España ha vuelto a encontrarse frente a una de esas contradicciones que retratan mejor que cualquier discurso la verdadera naturaleza de un país. Por un lado, el Gobierno ha decidido abrir la puerta a la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan desde hace años en la economía sumergida. Por otro, la propia Administración encargada de gestionar ese proceso admite, aunque sea entre líneas, que no está preparada para soportar la avalancha de solicitudes.

La escena resulta familiar. Primero se anuncia una medida con una enorme carga política y simbólica. Después se celebra como un hito social, económico y moral. Finalmente, cuando llega la hora de aplicarla, aparece el viejo problema español: una estructura administrativa lenta, fragmentada y saturada que convierte cualquier reforma ambiciosa en una carrera de obstáculos.

La regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo pretende ofrecer permiso de residencia y trabajo a más de medio millón de personas que ya forman parte de la realidad cotidiana del país. Son trabajadores que cuidan ancianos, limpian casas, recogen fruta, sirven mesas, construyen viviendas o conducen furgonetas de reparto. Están en España, consumen en España, pagan alquileres en España y, en muchos casos, tienen hijos escolarizados en España. Sin embargo, siguen atrapados en una especie de limbo legal que les impide cotizar con normalidad, acceder a derechos básicos o abandonar la precariedad.

La decisión de regularizarles no es, por tanto, una concesión ideológica ni un gesto sentimental. Es, sobre todo, una necesidad económica. España envejece a gran velocidad. La población activa pierde peso. Más de medio millón de autónomos se jubilarán en los próximos cinco años y sectores enteros dependen ya de mano de obra extranjera para seguir funcionando. La agricultura, la hostelería, los cuidados o el transporte no podrían sostener su actividad sin trabajadores inmigrantes. Fingir lo contrario es simplemente negar la evidencia.

El problema es que el Gobierno ha querido presentar esta regularización como una operación limpia, rápida y casi automática, cuando en realidad amenaza con convertirse en un nuevo embudo burocrático. El procedimiento arranca en pleno mes de abril y se prolongará hasta finales de junio. Las solicitudes podrán tramitarse de manera telemática y presencial. Sobre el papel parece razonable. En la práctica, basta recordar cualquier experiencia reciente con la Seguridad Social o con las oficinas de Extranjería para entender que el sistema está al borde del colapso.

Conseguir una cita previa se ha convertido desde hace tiempo en una lotería. Hay provincias donde obtener una fecha para un trámite sencillo requiere semanas. En otras, los ciudadanos dependen de intermediarios, asociaciones o incluso de mafias digitales que acaparan citas para revenderlas. La regularización masiva amenaza con multiplicar ese problema de forma exponencial. Medio millón de expedientes adicionales no son un detalle administrativo. Son una carga gigantesca para una red de oficinas que ya funciona con retrasos, plantillas insuficientes y sistemas informáticos anticuados.

El propio diseño del proceso revela hasta qué punto el Ejecutivo es consciente de esa fragilidad. Buena parte de la gestión se ha derivado a oficinas de Extranjería, a la Seguridad Social, a Correos y a empresas públicas de apoyo administrativo. Incluso la Policía Nacional tendrá un papel secundario, limitada a intervenir solo si aparecen irregularidades o sospechas de fraude. El mensaje implícito es evidente: el Estado no dispone de recursos suficientes y necesita repartir la presión entre distintas ventanillas para evitar un colapso inmediato.

Sin embargo, repartir el problema no equivale a resolverlo. De hecho, puede agravarlo. Cuando demasiados organismos participan en un mismo procedimiento, el ciudadano acaba atrapado en una cadena interminable de requisitos, citas, comprobaciones y documentos. Una oficina remite a otra. Una plataforma informática no se comunica con la siguiente. Una solicitud queda pendiente porque falta un certificado o porque nadie sabe quién debe revisarla. La administración española tiene una larga tradición en ese tipo de laberintos.

Lo verdaderamente preocupante es que el retraso no solo perjudicará a los inmigrantes que esperan regularizarse. También afectará al conjunto del sistema productivo. Miles de empresas necesitan incorporar trabajadores de forma inmediata y legal. Miles de familias dependen de personas que cuidan a mayores o menores sin contrato porque no existe otra alternativa. Cuanto más se retrase la regularización, más tiempo permanecerán todos ellos dentro de la economía sumergida, sin derechos y sin aportar cotizaciones.

Y ahí aparece la gran paradoja. El Gobierno defiende esta medida como una vía para reforzar la Seguridad Social, aumentar el número de cotizantes y garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones. La lógica es correcta. Si cientos de miles de personas empiezan a trabajar legalmente y a cotizar, las cuentas públicas recibirán un alivio evidente. España ya ha superado los 22 millones de afiliados y el Ejecutivo confía en que la incorporación de nuevos trabajadores extranjeros impulse todavía más esa cifra.

Pero la Seguridad Social necesita algo más que nuevos afiliados. Necesita credibilidad. Y esa credibilidad se erosiona cuando la misma institución que promete resolver el problema de la falta de cotizantes se muestra incapaz de gestionar con eficacia sus propios procedimientos. Durante las últimas semanas, los autónomos han vuelto a comprobarlo con indignación. El sistema de regularización de cuotas y la subida aplicada a determinados colectivos han generado una sensación de arbitrariedad y desconcierto. Mientras el Gobierno promete estabilidad a unos, impone incrementos importantes a otros. Mientras se habla de simplificar trámites, se multiplican las notificaciones, las rectificaciones y las interpretaciones contradictorias.

Uno de cada tres autónomos, especialmente los societarios y los familiares colaboradores, afronta este año un incremento notable de sus cuotas. Muchos descubrieron la subida sin previo aviso claro, pese a que el Ejecutivo había trasladado meses antes la idea de que las bases mínimas quedarían congeladas. El resultado ha sido una mezcla de enfado, inseguridad y desconfianza hacia una Administración que parece cambiar las reglas sobre la marcha.

Ese clima de malestar explica por qué la regularización extraordinaria despierta sentimientos encontrados incluso entre quienes la apoyan. Nadie discute seriamente que España necesita inmigración. Nadie puede sostener, con datos en la mano, que la economía puede prescindir de cientos de miles de trabajadores que ya están presentes en ella. Pero muchos se preguntan si el Estado será capaz de gestionar un proceso de esta magnitud sin repetir los errores habituales: saturación, retrasos, desigualdades territoriales y frustración.

Existe además otro elemento incómodo que el Gobierno ha intentado evitar en su relato oficial. La regularización no afecta a todos por igual. Algunos colectivos han quedado fuera o afrontan mayores dificultades para demostrar su arraigo, su residencia o la ausencia de antecedentes. El caso de los saharauis es especialmente llamativo. La exclusión de los apátridas del decreto ha generado una fuerte polémica porque deja a miles de personas fuera de una medida concebida, en teoría, para acabar con la invisibilidad y la vulnerabilidad. La regularización, por tanto, no solo corre el riesgo de ser lenta; también puede terminar siendo desigual.

La oposición aprovechará cada uno de esos fallos para denunciar improvisación. Lo hará porque forma parte de la lógica política, pero también porque el Gobierno le ha dejado un terreno fácil. No basta con anunciar una gran medida. Hay que garantizar que funcione. Y para eso no sirven únicamente los discursos sobre humanidad, justicia o integración. Hace falta reforzar plantillas, digitalizar procedimientos, coordinar administraciones y explicar con transparencia qué requisitos existen y cuánto tardará cada expediente.

España lleva demasiados años tratando la inmigración como un fenómeno excepcional, cuando en realidad es una realidad estructural. Cada cierto tiempo aparece una nueva regularización, una nueva polémica y un nuevo atasco burocrático. Después el país vuelve a olvidarse del problema hasta la siguiente crisis. Mientras tanto, cientos de miles de personas continúan viviendo entre dos mundos: indispensables para la economía, pero invisibles para la ley.

La regularización aprobada ahora puede convertirse en una oportunidad histórica. Si se gestiona bien, permitirá aflorar empleo, aumentar la recaudación, reducir la explotación laboral y ofrecer estabilidad a sectores económicos enteros. También enviará un mensaje claro: España reconoce por fin que necesita a quienes ya están aquí.

Pero si se gestiona mal, el resultado será devastador. No solo porque miles de personas seguirán atrapadas en la irregularidad, sino porque la ciudadanía volverá a confirmar una sospecha cada vez más extendida: que el Estado promete mucho más de lo que puede cumplir. Y cuando esa desconfianza se instala, no afecta únicamente a una medida concreta. Acaba contaminando la relación entre los ciudadanos y las instituciones.

El verdadero desafío no es decidir si España debe regularizar a cientos de miles de inmigrantes. La respuesta es sí, porque la economía, la demografía y la simple lógica lo exigen. El verdadero desafío consiste en demostrar que el país sabe gobernar esa necesidad sin improvisar, sin colapsar y sin convertir una decisión imprescindible en otra demostración de impotencia administrativa.