Dos años y tres meses de cárcel. Esa es la condena que el Departamento de Interior de la Generalitat pide para una pareja acusada de un delito de “atentado a la autoridad” por lesionar (de manera leve) a agentes de los Mossos de Esquadra que se hicieron cargo del desahucio -en julio de 2011 y por orden judicial- del piso de alquiler que habitaban en el barrio barcelonés del Clot.
Durante el pleno ordinario de este 9 de noviembre en el Parlament de Catalunya (en el cual se debatió el proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial y siguió adelante su tramitación, lo que implica proteger el derecho a la vivienda de ciudadanos en riesgo de exclusión social), el diputado de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, se refirió al caso para pedir al gobierno catalán que se retirase como acusación particular en contra de la pareja y advertir que su grupo apoyará a los acusados una vez empiecen los trámites. Y es que, además, otros tres activistas que se mobilizaron para evitar el desahucio se enfrentan a condenas de hasta cinco años y tres meses de cárcel, según pide la Generalitat; o dos años, según pide la fiscalía (que también rebajaría la sanción de la pareja a tan solo una multa). El juicio se celebraría a mediados de diciembre en un juzgado penal de Barcelona.
El escrito de acusación de la Generalitat cuenta que la mañana de los hechos, alrededor de setenta personas se concentraron “con intención de alterar la paz pública” y “obstaculizaron las vías públicas y la portería» para evitar el desahucio de la pareja y su hijo. Continúa el escrito asegurando que uno de los acusados roció a un agente con un extintor, mientras que otro golpeó a un agente en la espalda y le dió patadas cuando estaba en el suelo, y el tercero pisó fuertemente a otro Mosso en el pie. Lo que hicieron los inquilinos del piso -según el mismo escrito- fue mover la escalera que las fuerzas de seguridad habían colocado para acceder al piso desde fuera, y una vez dentro del inmueble empujaron a un Mosso, que cayó al suelo.
La nueva ley en materia de vivienda a la que ayer dió el pistoletazo de salida el Parlamento catalán -y con la que presenta alternativas a los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley anterior- propone (entre otras cosas) algunas medidas en pro de casos como los de la pareja acusada: un alquiler social para las familias desfavorecidas de tres años y ampliable a seis; teniendo en cuenta que el TC anuló el alquiler social obligatorio de forma indefinida.
