puede terminar transmitiendo a los ciudadanos una idea devastadora: que deben aceptar las contradicciones de quienes gobiernan porque la alternativa sería todavía peor.
La democracia no consiste en elegir periódicamente entre la decepción y el miedo. Consiste en disponer de instituciones que respondan ante la ciudadanía, de representantes sometidos a controles y de una cultura política que permita exigir responsabilidades sin que cada crítica sea presentada como una amenaza al sistema.
El PSOE y Sumar no son responsables de todos los problemas de España, ni el ascenso de la extrema derecha puede reducirse a sus errores. Tampoco existe una relación automática entre una mala gestión y la llegada del fascismo. Pero el Gobierno sí tiene una responsabilidad específica: demostrar que sus promesas pueden convertirse en resultados y que los principios invocados para obtener el poder siguen vigentes cuando su aplicación resulta incómoda.
Si esa responsabilidad se sustituye por la propaganda, la descalificación del adversario o la confianza en que el miedo mantendrá unido al propio electorado, el coste puede ser mucho mayor que una derrota en las urnas. Puede consistir en dejar una ciudadanía más desconfiada, unas instituciones menos respetadas y un debate público más receptivo a quienes prometen soluciones autoritarias.
La democracia también se erosiona cuando quienes deberían fortalecerla contribuyen a vaciarla de credibilidad.
La responsabilidad de quienes dicen defendernos
No hay ironía más amarga que la de un Gobierno que se presenta como la última barrera frente al fascismo y termina obligado a contemplar cómo crece el espacio político de quienes dicen combatirlo. Esa paradoja no demuestra, por sí sola, una relación causal; plantea una exigencia de responsabilidad que no debería poder eludirse.
Si el PSOE y Sumar quieren defender la democracia, deben hacerlo con algo más que discursos contra la extrema derecha. Deben demostrar que la gestión pública puede mejorar la vida de los ciudadanos, que las instituciones no son patrimonio de los partidos y que la ética política no cambia de significado cuando los afectados pertenecen al propio bando.
Deben comprender, además, que la indignación ciudadana no desaparece por ser denunciada, y que los problemas materiales no se resuelven mediante apelaciones morales. Quien no encuentra respuestas en las instituciones puede acabar buscando fuera de ellas. Y quien pierde la confianza en todos los representantes puede llegar a considerar que las reglas democráticas son parte del problema, en lugar de la garantía que le permite exigirles cuentas.
La extrema derecha tendrá que responder por sus propias ideas, sus propuestas y sus actuaciones. No puede ser exonerada de responsabilidad por los errores de sus adversarios. Pero tampoco cabe esperar que quienes gobiernan queden absueltos de las consecuencias políticas de su gestión simplemente porque sus rivales sean más peligrosos.
Ese es el verdadero núcleo de la cuestión: el fascismo no necesita que sus adversarios lo deseen; le basta con que una sociedad pierda la confianza en que existe una alternativa democrática capaz de responder a sus necesidades.
Quizá el mayor error de este Gobierno haya sido confiar demasiado en que invocar el peligro de sus adversarios bastaría para justificar sus propias contradicciones. Quizá haya confundido la defensa de determinados principios con la defensa de quienes dicen representarlos. Y quizá haya subestimado la capacidad del cinismo para destruir aquello que la propaganda pretende preservar.
No sabemos qué forma adoptará la política española en los próximos años, ni podemos dar por inevitable una deriva autoritaria. Lo que sí sabemos es que ninguna democracia está a salvo por el mero hecho de que sus gobernantes se proclamen sus defensores.
Porque una democracia no se sostiene sobre las buenas intenciones que sus representantes atribuyen a sí mismos. Se sostiene sobre la confianza que son capaces de merecer.
Y cuando esa confianza se pierde, cuando las palabras dejan de significar lo que prometen y cuando la ciudadanía empieza a sospechar que los principios solo sirven para justificar el poder, quienes más se benefician no son necesariamente quienes mejor saben gobernar. Son quienes prometen destruirlo todo.
Si el PSOE y Sumar terminan contribuyendo al ascenso de una fuerza autoritaria, no podrán alegar que no vieron venir el peligro. Tendrán que responder también por haber debilitado, con sus errores y sus contradicciones, la confianza democrática que afirmaban proteger.
Porque hay derrotas electorales que se superan. Pero cuando un Gobierno contribuye a que los ciudadanos dejen de creer en la democracia, la derrota puede ser mucho más profunda que la pérdida del poder: puede ser la de haber ayudado a preparar el terreno para quienes pretenden cambiar las reglas del juego.
