Ceuta: la infancia que ningún Estado quiere mirar
Hay una escena de Ciudad de Dios que permanece en la memoria incluso muchos años después de haber visto la película. Un grupo de niños juega con armas que pesan casi tanto como ellos. No parecen niños jugando a ser adultos. Lo son. Han aprendido demasiado pronto que en el lugar donde viven nadie va a venir a decirles que pueden dedicarse a otra cosa.
Fernando Meirelles no necesitó inventar demasiado para contar aquella historia. La película mostraba la violencia de las favelas de Río de Janeiro, pero, sobre todo, mostraba algo anterior a la violencia: el vacío. Cuando el Estado desaparece de un territorio, alguien ocupa su lugar. Y cuando quienes quedan abandonados son niños, las consecuencias suelen ser todavía más brutales.
La comparación con Ceuta exige todas las cautelas posibles. Ceuta no es una favela brasileña y España no es el Brasil de las décadas que retrata la película. Las diferencias son enormes. Pero hay mecanismos que no entienden de fronteras. Uno de ellos es sencillo de entender: un menor desprotegido no permanece indefinidamente en un vacío. Tarde o temprano, alguien ocupa ese espacio.
Eso es lo que debería preocupar después de lo ocurrido en Ceuta a finales de julio.
Tras el cruce masivo, la ciudad volvió a enfrentarse a una situación que ya conoce: menores extranjeros no acompañados que desbordan la capacidad de acogida disponible y terminan en la calle, en plazas, en los alrededores de los centros de protección o en cualquier lugar donde puedan pasar la noche.
El centro de protección de menores dispone de veintinueve plazas. Veintinueve.
El problema deja de ser administrativo cuando se pone esa cifra delante de la realidad. No hacen falta demasiadas explicaciones. Si llegan cientos de menores y existen veintinueve plazas, el sistema no está simplemente saturado. Ha dejado de tener capacidad para cumplir aquello que, en teoría, está obligado a garantizar.
Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿quién cuida de un niño cuando el Estado no puede hacerlo?
La calle como tutora
Sobre el papel, el sistema español ofrece una respuesta bastante clara. Cuando se identifica a un menor extranjero no acompañado, la administración debe asumir su tutela y garantizar su protección. No debería limitarse a proporcionarle un techo. Debería existir una intervención educativa, una valoración de su situación, atención a sus necesidades emocionales y un itinerario que permita reconstruir una vida que, en muchos casos, ya venía marcada por la precariedad, la violencia o el abandono.
España tiene leyes, procedimientos, jueces, administraciones y organismos encargados de supervisar que todo eso se cumpla.
El problema aparece cuando la realidad supera la capacidad material del sistema.
Una plaza no es solamente una cama. Es un educador. Es seguimiento. Es alimentación. Es atención sanitaria. Es documentación. Es escuela. Es tiempo. Es alguien que sabe quién es ese menor, qué le ha ocurrido y qué necesita. Cuando las plazas desaparecen porque ya están ocupadas, desaparece también buena parte de esa estructura.
Entonces el niño queda esperando.
Y esperar en la calle no es una situación neutra.
Un adolescente que pasa días o semanas sin una referencia adulta estable se encuentra en una posición extraordinariamente vulnerable. Puede ser víctima de explotación, de trata, de violencia o de redes de delincuencia que saben perfectamente dónde encontrar a quienes nadie está protegiendo.
No hace falta convertir cada menor que duerme en la calle en un futuro delincuente. Sería injusto y, además, falso. Lo que sí puede afirmarse es algo mucho más sencillo: cuanto mayor es la desprotección, mayor es la oportunidad para quien pretende aprovecharse de ella.
La infancia abandonada no permanece congelada mientras la administración busca una solución.
La calle también educa.
Y lo hace según sus propias reglas.
El Estado que llega tarde
En Ciudad de Dios, el barrio acaba desarrollando sus propias jerarquías porque las instituciones han dejado demasiado espacio vacío. Los niños aprenden quién manda, quién protege y quién puede ofrecerles dinero, reconocimiento o una pertenencia que no encuentran en otro sitio.
Ese es uno de los elementos más inquietantes de la película. La violencia no aparece de repente. Se aprende. Se normaliza. Se transmite.
Primero aparece el abandono. Después llegan quienes saben aprovecharlo.
Ceuta no está ahí. Ni mucho menos. Pero sería un error pensar que la distancia entre ambas realidades hace imposible cualquier paralelismo.
La diferencia fundamental es que en España existen instituciones capaces de actuar. Precisamente por eso resulta más difícil aceptar que, cuando llega un episodio migratorio extraordinario, esas instituciones puedan quedarse sin recursos suficientes para hacerlo.
El Defensor del Pueblo lleva años insistiendo en una idea elemental: antes que extranjeros, estos menores son niños. Las resoluciones judiciales y los organismos internacionales han establecido también garantías específicas para su protección.
La legislación existe.
Lo que falla es la capacidad de aplicarla cuando la realidad desborda los recursos disponibles.
Y ahí aparece una contradicción que debería resultar insoportable: un sistema diseñado para proteger a los menores funciona mientras el número de menores que necesita protección permanece dentro de unos límites razonables. Cuando la cifra aumenta bruscamente, precisamente cuando la vulnerabilidad es mayor, el sistema se rompe.
Eso no es protección. Es capacidad administrativa condicionada a que el problema permanezca dentro de unos márgenes cómodos.
Una infancia que desaparece de las estadísticas
Hay otro detalle todavía más difícil de digerir.
Tras la tragedia de finales de julio, con al menos 72 personas fallecidas durante la travesía, ni siquiera estaba claro cuántos de los muertos eran menores. El propio delegado del Gobierno reconoció que no disponía de ese dato.
La frase debería detener cualquier discusión durante unos segundos.
No sabemos cuántos niños murieron.
En una época obsesionada con contabilizarlo todo, desde las llegadas a las costas hasta las cifras de ocupación hotelera, resulta difícil asumir que la edad de quienes pierden la vida pueda quedar relegada a una casilla sin rellenar.
Pero quizá esa ausencia de datos tenga algo de simbólico.
Cuando una persona aparece en una estadística migratoria, deja de ser individuo. Cuando además es menor, existe el riesgo de que desaparezca incluso esa condición y termine reducida a una cifra dentro de un fenómeno mucho más grande.
Un menor que llega solo no es un «flujo migratorio».
Es un menor.
Y esa diferencia no es semántica. Determina qué obligaciones tiene el Estado frente a él.
El problema no empieza en Ceuta
También conviene evitar una tentación bastante habitual: pensar que el problema comienza cuando el menor cruza una frontera.
No es así.
La frontera es solamente el momento en que el problema se vuelve visible.
Muchos de estos adolescentes han llegado hasta allí después de recorrer enormes distancias, atravesar países, separarse de sus familias o abandonar lugares donde no encontraban una expectativa de futuro. No todos tienen la misma historia y sería absurdo meterlos a todos en el mismo relato.
Pero hay algo que comparten: han llegado hasta un territorio europeo siendo menores y, en muchos casos, sin un adulto responsable que los acompañe.
Desde ese instante, la respuesta del Estado deja de ser una cuestión de generosidad.
Es una obligación.
Y precisamente por eso resulta tan peligroso convertir cada crisis migratoria en una excepción. Si cada llegada masiva obliga a improvisar, si cada saturación vuelve a dejar a menores durmiendo fuera de los centros, si cada episodio obliga a repartirlos de urgencia entre territorios que tampoco disponen siempre de recursos suficientes, entonces no existe una política de protección preparada para la realidad.
Existe un sistema que reacciona cuando ya ha ocurrido el desastre.
Lo que Ciudad de Dios advirtió hace veinte años
Hay algo especialmente incómodo en volver a Ciudad de Dios después de tantos años.
La película no cuenta únicamente cómo unos niños terminan empuñando armas. Cuenta cómo llegan hasta ahí.
Ninguno nace sabiendo disparar. Ninguno nace convertido en delincuente. Antes de la pistola hubo un entorno, una ausencia, una oportunidad perdida y alguien dispuesto a aprovecharse de todo ello.
La película muestra la violencia, pero también muestra su fabricación.
Por eso la comparación con Ceuta no debería servir para afirmar que la ciudad está destinada a convertirse en una favela. No lo está. Tampoco sería justo ignorar el trabajo de los profesionales y de las instituciones que intentan atender a esos menores en condiciones que, en ocasiones, resultan extraordinariamente difíciles.
La advertencia es otra.
Un Estado no demuestra que protege a los menores cuando tiene recursos de sobra y todo funciona con normalidad. Lo demuestra cuando llegan más niños de los que esperaba. Cuando faltan camas. Cuando faltan educadores. Cuando las previsiones fallan. Cuando la situación deja de ser manejable.
Es entonces cuando se descubre si la protección era una estructura real o simplemente un conjunto de procedimientos preparados para tiempos tranquilos.
Ceuta ha vuelto a colocar esa pregunta delante de España.
Y quizá convendría responderla antes de que vuelva a producirse otra emergencia.
Porque un niño que duerme en la calle no está esperando únicamente una cama. Está esperando que alguien ocupe el lugar que debería haber ocupado el Estado desde el primer momento.
Si ese lugar permanece vacío demasiado tiempo, alguien terminará ocupándolo.
La única cuestión es quién.
