PRESUNTAMENTE PRESUNTOS O NO TANTO

altLos partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada

 

 

 

Francesc Sans

El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.

 

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Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico

 

Los derechos humanos en este país parecen carecer de importancia en cuanto se admistían Mossos que han torturado a un detenido en la comisaría, cuando vemos policías armados arrastrando a familias con sus hijos fuera de sus viviendas, cuando  el señor Felip Puig ordena detenciones preventivas. Solo nos queda pensar que los torturadores y los bancos están por encima de dichos derechos

 

Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes, ya solo falta que a los mafiosos deEUROVEGAS les limpien los penales y permitan trucar las ruletas .

 

Si se pudiera practicar un scanner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amiguismo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.

 

El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA,   han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraído.

 

El saqueo de España tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos; se han falseado oposiciones; se han filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados

 

Los grandes partidos españoles han acumulado delitos suficientes para que, si existiera una Justicia independiente y limpia, hubieran sido ya juzgados como asociaciones de malhechores. Sin embargo, siguen dominando la escena, convertidos en las instituciones más poderosas de la nación, exhibiendo una obscena impunidad, con muchos de sus corruptos convertidos en altos cargos en las distintas administraciones y algunos de ellos, tal vez los que más secretos sucios conocen, convertidos en diputados y senadores para disfrutar del aforamiento.

 

UNA PEQUEÑA PARTE DE LA CORRUPCIÓN

 

Iñaki Urdangarin, Gerardo Díaz Ferrán y Miguel Blesa protagonizan los últimos casos en el país. Madrid, Andalucía, Galicia y, sobre todo, la costa mediterránea son las zonas más afectadas.

 

La corrupción crece en Españaa la par que se agrava la crisis económica. Es cierto que nuestro país ha mejorado tres décimas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), pero se ha estancado en el puesto 30 de la lista, empatada con Botswana, con una nota de 6,5 puntos. El informe analiza un total de 176 estados y lo más preocupante, quizás, es que España se sitúa en el puesto número 13 de la Unión Europea, por detrás prácticamente de todos los grandes países: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Austria, Irlanda y Chipre.

 

La malversación de caudales públicos (cobro de comisiones ilegales), el blanqueo de capitales y el desvío de fondos es imposible cuantificar El caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto a dedo de al menos 712 millones de euros en la última década. Un monto al que se suman los repartos de contratos a empresas amigas de Unió Mallorquina por 7 millones de euros en Baleares o la celebración de encuentros deportivos por cantidades millonarias. La cifra no incluye ni las comisiones del 3 por ciento que presuntamente han cobrado en Cataluña PCS y CiU por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, difíciles de cuantificar.

 

Los casos de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, acusado de engaño a la administración y desvío de dinero público a sociedades particulares; de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE, que ocultó más de 50 millones a sus acreedores y contrató a un supuesto liquidador de firmas para que a través de una red de testaferros se llevara el dinero fuera; 0 de Miguel Blesa, que pudo haber cobrado comisiones en una operación en Florida

 

VALENCIA

 

Gürtel, Brugal, Cooperación

 

En la Comunidad Valenciana acaba de ser condenado a 3 años de cárcel el diputado y exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, por prevaricación. Tras su dimisión son nueve los diputados del Grupo Popular de las Cortes imputados, seis de ellos por la presunta financiación ilegal del PP derivada del caso Gürtel. Otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante y su predecesor, están imputados en la pieza alicantina del caso Brugal, por un presunto trato de favor a un promotor. No obstante, el caso que más repulsa ha causado es el que afecta al diputado y exconsejero de Cooperación Rafael Blasco, acusado de desviar dinero de la Generalitat destinado al Tercer Mundo. El caso ha tenido una derivación inesperada, al dimitir el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tras ser sorprendido filtrando presuntamente un documento judicial a Blasco, por lo que fue imputado por revelación de secretos. Otros casos sin acusados aforados son Emarsa -desfalco de 27 millones en la depuradora de Valencia-, Brugal (pieza de Orihuela) y Nóos, en el que hay imputados varios altos cargos de la Generalitat ya destituidos.

 

PAÍS VASCO

 

Caso Barrika

 

El Ayuntamiento de Barrika y la Diputación Foral de Bizkaia, ambas gobernadas por el PNV, se encuentran inmersas en litigios judiciales a raíz de una polémica recalificación de terrenos para la construcción de chalets de lujo en una zona de especial protección paisajística, que varias veces había sido anulada por los tribunales.

 

BALEARES

 

Urdangarin, Munar, Matas

 

Las Islas Baleares está cuajada de casos de corrupción ligados a la llegada de Unió Mallorquina al poder. María Antonia Munar, expresidenta del Consell, está imputada en la operación Maquillaje por presuntas irregularidades en contratos y subvenciones. En total se calcula que podría haber repartido siete millones a una red de empresas vinculadas a su partido. El caso Can Domenge, Voltor y Son Oms también le salpica a ella y a su partido. Dentro de la política, el ex presidente balear, Jaume Matas, ha sido condenado a prisión por el Caso Palma Arena, en el que gastaron 50 millones de más en un Velódromo. Vinculado a este presunto desfalco, está el caso Noós, uno de los más controvertido de la isla porque ha salpicado a un miembro de la Casa Real, Iñaki Urdangarin. Según la investigación el duque y su socio, Diego Torres llegaron a cobrar más de 6 millones del gobierno balear y valenciano por organizar forums deportivos y trabajos de consultoría que no realizaron.

 

 

CATALUNYA

 

El cobro del 3 por ciento

 

En Cataluña, la corrupción está ligada al cobro de comisiones de entre el 3 y el 4 por ciento que, presuntamente, han cobrado CiU y el PSC por la adjudicación de obras públicas. El caso estrella es el del Palau de la Música en el que su presidente Félix Millet hacia de intermediario entre las empresas constructoras y el gobierno de la Generalitat para, presuntamente, cobrar las mencionadas comisiones y luego desviar una parte a los partidos. El juez ha declarado a CDC responsable civil a titulo lucrativo del expolio del Palau de la Música Catalana de Barcelona y le ha impuesto una fianza de 3,2 millones. Las presuntas comisiones se cobraron durante el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat y de Arthur Mas como conseller.

 

El PSC tampoco ha salido indemne de los casos de cobro de comisiones y recientemente ha saltado caso Mercurio, una trama de corrupción urbanística y municipal que afecta al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, uno de los hombre fuertes de la formación socialista. Presuntamente, Bustos cobrara comisiones por la adjudicación de obras y contratas en Sabadell.

 

ANDALUCIA

 

EREs, Invercaria y Minutas

 

Andalucía lleva más de dos años descubriendo casos de corrupción ligados a las más de tres décadas del PSOE en el poder. El mayor es el de los ERE fraudulentos, que consistió en repartir sin control ni procedimiento por parte de la consejería de Empleo 721 millones entre 2001 y 2010 para prejubilar a trabajadores y dar dinero a empresas. Ni Manuel Chávez ni José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, saben nada de lo ocurrido. El informe de la Cámara de Cuentas ratifica el abuso cometido pero no identifica responsables políticos. El caso está siendo investigado y hay más de 60 imputados y el exconsejero de Empleo, que fue encarcelado y está en libertad bajo fianza civil.

 

 

La misma falta de control del uso de dinero público se detecta en Invercaria, empresa que supuestamente operaba como gestora de fondos de capital riesgo desde su creación en 2005, pero que no quedó registrada como tal hasta 2010. En esos años gestionó 35,5 de los 62 millones con los que fue dotada de forma opaca. Uno de sus tres expresidentes está siendo investigado por la justicia, que examina 34 de las casi 300 ayudas y préstamos otorgados sin control ni procedimiento alguno. Por su relevancia social sobresalen los escándalos de corrupción asociados al urbanismo en la Costa del Sol. Marbella es el epicentro, y actualmente hay instrucciones abiertas contra el exalcalde Julián Muñoz y su abogado, y presidente del Sevilla, José María del Nido. Este último ha sido condenado a siete años y medio de cárcel por fraude.

 

 

GALICIA

 

Lugo y las preferentes

 

La ciudad de Lugo se ha convertido en los últimos años en sinónimo de causas judiciales y, así a las ya conocidas como Campeón y Carioca, se ha unido recientemente la Pokemon, liderada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar Lara, que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para conseguir adjudicaciones de servicios públicos, como el de la ORA.

 

En este momento tan sólo permanece en prisión el ex presidente de la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil y ex concejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares, pero ha salpicado al actual regidor de la ciudad, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que fue imputado.

 

Además, en esta ocasión esta operación no se ha quedado en la ciudad de las Murallas y ha provocado la dimisión del anterior alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y el concejal del BNG Fernando Varela; además del regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP).

 

Además más de 43.000 personas se han visto afectadas por la venta de preferentes por parte de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. Ante el supuesto fraude, la Xunta ha impulsado un sistema de arbitraje, por el cual los que demuestran que se les comercializó este producto de manera irregular puedan recuperar su ahorros.

 

MADRID

 

Blesa, Díaz Ferrán y Rumasa

 

Además de los miles de afectados por la venta de preferentes de Caja Madrid -la entidad intentó bajo la presidencia de Miguel Blesa captar a gente de avanzada edad y sin preparación financiera alguna– la corrupción en Madrid tiene varios nombres propios. Resalta el de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueños de Marsans, que intentó ocultar y sacar de España 50 millones para no pagar a sus acreedores. El pasado miércoles el juez impuso una fianza a Díaz Ferrán de 30 millones, otra de 50 millones para el empresario al que presuntamente encargó sacar el dinero fuera de España, Ángel de Cabo.

 

El antiguo dueño de Marsans ha declarado también esta semana por un préstamo de 26,6 millones, por el que también está imputado Blesa. Caja Madrid se lo concedió a pesar de que ofreció como aval una sociedad ya hipotecada y que además estaba en quiebra. Y todo ello sin olvidar a los Ruiz-Mateos, que suman deudas millonarias mientras Anticorrupción sospecha que tienen grandes sumas de dinero en Suiza y distintos paraísos fiscales del Caribe. En su caso, el informe concursal asegura que han desaparecido 90 millones que la familia obtuvo de la venta de pagarés.

 

Pero en Madrid no sólo desvían los empresarios. Los partidos políticos están salpicados por presuntos casos de corrupción entre los que destacan la operación Ciempozuelos, en la que se ha imputado al ex alcalde la zona Antonio Torrejón por malversar 40 millones. Al Partido Popular le salpicó el caso Guateque y Gürtel en los que se habla de sobornos y financiación irregular de partidos.

 

EXTREMADURA

 

Ceclavín-Cáceres-PSOE-El alcalde socialista de Ceclavín, Pedro Martín, condenado el pasado mes de julio a una pena de ocho años y siete meses de inhabilitación especial y a una multa de 3.400 euros tras quedar demostrado un delito de prevaricación urbanística. El juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres manifestó que la falta de legalidad “era plenamente conocida y amparada por el gobernante“.

 

Moraleja-Cáceres-PSOE-su primer edil, Teresa Roca, está imputada por prevaricación, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales, junto con otro concejal socialista y compañero sentimental, Felipe Mayoral.
SE PRESENTA A LA REELECCIÓN

 

 

 

 

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