El engaño es colosal. Mariano Rajoy ha incumplido sus promesas electorales, ha mutilado los servicios sociales básicos para entregar fondos públicos a entidades financieras nacionalizadas, ha fracasado en su empeño de evitar el rescate de la banca española, ha fingido que ese desastre económico constituye un gran éxito de su gestión… y para mayor escarnio pretende convencer a los ciudadanos de que son ellos los culpables de la crisis por “haber vivido por encima de sus posibilidades”.
No sólo eso. Los españoles deben creerse que el rescate de la Unión Europea por valor de 100.000 millones de euros no es tal, sino una estupenda “línea de crédito, sin condicionantes”, que los socios de la UE han concedido al Gobierno del PP en recompensa por sus excelentes medidas de austeridad. Más todavía: pese a que el macro-préstamo se entregará a un organismo estatal –el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)–, que tendrá que avalar a sus destinatarios finales y hacerse cargo del interés devengado, hay que tragarse que las colosales cantidades arrojadas al agujero negro de las finanzas españolas no aumentarán la deuda del Estado ni incrementarán un ápice el déficit público. Igual que hemos de creernos que Rajoy no sólo no fue obligado a aceptar ese ‘no-rescate’ (que definió como “lo ocurrido ayer”, porque el día de autos no compareció), sino que en realidad fue él quien “presionó” para conseguirlo.
Acto seguido, Rajoy dejó a periodistas y analistas tratando de comprender tan portentoso e inverosímil fenómeno financiero para viajar apresuradamente a Gdansk (Polonia) y asistir a un acontecimiento crucial: el partido inaugural de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Como denunciaría más tarde la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, el presidente del Gobierno empleó más horas en esa misión deportiva que todo el tiempo que ha dedicado a responder a las preguntas de los parlamentarios en sus primeros seis meses de mandato.
Una actitud que no sólo no gustó a la oposición de su país, sino que irritó notablemente a los líderes de la UE. En cuestión de horas, uno tras otro desmentían al español. Primero, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reveló al Financial Times que él mismo tuvo que telefonear a Rajoy para convencerle de que pidiese el rescate de una vez… después de que se resistiera a ello (por orgullo patrio) demasiado tiempo, según filtraron fuentes de alto nivel del propio Eurogrupo (el de los países que comparten la moneda única).
Después, el Eurostat (órgano estadístico de la Comisión) dictaminó taxativamente que el ‘no-rescate’ incrementará tanto el déficit (los intereses) como la deuda (el préstamo) del Estado español. Finalmente, intervino la canciller alemana, Angela Merkel, para aseverar ante el Bundestag que, por descontado, la recapitalización de la banca española conllevará duras “condiciones” para el sector y una estrecha vigilancia internacional de la política fiscal de Madrid.
“Lo fundamental es la letra pequeña [del acuerdo de rescate bancario con la UE] porque si las condiciones que nos ponen son excesivas habremos hecho un mal acuerdo”, advierte Antonio Argandoña, profesor de Economía de IESE.
No es el único experto que hace sonar las alarmas. “Ya hemos visto antes este mismo proceso, en Irlanda y Portugal”, subraya José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. “Al final, se materializa en un memorándum [MoU] bastante duro en medidas de austeridad y eso genera muchos destrozos, en términos de insatisfacción ciudadana y de malestar social. Cada vez está más claro que la política de austeridad está paralizando la economía europea y que hay que dejar de aplicarla para empezar a hacer la misma política que instauró Estados Unidos a partir de 2008. Hay que adoptarla aquí en su totalidad”.
Para Díez, “ahora, lo primero que tenemos que hacer es detener la fuga de capitales y conseguir que los inversores regresen a España. Si no, habremos fracasado”.
Porque la retirada de fondos del sistema bancario español alcanzó en marzo los 66.200 millones de euros, casi el doble que el anterior máximo registrado (mayo de 2010), y en nueve meses han salido de la economía española 200.000 millones en recursos financieros. Esto ha convertido al Banco Central Europeo en la principal fuente de financiación de los bancos españoles, que pidieron en mayo 287.813 millones prestados al BCE. Un nuevo récord histórico, tras un aumento del 9% frente a lo solicitado en abril. En un año, la dependencia de España del BCE se ha más que quintuplicado, desde los 53.134 millones de euros que la banca le pidió en mayo de 2011.
Y no se trata de una prudente reinversión de capitales hacia otros países de Europa con menor riesgo de bancarrota, sino de una auténtica sangría de los recursos monetarios del viejo continente. Las inversiones directas de los países de la UE en paraísos fiscales se multiplicaron el año pasado ¡por más de once! en relación a 2010, hasta alcanzar los 58.900 millones de euros. Gracias a ello, los paraísos fiscales fueron en 2011 el segundo destino del mundo con mayor flujo de inversión directa, sólo por detrás de Estados Unidos.
Son esas horribles cifras macroeconómicas, generadas por el ataque masivo al euro del capital financiero internacional y por el Mælstrøm germánico (Alemania atrae inversiones a un interés prácticamente nulo, mientras la Europa periférica se arruina mendigando a “los mercados” que exigen por su deuda soberana intereses insostenibles), las que han obligado a Rajoy a desdecir todas sus proclamas triunfalistas. Y a aceptar una intervención de la política presupuestaria española (ya se habla de que será necesario un segundo rescate, esta vez del Estado en su conjunto) para apretar aún más las tuercas de la paralizante austeridad económica.
Pocos días después del ‘no-rescate’ bancario, el Fondo Monetario Internacional se apresuró a recetar nuevas dosis de austeridad en vena. Uno de sus análisis económicos regulares sobre el estado de la economía de España criticó duramente que no hubiera cumplido el objetivo de reducción del déficit impuesto por la UE para 2011 y ‘recomendó’ una nueva rebaja de los salarios de los funcionarios públicos (que Zapatero ya bajó un 5% en 2010); otro aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se aplica a todos los productos y servicios (tras la subida hasta el 18% de hace dos años); y la eliminación de las deducciones impositivas por cuotas hipotecarias en la compra de primera vivienda. O séase, otra draconiana rebaja de los ingresos de los contribuyentes –para cumplir los sacrosantos objetivos de rebajar el déficit al 5,3% del PIB en 2012 y al 3% en 2013–, además de nuevos recortes drásticos de los derechos de los trabajadores: en salarios, en indemnizaciones por despido, en eliminación de la indexación de los sueldos a la tasa de inflación, en la validez de los convenios colectivos…
La primera reacción de Rajoy fue decir que no ha de cumplir esas condiciones, aduciendo que se tratan de recomendaciones no vinculantes, pero cada día está más claro que la gestión económica de la derecha española no sólo no ha despertado la confianza de “los mercados” como pregonaba el PP que ocurriría en cuanto llegase al poder, sino que está incrementando la dependencia del país de la oligarquía financiera y agravando las desigualdades sistémicas de la globalización.
“A los que están rescatando es a los acreedores”, asegura el abogado gallego y eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, dicen, pero fue con el dinero que nos prestaban bancos financieros e inversores alemanes y franceses asesorados por especialistas en análisis de riesgos… así que no se puede hacer sólo responsables de la crisis a los contribuyentes”.
Sin embargo, serán ellos los que pagarán el pato. No es únicamente que Rajoy haya dejado de ser creíble hace tiempo –desde fin de año 2011, cuando anunció una subida de impuestos (que juró nunca hacer; mejor dicho, prometió rebajarlos) por valor de 6.200 millones de euros–, sino que ha salido a la luz que sus ministerios de Economía y de Hacienda llevan meses estudiando la instauración de medidas idénticas a las recomendadas por el FMI: subida de impuestos indirectos y recortes salariales en las administraciones públicas. O sea, que el presidente del Gobierno español asegura que no va a acometer lo que le reclaman las entidades monetarias internacionales para rescatar a su país, cuando sus propios ministros ya se están preparando a ejecutarlo. Lo único que pretende es retrasar unos meses la subida del IVA para no socavar la prioritaria industria turística este verano.
Pero los planes del Gobierno del PP son terribles en una sociedad donde el número de parados ya se aproxima a los seis millones (más del 24% de la población activa y casi el 50% de los jóvenes), porque buscan reducir radicalmente las plantillas de los 3,2 millones de personas que trabajan para el Gobierno central, los ejecutivos autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos. Es decir, el propósito es poner en la calle a decenas de miles de trabajadores del Estado –el eufemismo es “trasvase de empleados públicos no funcionarios” (interinos, externos y asalariados de empresas de titularidad estatal) “al sector privado”– cuando la sociedad ya vive un estado de emergencia de desempleo y ese famoso sector privado está paralizado por las medidas de austeridad impuestas para mantener los beneficios de los especuladores financieros.
En España, un millón y medio de familias tienen a todos sus miembros adultos en paro. Un millón de graduados y licenciados está buscando trabajo y no lo encuentra. España es el país del mundo con mayor número de desempleados que cuentan con estudios superiores.
Gaspar Llamazares, diputado y ex coordinador de Izquierda Unida, ha acuñado la definición de esa política como “recortar gastos hasta el rigor mortis”.
Las consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos son pavorosas. Más de 300.000 familias subsisten bajo permanente amenaza de desahucio y ese drama engendró el movimiento de los “indignados” del 15-M a través de los colectivos que tratan de impedir que los agentes policiales echen de sus domicilios a los que no pueden pagar su hipoteca… sólo para que el banco correspondiente se la quede y engrose su cartera de viviendas invendibles. En España, además, los desahuciados no saldan así su deuda bancaria, pues su hogar es a continuación tasado muy por debajo de la valoración original (ya que el mercado se ha hundido) y sólo liquida una parte de lo adeudado (pues la entidad financiera animó a su cliente a empeñarse por el 100% de la tasación inflada de los años del boom). Muchos son después demandados, cuando ya se han convertido en ‘sin techo’, por entidades financieras que, después de arrebatarles la casa, les reclaman además cantidades multimillonarias que no podrían pagar ni aunque tuvieran empleo.
Uno de los fenómenos más reveladores de esta parálisis económica es el del retorno forzado a su país de origen de los cientos de miles de inmigrantes que llegaron a España en los tiempos de bonanza, muchísimos de ellos procedentes de Latinoamérica, especialmente de países como Ecuador y Argentina. “El momento que se está viviendo en España se parece muchísimo al momento anterior al corralito en Argentina: problemas con los bancos, falta de trabajo, protestas en la calle”, afirmaba recientemente a ‘El País’ el argentino Luis Alberto, quien lleva tres años en paro. “Yo vine con la crisis argentina y al ver esto aquí empiezo a pensar que es el tiempo de volverse”.
También los ancianos, los jubilados, los enfermos, los niños, se están viendo afectados por la doctrina neoliberal de “rigor mortis” que se pretende aplicar al mal llamado Estado de bienestar. La crisis y la reforma laboral, que abarata el despido, están provocando un aumento de los trastornos relacionados con la angustia y la depresión, que han mermado la autoestima y han hecho a los ciudadanos más inseguros. Jerónimo Saiz, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatríaafirma que esta situación genera «estrés, inseguridad, pérdida de autoestima y favorece la aparición de trastornos como la ansiedad».
Y no sólo eso, sino que los que tienen síntomas de depresión o ansiedad no acuden al médico porque creen que el mero hecho de pedir permiso para ausentarse e ir a la consulta les puede situar «en la cabeza de la lista de los despidos». Ese temor hace que muchos trabajadores no quieran siquiera cogerse la baja que les ha recetado el doctor.
Así que el verdadero temor de los españoles no es que “vengan los hombres de negro”, como ironizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando negó rotundamente que pudiera haber un rescate (sólo unos días antes de que lo hubiera), sino que se vayan los ‘hombres de blanco’ (los médicos y enfermeros) como consecuencia de los implacables recortes en Sanidad que Rajoy está aplicando como si eso fuera a curar la epidemia. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha calificado de “economía vudú” esta pretensión de que “el Estado rescate a los bancos para que a continuación los bancos lo rescaten a él”… que es muy aproximadamente lo que se pretende al inyectar dinero avalado por el Estado a las entidades bancarias para que a continuación estas últimas inviertan ese mismo dinero en la deuda de ese mismo Estado. No hay que ser premio Nobel para intuir que ésa no es una buena solución.
Como no es solución recortar 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, cuando sólo días después anuncias que un banco mal fusionado con otras entidades (Bankia) va a necesitar 4.500 millones; no, 19.000 millones; no, mejor 23.500 millones, para ‘reflotarse’. Porque, claro, es mucho más importante la salud de la banca que la de los ciudadanos.
La exposición total de la banca española al ‘ladrillo’ –no sólo hipotecas para compra de viviendas y parcelas, sino también préstamos a promotores inmobiliarios, sin aval suficiente y cubriendo hasta el 100% de tasaciones infladas por la burbuja que ya no corresponden en absoluto con su valor real– se calcula en el entorno de los 320.000 millones de euros. Cantidad astronómica que se acerca a la tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB) de España y que fue acumulándose tras la liberalización absoluta de las recalificaciones del suelo para convertir casi cualquier terreno en urbanizable y edificable, auspiciada por el anterior Gobierno conservador de José María Aznar.
Algunas de las entidades financieras llegaron a arriesgar en esas inversiones en ‘ladrillo’ proporciones inimaginables de su negocio, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Valencia: del total de 53.000 millones de créditos concedidos por esa caja, 52.000 lo fueron a empresas vinculadas al sector inmobiliario, es decir un 98% de todo su capital crediticio. Por su parte, el Banco de Valencia dedicó dos terceras partes de sus préstamos a dicho sector. El resultado de tamaño desatino fue el hundimiento del sistema bancario de esa comunidad regida por el Partido Popular en cuanto estalló la burbuja inmobiliaria; caída que arrastró a Caja Madrid, obligada a fusionarse con la más tóxica (por envenenamiento de polvo de ladrillo) de todas ellas, Bancaja, y otras cinco entidades crediticias casi igual de arruinadas por la misma dolencia, para formar la después nacionalizada Bankia.
Ha sido precisamente la intervención de Bankia, primero convirtiendo en acciones los casi 4.500 millones de euros que ya le había prestado el FROB y después ofreciendo otros 19.000 millones para acabar de sanearla, en una desastrosa operación de dimisiones (principalmente la del ex director del FMI y gurú económico del PP, Rodrigo Rato), de desmentidos luego confirmados y de desautorizaciones cruzadas, lo que provocó una escalada de la prima de riesgo española hasta superar el 7% de interés por los bonos a diez años, límite máximo para cualquier economía nacional porque supone que la cantidad a devolver en ese tiempo duplicará el capital prestado. Sin embargo, Bankia no es en absoluto la única entidad insostenible del panorama financiero del país. De cada 100 euros de crédito, el sistema bancario español en su conjunto concedió 59 a la suma del sector inmobiliario, la construcción y la compra de viviendas (hipotecas).
Aunque casi es peor que los que ejecutaron semejante insensatez, y se lucraron con esa política temeraria que ha arruinado a la nación, se estén yendo de rositas, como se suele decir en España. En resumen, los directivos de las cajas de ahorros y de los bancos que al final tuvieron que ser intervenidos por el Estado con miles de millones de los contribuyentes, se metieron en el bolsillo casi 200 millones de euros durante la burbuja y, desde que ésta estalló, 25 de ellos se han retirado cobrando 130 millones más en indemnizaciones, pensiones y blindajes. Estamos hablando de los mismos que falsearon cuentas, engañaron al Banco de España y dejaron a cientos de miles de modestos impositores arruinados por estafas descaradas como la de las “participaciones preferentes”.
Todo esto, y mucho más, es lo que ha sublevado a la opinión pública española, sometida a un brutal régimen neoliberal que, en Cataluña, ha obligado a jubilados y enfermos crónicos a pagar una cuota fija por cada receta de los medicamentos que necesitan, y que está esquilmando los últimos recursos de las redes familiares que hasta ahora habían soportado el lastre del mayor nivel de desempleo de Europa.
Sobre todo porque el PP ha utilizado el rodillo de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para impedir que se den explicaciones sobre las causas de la hecatombe (prohibió comparecer al gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, pese a que él mismo dijo que quería explicarse sobre el caso Bankia), vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los responsables de la crisis bancaria y hasta rechazar la solicitada comparecencia del presidente del Gobierno para que respondiera a las preguntas de sus señorías. Como colofón, Rajoy anunció que anulaba el Debate sobre el Estado de la Nación precisamente en el año en que más falta hace desde el retorno de la democracia en España.
Ahora sólo queda esperar a que el ministro de Economía, Luis de Guindos (quien era director general para España y Portugal de la célebre banca de inversiones Lehman Brothers cuando su caída arrastró al sistema financiero mundial), presente la solicitud formal a la UE del ‘no-rescate’ de la banca española. Un ‘no-rescate’ cifrado en 62.000 millones de euros por las consultoras privadas Roland Berger y Oliver Wyman, a las que el Gobierno del PP contrató (por una módica tarifa de dos millones de euros) para suplantar al Banco de España, en plena guerra política de desprestigio de la institución (cosa que agravó la desconfianza de los mercados), con el objetivo de defender a su correligionario Rato y de proteger a los gestores de las entidades fusionadas en Bankia, todos ellos en la órbita del partido en el poder en España.
Pero esas consultoras no dijeron que el agujero bancario español ascienda en total a esos 62.000 millones, que es lo que estiman ahora necesario para ‘no-rescatar’ al sector, sino que subrayaron que las pérdidas reales de la banca de España por su adicción al ‘ladrillo’ pueden ser muchísimo mayores. Según Oliver Wyman, el auténtico ‘agujero negro’ del sistema financiero español puede ascender hasta a 274.000 millones de euros, casi una cuarta parte del PIB del país.
En ese caso, la hecatombe será de proporciones bíblicas. Ahora bien, no hay que olvidar que fue precisamente Oliver Wyman la que calificó al Anglo Irish Bank como “el mejor banco del mundo” en 2006, sólo dos años antes de que tuviera que ser nacionalizado y desencadenase el rescate bancario del ‘Tigre Celta’, que les costó a los contribuyentes el 48% del PIB de Irlanda.
¿Será por eso que Rajoy la eligió para que evaluase a la banca española?
*Carlos Enrique Bayo es director de publico.es
**Este artículo fue publicado, con algunos recortes, en el número 157 de Le Monde Diplomatique en español como: http://www.eldiplo.org//157-el-primer-opositor/en-espana-todos-mintieron
Barcelona, 1956. Periodista y escritor español, que se ha desempeñado como directivo de varios periódicos y como corresponsal en el extranjero.
