La ONU saca los colores al Estado español sobre su incumplimiento en materia de derechos humanos

altLa embajadora española en la ONU, Ana Menéndez, se escudó en razones políticas y  negó la evidencia y los testimonios de cientos de víctimas del franquismo, para justificar el incumplimiento de los tratados internacionales.

 

 

 

La embajadora española en la ONU, Ana Menéndez, se escudó en razones políticas y  negó la evidencia y los testimonios de cientos de víctimas del franquismo, para justificar el incumplimiento de los tratados internacionales.

 

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La semana pasada, durante los días 10 y 12 de septiembre de 2014, representantes de las Plataformas madrileña, vasca y andaluza de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo presenciaron la lectura de los Informes del Relator Especial por la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dentro del 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,en Ginebra. También pudieron asistir a la intervención de la Embajadora de España en la ONU, Ana Menéndez, que representaba al gobierno español en ambas sesiones

 

El miércoles 10, durante la intervención del Relator Especial, un grupo de unas 50 personas se reunía en la Plaza de las Naciones (alrededores de la Sede de Naciones Unidas), en una concentración convocada por el Collectif suisse contre l’impunité des crimes franquistes , para mostrar su apoyo a las víctimas de la dictadura y a la causa 4591/2010.

 

Fue el viernes 12 cuando Ariel Dulitzky, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias,  expuso su Informe. En el resumen que hizo destacó que hay una falta de esfuerzo institucional por dar con el paradero de las

 

víctimas, insistió en que lo que hay que hacer es abrir fosas para cerrar heridas y que es necesaria la implicación de los Estados en la búsqueda. También valoró algunos avances en política memorialista en Cataluña y Andalucía, pero especificó que las iniciativas llevadas en estas Comunidades Autónomas deben ser adoptadas por el Gobierno español. Por último, celebró el encuentro de la Presidenta de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, con su nieto Guido (nieto 114 encontrado en Argentina), acontecimiento que demuestra que es posible encontrar a los desaparecidos, a pesar del tiempo transcurrido, cuando hay voluntad de hacerlo.

 

La respuesta de Ana Menéndez, de igual modo que el día 10, no fue sorprendente para los conocedores de la posición inmovilista del Gobierno del Estado español, pero no por eso dejó de ser indignante, ya que tan sólo fue una penosa crítica al Informe del Grupo de trabajo y un negacionismo de los hechos. La Embajadora comunicó que se publicarán en breve los comentarios del Estado español como un  anexo al Informe, pero quería adelantar una críticaen cuanto al excesivo ámbito competencial con que el Grupo de Trabajo ha desarrollado su informe, tanto desde el punto de vista material como temporal […] no es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de las Naciones Unidas”. Lo que las víctimas respondemos a la señora Menéndez es que todavía hay familiares vivos de esos desaparecidos, que los buscan, y que por mucho tiempo que pase desde el inicio de su desaparición, el delito cometido y el dolor de los familiares (también víctimas) no cesa hasta saber el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, la falta de sensibilidad de nuestro gobierno hace que su representante en Naciones Unidas se atreva a hacer esas declaraciones. Especificó, además, que su gobierno no comparte todas las recomendaciones del Informe porque “las considera inaplicables e incompatibles con el estado de derecho que rige en España”.

 

Aseguró que había medidas que ya habían sido tomadas, como la elaboración del mapa de localizaciones de fosas y la existencia de un servicio de atención ciudadana, aunque este servicio había cambiado su formato por “razones de eficiencia presupuestaria”. Sin embargo, estas razones, argumentamos las víctimas, son las que han clausurado de hecho dicho servicio. Según la Embajadora, otras recomendaciones del Grupo del Trabajo se tendrán en cuenta para su aplicación: la tipificación del delito de desaparición forzada como un delito autónomo dentro de la reforma del Código Penal, que se discute actualmente en el Parlamento; y se valorará la inclusión de materias de Derechos Humanos en los programas de formación de funcionarios públicos, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en la Carrera Judicial. Lo que es terrible es que la implementación de esta medida todavía la tenga que valorar el Estado español después de 37 años de democracia, forma de estado supuestamente basada en el respeto a los Derechos Humanos.

 

Las víctimas se sienten burladas cuando la señora Menéndez dijo que “no existe ningún impedimento legal para acceder a cualquier clase de archivos en relación con los desaparecidos de la guerra civil”, y que el único problema que esperan solucionar es informar al público sobre cómo acceder a esos archivos. Una clara descarga de responsabilidad por parte del Estado al culpar indirectamente a los familiares de las víctimas de no saber buscar información. Aun no existiendo, según la Embajadora, ese impedimento legal, sí hay barreras más o menos complejas dependiendo de la voluntad del funcionario que atienda al público. En cualquier caso, ¿qué ocurre con las víctimas posteriores a la Guerra Civil?, ¿qué ocurre con los archivos privados?, ¿cuándo el gobierno español instará a la Iglesia a que abra sus archivos?

 

La Embajadora volvió a repetir todo lo dicho sobre la Ley de Amnistía el día 10 al Relator Especial Pablo de Greiff, y de nuevo aludió al olvido y al perdón como vía de reconciliación, obviando que lo realizado en 1977, fuera o no correcto, no es el punto de debate en el 2014.  Sería interesante preguntar a la Embajadora qué le parece la decisión de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de anunciar la nulidad de la Ley de Amnistía promulgada por Pinochet. El tiempo pasa pero no es óbice para hacer Justicia si hay voluntad de hacerlo.

 

Dejó Ana Menéndez para el final la parte que con más estupefacción han recibido las víctimas, citando las palabras del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el Parlamento hace unos días: “tenga por seguro que ni el actual Gobierno y ningún otro nunca, absolutamente nunca, se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea, de la más incivil de las guerras que es la guerra civil y sus familiares estén demandando su localización y su entierro”. Tenga por seguro, señora Menéndez y el Gobierno que representa –declaran la víctimas-, que eso es lo que les deseamos, que nunca puedan conciliar el sueño hasta que cada uno de los desaparecidos tenga su identidad recuperada: que los que yacen en las fosas puedan ser enterrados dignamente  con su nombre en una lápida; y que los niños desaparecidos durante décadas puedan conseguir saber quiénes son y recuperar su identidad robada.

 

La jornada del viernes 12 finalizó con la celebración del evento paralelo “78 años de impunidad y dolor, deuda histórica con la memoria de las víctimas”, organizado por Iratxe Urizar, de la Fundación Egiare Zor. De la Coordinadora Estatal de Ceaqua participó Josu Ibargutxi (Goldatu y asociaciones memorialistas vascas) y Paqui Maqueda de la Plataforma andaluza. Se contó con la participación de Pablo de Greiff.

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