Josep Lluís Ortega Monasterio (1918-2004), conocido como el «pare de les havaneres en català» y autor de la emblemática habanera El meu avi, ha sido una figura central en la cultura musical catalana. Su legado, que incluye más de un centenar de composiciones, muchas de ellas en catalán, ha sido durante décadas un símbolo de identidad y tradición en Cataluña. Sin embargo, en noviembre de 2024, la emisión del documental Murs de silenci. Gran Escala 2000 por la plataforma 3Cat ha desatado una controversia que ha sacudido tanto su imagen como el lugar que ocupa su obra en el imaginario colectivo. Este documental, basado en una investigación periodística de dos años, vincula a Ortega Monasterio con una red de explotación sexual de menores que operó en las décadas de 1970 y 1990 en el noreste de España. La polémica ha generado un intenso debate sobre la separación entre el arte y el artista, la presunción de inocencia y el impacto de estas acusaciones en el patrimonio cultural catalán.
El documental Murs de silenci
El documental, dirigido por los periodistas Anna Teixidor y Marc Faro, se centra en el prostíbulo Gran Escala 2000, ubicado en Ventalló, Alt Empordà, un establecimiento que, según la investigación, funcionaba como un lugar de explotación sexual de menores frecuentado por las élites catalanas en los años 90. La investigación, que incluye más de 200 entrevistas y la revisión de documentos históricos, señala a Ortega Monasterio como socio del proxeneta Antolín Fernández, quien dirigía el club hasta su muerte, momento en que el negocio pasó a manos de su hermana, Rolíndez, quien fue condenada por los hechos. Además, el documental sugiere que Ortega Monasterio era propietario de una red de clubes, incluido el local Txoko en Osca (Huesca), que también fue denunciado por explotación de menores. Según los testimonios y documentos policiales citados, el Txoko estaba registrado a nombre de Pura Gastón, esposa de Ortega Monasterio, y se utilizaba una agencia en Barcelona, también vinculada a Gastón, para reclutar mujeres bajo falsas promesas de empleo en tareas como cocina o limpieza, muchas de las cuales terminaban en prostíbulos.
El impacto de estas revelaciones fue inmediato. La figura de Ortega Monasterio, hasta entonces celebrada por su contribución a la música catalana, quedó bajo un escrutinio sin precedentes. La investigación periodística no solo puso en cuestión su integridad personal, sino que también generó reacciones en el ámbito cultural y político, incluyendo propuestas para retirar reconocimientos como la Creu de Sant Jordi, otorgada en 1999, y la exclusión de El meu avi de eventos tradicionales como la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell.
La respuesta de la familia y la batalla legal
La familia de Ortega Monasterio ha reaccionado con firmeza ante las acusaciones. En un comunicado, han calificado el documental de “infamia” y han denunciado que contiene “mentiras y falsedades” que atentan contra el honor del compositor. Según Leopoldo Ortega-Monasterio, hijo del músico, y Koldo Ortega-Monasterio, su nieto, las acusaciones no son nuevas y ya fueron desmentidas en vida de Josep Lluís. Alegan que en las décadas de 1970 y 1980, Ortega Monasterio fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sectores reaccionarios del ejército franquista debido a su afiliación con la Unión Militar Democrática (UMD), un grupo de militares progresistas que abogaban por la democratización durante los últimos años del franquismo. En 1976, Ortega Monasterio fue condenado a cinco meses de prisión por distribuir propaganda de la UMD, y posteriormente fue expulsado del ejército por un Tribunal de Honor en 1979. Sin embargo, en 1984 y 1985, sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo declararon su inocencia respecto a las acusaciones de vinculación con redes de prostitución, revocando incluso el fallo del Tribunal de Honor.
La familia ha presentado una demanda civil contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la periodista Anna Teixidor, admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona el 2 de abril de 2025. En su querella, exigen la retirada del documental de todas las plataformas de la CCMA, una rectificación pública y una indemnización de un millón de euros, que aseguran destinarán al fomento de la cultura y la canción catalanas, especialmente las habaneras. Según Koldo Ortega-Monasterio, las pruebas presentadas en el documental, como informes policiales y testimonios, están descontextualizadas o manipuladas, y destacan que ni Ortega Monasterio ni su esposa fueron nunca imputados en los procesos judiciales contra el Txoko o Gran Escala 2000. Además, afirman que la Agencia Gracia, propiedad de Pura Gastón, cesó sus actividades a principios de los años 80, lo que desmiente cualquier conexión con los hechos denunciados en los 90.
Impacto en la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell
Uno de los efectos más visibles de la controversia ha sido la decisión del Ayuntamiento de Palafrugell, liderado por la alcaldesa Laura Millán, de excluir El meu avi del cierre de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell en su 58.ª edición, programada para el 5 de julio de 2025. Por primera vez en casi medio siglo, esta emblemática habanera, que tradicionalmente clausuraba el evento con todos los grupos cantándola al unísono, será reemplazada por tres piezas clásicas: Mariner de terra endins, La bella Lola y La gavina, en homenaje a compositores locales. La decisión, según el consistorio, responde a una reflexión sobre la necesidad de renovar el repertorio y destacar otras figuras del municipio, aunque está claramente influenciada por la polémica desatada por el documental.
Esta medida ha generado críticas tanto de la familia de Ortega Monasterio como de sectores de la sociedad catalana. La familia ha acusado al ayuntamiento de “censura” y de vulnerar la presunción de inocencia, especialmente considerando que el caso está judicializado. Argumentan que El meu avi trasciende a su autor y se ha convertido en un himno colectivo que pertenece al patrimonio cultural catalán, especialmente por su carga simbólica durante la dictadura franquista, cuando la letra que incluye “Visca Catalunya, visca el català” desafió la censura del régimen. Por su parte, el partido Vox, en un movimiento inesperado, ha defendido la habanera en el Parlament, proponiendo declararla patrimonio cultural de Cataluña, argumentando que su exclusión responde a motivaciones ideológicas y a un intento de borrar la identidad catalana.
El debate cultural: ¿separar el arte del artista?
La controversia ha reavivado un debate clásico: ¿es posible separar la obra de arte de las acciones de su creador? En el caso de El meu avi, la habanera no solo es una pieza musical, sino un símbolo de la identidad catalana, interpretada en innumerables eventos y profundamente arraigada en la tradición popular. Artistas como Neus Mar, una de las pocas voces femeninas solistas en el género, han anunciado que no volverán a interpretar composiciones de Ortega Monasterio, optando por otras piezas como La bella Lola o Mariner de terra endins. Otros, como el grupo Arjau, han expresado su intención de debatir internamente si deben mantener su repertorio, mientras que el grupo Port-bo, uno de los impulsores históricos de la Cantada, ha mostrado sorpresa y tristeza ante las revelaciones.
Por otro lado, la Fundació Ernest Morató, que conserva el fondo musical de Ortega Monasterio, está evaluando qué medidas tomar, mientras que ayuntamientos como el de Puigcerdà y Platja d’Aro, donde existen estatuas y placas en homenaje al compositor, están considerando retirar estos reconocimientos. La Generalitat de Catalunya, que otorgó la Creu de Sant Jordi a Ortega Monasterio, aún no se ha pronunciado oficialmente, pero hay voces que piden su revocación.
Reflexiones sobre la presunción de inocencia y el revisionismo histórico
La polémica también plantea cuestiones sobre la presunción de inocencia y el manejo de acusaciones póstumas. La familia de Ortega Monasterio insiste en que las sentencias de 1984 y 1985 exoneraron al compositor y que el documental omite esta información crucial. Además, critican que los realizadores no contactaran con ellos durante los dos años de investigación para contrastar los hechos, lo que consideran una falta de rigor periodístico. Por su parte, los autores del documental defienden su trabajo, que ha sido galardonado con el Premi Rahola 2024, y destacan que las acusaciones se basan en documentos policiales y testimonios de víctimas, aunque reconocen que no hay pruebas concluyentes de la implicación directa de Ortega Monasterio en Gran Escala 2000.
Este caso también refleja un momento de revisionismo histórico en el que figuras públicas son reexaminadas bajo los valores contemporáneos. La decisión de excluir El meu avi de la Cantada de Calella ha sido interpretada por algunos como un acto de corrección política, mientras que otros lo ven como un paso necesario para no glorificar a una figura potencialmente comprometida. La alcaldesa Laura Millán ha evitado pronunciarse directamente sobre las acusaciones, insistiendo en que la decisión busca renovar el repertorio, pero esta ambigüedad no ha calmado las críticas.
Conclusión
La polémica en torno a Josep Lluís Ortega Monasterio y su presunta vinculación con una red de explotación sexual ha abierto heridas en el ámbito cultural catalán. Por un lado, está el legado de El meu avi, una obra que ha trascendido generaciones y se ha convertido en un símbolo de resistencia y orgullo catalán. Por otro, las graves acusaciones presentadas por Murs de silenci han puesto en cuestión la imagen de un hombre que fue homenajeado como un icono cultural. Mientras la justicia dirime la demanda de la familia contra la CCMA, la sociedad catalana enfrenta un dilema: cómo reconciliar el valor de una obra con las posibles sombras de su creador. La exclusión de El meu avi de la Cantada de Calella marca un punto de inflexión, pero también abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la memoria, la justicia y el papel del arte en la construcción de la identidad colectiva.
