Hay decisiones políticas que se anuncian con apariencia de trámite administrativo, pero que en realidad encierran una declaración moral de enorme alcance. La exclusión de los apátridas de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno pertenece a esa categoría. En un país donde la política migratoria suele discutirse entre cifras, porcentajes y previsiones demográficas, el caso de los saharauis obliga a mirar de frente algo mucho más incómodo: qué ocurre cuando un Estado decide que existen personas cuya historia puede ser ignorada porque resulta inconveniente.

La regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo pretende beneficiar a cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en España en condiciones de invisibilidad jurídica. Sobre el papel, la medida se presenta como una respuesta pragmática a una realidad que ya existe. Son personas que están aquí, que forman parte de la economía, que sostienen sectores enteros con su trabajo y que, sin embargo, continúan atrapadas en la precariedad legal. El Gobierno defiende que darles papeles es también darles derechos, estabilidad y una oportunidad.

Sin embargo, en el momento en que se excluye expresamente a los apátridas, la medida deja de ser universal y comienza a exhibir sus grietas. Y esas grietas tienen un rostro muy concreto: el de miles de saharauis que viven en España sin nacionalidad reconocida, sin protección efectiva y sin la posibilidad de acogerse a un proceso que, paradójicamente, parecía diseñado para quienes se encuentran precisamente en la situación más vulnerable.

Los saharauis constituyen uno de los colectivos más singulares de la historia contemporánea española. No son extranjeros en el sentido convencional del término. Tampoco son inmigrantes recientes desvinculados de nuestro pasado. Son, en gran medida, los herederos de una responsabilidad histórica que España nunca ha querido resolver del todo. El Sáhara Occidental fue provincia española hasta 1975. Durante décadas, sus habitantes tuvieron documentación española, educación española, administración española y una relación política y jurídica directa con el Estado español. Cuando España abandonó el territorio, dejó también atrás a una población entera atrapada entre una descolonización inconclusa, la ocupación marroquí y la indiferencia internacional.

Desde entonces, los saharauis viven suspendidos en una anomalía. Muchos no poseen una nacionalidad reconocida. Otros tienen documentos emitidos por autoridades que España no reconoce plenamente. Y casi todos arrastran la consecuencia más cruel de la apatridia: no pertenecer formalmente a ningún lugar. En términos burocráticos, la apatridia significa no tener un pasaporte válido, no poder acreditar un origen estatal y depender de un laberinto administrativo constante. En términos humanos, significa vivir permanentemente a prueba.

Por eso resulta tan difícil aceptar el argumento técnico con el que el Gobierno intenta justificar su exclusión. Se dice que la regularización exige documentos oficiales de un país de origen, certificados de antecedentes penales y acreditaciones que los apátridas no pueden presentar. Pero ese razonamiento convierte la falta de Estado en un castigo adicional. Los saharauis quedan fuera precisamente porque no tienen el documento que nunca pudieron tener. Es una trampa circular y profundamente injusta: se les niega la regularización porque son apátridas, cuando precisamente su condición de apátridas debería hacerlos prioritarios.

La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que el propio Estado español reconoce desde hace años la existencia de esta situación. Los tribunales, las oficinas de extranjería y las organizaciones humanitarias llevan décadas señalando que el caso saharaui no puede tratarse como un expediente migratorio ordinario. España sabe perfectamente quiénes son estas personas, de dónde vienen y por qué carecen de documentación. Sabe también que muchos de ellos llegaron huyendo de la pobreza extrema, de la falta de futuro en los campamentos de refugiados o de una vida suspendida entre Argelia, el desierto y la espera interminable de una solución política que nunca llega.

La decisión del Gobierno, por tanto, no parece responder únicamente a una cuestión administrativa. Tiene un evidente trasfondo político. Desde que Pedro Sánchez decidió en 2022 respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la posición española respecto al pueblo saharaui ha cambiado de forma drástica. La relación con Marruecos se ha convertido en una prioridad absoluta, hasta el punto de que cualquier gesto que pueda interpretarse en Rabat como una concesión a los saharauis parece haber quedado descartado.

La exclusión de los apátridas encaja perfectamente en esa lógica. Reconocer a los saharauis dentro de la regularización habría supuesto admitir, aunque fuera implícitamente, que existe un colectivo específico cuya situación deriva de una deuda histórica española. También habría implicado aceptar que la cuestión saharaui no puede reducirse a un problema diplomático entre Madrid y Rabat, sino que tiene una dimensión ética y jurídica que afecta directamente a España.

El Gobierno ha preferido evitar ese debate. Ha escogido la solución aparentemente más cómoda: borrar a los saharauis de la fotografía. En un decreto pensado para ofrecer una salida a los invisibles, se ha dejado fuera precisamente a quienes llevan más tiempo viviendo en la invisibilidad.

Lo más llamativo es que esta exclusión no solo ha provocado críticas en la oposición o en las asociaciones prosaharauis. También ha generado incomodidad dentro de la propia izquierda. Sectores de Sumar, diputados cercanos a la causa saharaui y parte del electorado progresista consideran que esta decisión contradice el discurso de derechos humanos que el Gobierno reivindica en otros ámbitos. Resulta difícil defender una política migratoria humanitaria mientras se excluye al colectivo más indefenso de todos.

La contradicción es todavía más evidente porque España mantiene con el pueblo saharaui una relación emocional y social muy intensa. Durante décadas, miles de familias españolas han acogido a niños saharauis en verano. Existen asociaciones de apoyo en casi todas las comunidades autónomas. Hay municipios hermanados con los campamentos de Tinduf, voluntarios, cooperantes y generaciones enteras de ciudadanos que sienten la causa saharaui como una cuestión cercana. Pocas realidades internacionales despiertan en España un vínculo tan transversal.

Ese vínculo, sin embargo, parece no existir cuando la política exterior entra en escena. Entonces la empatía se sustituye por el cálculo. Y el cálculo conduce siempre al mismo lugar: no incomodar a Marruecos.

El problema de esa estrategia es que no solo sacrifica a los saharauis. También erosiona la credibilidad del propio Gobierno. Porque un Ejecutivo puede defender que necesita mantener una relación estable con Rabat por razones geopolíticas, migratorias o económicas. Puede incluso argumentar que la cooperación con Marruecos es imprescindible para controlar las fronteras o garantizar la estabilidad regional. Lo que no puede hacer es fingir que determinadas decisiones son puramente técnicas cuando en realidad responden a una elección política.

La honestidad exigiría reconocer que la exclusión de los apátridas no es un accidente administrativo, sino una renuncia deliberada. Una renuncia a asumir responsabilidades históricas. Una renuncia a proteger a quienes dependen exclusivamente de la voluntad del Estado español. Y, sobre todo, una renuncia a sostener el discurso de los derechos humanos cuando entra en conflicto con los intereses diplomáticos.

Todavía hay margen para rectificar. Diversos grupos parlamentarios han planteado iniciativas para incluir a los saharauis en el proceso de regularización o para facilitarles el acceso a la nacionalidad española. Son propuestas imperfectas, pero al menos parten de una premisa básica: el pueblo saharaui no puede seguir siendo tratado como un residuo burocrático.

La solución no requiere inventar un mecanismo completamente nuevo. Bastaría con reconocer que la situación de los saharauis exige un tratamiento excepcional, precisamente porque excepcional fue también la relación histórica entre España y el Sáhara Occidental. Existen precedentes legales, informes jurídicos y voluntad social suficiente para hacerlo. Lo que falta es voluntad política.

Y esa voluntad política depende, en última instancia, de una pregunta incómoda: cuánto está dispuesto a sacrificar el Gobierno para preservar su nueva alianza con Marruecos. Porque si el precio consiste en abandonar a miles de personas a una vida sin papeles, sin derechos y sin horizonte, entonces no estamos ante una simple decisión de política migratoria. Estamos ante una forma de desmemoria.

Las democracias no se definen únicamente por las leyes que aprueban, sino también por las personas a las que deciden proteger. Los saharauis llevan medio siglo esperando que España deje de mirar hacia otro lado. Cada generación de dirigentes ha prometido comprensión, sensibilidad o compromiso. Ninguna ha resuelto el problema.

Ahora, cuando el Gobierno tenía la oportunidad de corregir una injusticia evidente, ha optado por profundizarla. Ha decidido que los apátridas no cuentan. Que quienes no tienen un Estado detrás tampoco merecen el amparo del nuestro.

Pero hay una verdad que ningún decreto puede borrar: España tiene una deuda pendiente con el pueblo saharaui. Y cuanto más tiempo siga ignorándola, más evidente será que no estamos ante un olvido, sino ante una elección.