Hay una escena de Ciudad de Dios que resulta difícil de olvidar. Un grupo de niños sostiene armas que parecen demasiado grandes para sus cuerpos. Algunos apenas han dejado atrás la infancia y ya saben manejar una pistola. No juegan a ser adultos porque les divierta. Han aprendido demasiado pronto que, en el lugar donde viven, nadie les ha reservado otro papel.
Fernando Meirelles no inventó aquella infancia. La película mostraba la violencia de las favelas de Río de Janeiro, pero debajo de las armas había algo todavía más importante: el vacío. Allí donde el Estado deja de estar presente, alguien termina ocupando su lugar. Y cuando quienes quedan dentro de ese vacío son niños, el resultado puede ser devastador.
Comparar aquella realidad con Ceuta exige cautela. Ceuta no es una favela y España no es el Brasil que retrata la película. Las diferencias son enormes. Pero hay una idea de Ciudad de Dios que sí puede trasladarse mucho más allá de Río de Janeiro: un niño abandonado por las instituciones no permanece indefinidamente en tierra de nadie. Alguien acaba ocupando ese espacio.
Y eso es precisamente lo que debería preocupar después de lo ocurrido en Ceuta a finales de julio.
La ciudad volvió a enfrentarse a una situación que ya conoce: menores extranjeros no acompañados que desbordan la capacidad de acogida disponible y terminan en la calle, en plazas, en los alrededores de los centros de protección o en cualquier lugar donde puedan pasar la noche. El centro de protección dispone de veintinueve plazas.
Veintinueve.
Cuando se coloca esa cifra junto a la realidad de una llegada masiva de menores, el problema deja de ser una cuestión de gestión administrativa. Si hay más niños que camas, más menores que educadores y más necesidades que recursos, el sistema deja de poder hacer aquello para lo que fue creado.
Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿Quién cuida de un niño cuando el Estado no puede hacerlo?
La calle como tutora
Sobre el papel, España tiene una respuesta clara. Cuando un menor extranjero no acompañado es identificado, la administración debe asumir su tutela y garantizar su protección. No se trata únicamente de proporcionarle un lugar donde dormir. Se trata de ofrecerle atención educativa, sanitaria y psicológica, escolarización, acompañamiento y una referencia adulta.
Existe un sistema jurídico e institucional para ello. El problema aparece cuando ese sistema se queda sin capacidad para funcionar.
Una plaza no es solamente una cama. Es un educador, seguimiento, atención médica, documentación, escuela y alguien que conoce al menor. Cuando no hay plaza, todo eso se vuelve mucho más difícil.
Un adolescente que pasa días o semanas sin una referencia adulta estable se encuentra en una situación extraordinariamente vulnerable. No porque todos los menores que viven en la calle vayan a convertirse en delincuentes, sino porque cualquiera que quiera explotarlos sabe perfectamente dónde encontrarlos.
Puede aparecer una red de trata. Alguien que ofrece dinero. Un adulto que promete protección. La pequeña delincuencia que conoce las vulnerabilidades de los menores y sabe aprovecharlas.
No hace falta esperar a que aparezcan las armas para hablar de fracaso. El fracaso empieza mucho antes: cuando un niño duerme en la calle y nadie sabe qué hacer con él.
El problema no empieza en Ceuta
Pero hay una precisión fundamental.
El problema no empieza en Ceuta.
La mayoría de los menores no acompañados que llegan a la ciudad autónoma son marroquíes. No estamos hablando necesariamente de grandes trayectos migratorios atravesando continentes. Muchos son adolescentes que viven situaciones de exclusión, que han pasado tiempo en las calles de Marruecos o que han decidido intentar llegar a España buscando una vida que no imaginan posible en su lugar de origen.
La frontera no crea esa desprotección. La hace visible.
Marruecos dispone de mecanismos de protección de la infancia y en los últimos años ha impulsado programas para reforzarlos. Pero su capacidad de respuesta presenta carencias importantes, especialmente ante menores vulnerables, en situación de calle o que intentan emigrar solos.
Y ahí aparece una responsabilidad que suele desaparecer del debate cuando el menor pisa suelo español: la de Marruecos.
Que un adolescente esté ahora en Ceuta no significa que Marruecos deje de tener responsabilidad sobre las condiciones que han contribuido a que ese menor termine allí.
Marruecos debe proteger a sus menores mientras están en su territorio. España debe protegerlos desde el momento en que están bajo su jurisdicción. Una responsabilidad no cancela la otra.
Una frontera desplazada hacia el sur
Durante años, España y la Unión Europea han convertido a Marruecos en una pieza fundamental de su política migratoria. Se le han reclamado controles fronterizos más eficaces, vigilancia de sus costas y cooperación para impedir que quienes intentan llegar a Europa alcancen territorio español.
Y esa política ha conseguido algo evidente: la frontera europea se ha desplazado hacia el sur.
Pero desplazar la frontera no significa resolver el problema.
Significa que parte de lo que antes ocurría en territorio español empieza a ocurrir en territorio marroquí. Las salidas se contienen, los controles se intensifican y la presión migratoria se gestiona antes de que alcance Europa.
Lo que no desaparece es la persona.
En el caso de los menores, la contradicción resulta especialmente evidente. Europa ha conseguido que Marruecos desempeñe un papel cada vez mayor como barrera migratoria, pero esa cooperación no ha ido acompañada de una exigencia equivalente en materia de protección de la infancia.
Se ha hablado mucho de cuántos menores consiguen llegar a España y mucho menos de cuántos viven en Marruecos en condiciones que los empujan a intentarlo.
La cooperación migratoria ha servido, en buena medida, para desplazar el problema unos kilómetros hacia el sur.
Y que un niño no cruce la frontera no significa que esté protegido. Puede significar, sencillamente, que ha quedado al otro lado.
El mismo mecanismo, distinto escenario
En Ciudad de Dios, los niños no aparecen armados de la nada. Primero está el abandono. Después la calle. Después alguien que ofrece pertenencia, dinero, poder o protección. Finalmente llega la violencia.
Ceuta no es Ciudad de Dios. España no es Brasil. Y sería absurdo afirmar que los menores que hoy duermen en las calles de Ceuta están destinados a convertirse en delincuentes.
Pero sería igualmente absurdo pensar que la desprotección no produce consecuencias.
Un niño sin familia, sin escuela, sin un adulto de referencia y sin un lugar donde dormir no está esperando tranquilamente a que una administración termine de organizarse. Está expuesto. Y cuanto más tiempo permanezca expuesto, mayor es el espacio que queda para quien quiera aprovecharse de él.
Ahí está el verdadero paralelismo.
No en las favelas. No en las armas. No en la violencia.
En el vacío.
Una infancia que también desaparece de las estadísticas
Hay otro detalle especialmente inquietante en lo ocurrido a finales de julio.
Tras la tragedia de la travesía, con al menos 72 personas fallecidas, ni siquiera estaba claro cuántos de los muertos eran menores. El delegado del Gobierno reconoció que no disponía de ese dato.
La frase merece detenerse en ella.
No sabemos cuántos niños murieron.
En una época obsesionada con contabilizarlo todo, resulta difícil asumir que la edad de quienes pierden la vida pueda quedar fuera del recuento.
Pero quizá esa ausencia tenga algo de simbólico.
Cuando una persona aparece convertida en una cifra migratoria, deja de ser individuo. Cuando además es menor, existe el riesgo de que desaparezca incluso esa condición y termine convertido simplemente en una unidad dentro de un fenómeno estadístico.
Un menor que llega solo no es un «flujo migratorio». Es un menor. Y esa diferencia determina qué obligaciones tiene un Estado frente a él.
Lo que Ciudad de Dios ya había advertido
Hay una razón por la que Ciudad de Dios continúa siendo una película incómoda más de veinte años después de su estreno. No es solamente por las armas. Es porque muestra que la violencia contra los niños no empieza cuando alguien les entrega una pistola.
Empieza cuando nadie se ocupa de ellos.
La pistola es el último capítulo. Antes hubo una familia ausente, una escuela que no llegó, un Estado que no estuvo, una calle que terminó convirtiéndose en hogar y un adulto que descubrió que aquel niño podía ser útil.
Esa es la advertencia que conviene trasladar a Ceuta sin exageraciones y sin convertir una ciudad española en una caricatura de una favela brasileña.
No estamos diciendo que Ceuta vaya a convertirse en Ciudad de Dios. Estamos diciendo algo mucho más sencillo: cuando un Estado deja un vacío alrededor de un niño, alguien acaba ocupándolo.
Marruecos debe responder por las condiciones en las que sus propios menores llegan hasta esa frontera. España debe responder por lo que hace —y por lo que no hace— cuando esos menores están ya en su territorio. Y Europa debería responder por una política que ha convertido la contención migratoria en una prioridad mucho más visible que la protección de la infancia.
Ninguna de esas responsabilidades cancela las otras.
Un niño no deja de ser responsabilidad de Marruecos porque haya llegado a España. Y tampoco deja de ser responsabilidad de España porque Marruecos no haya sabido protegerlo.
El menor queda atrapado precisamente en medio de esa cadena.
Y ahí está el verdadero problema.
No en la frontera. No en la cifra. No siquiera en el debate migratorio.
En un niño que consigue llegar hasta un Estado que tiene la obligación legal de protegerlo y descubre que tampoco hay sitio para él.
Entonces la pregunta deja de ser quién tiene la culpa de que haya llegado. La pregunta es quién estará allí cuando ya no quede nadie más.
Porque si la respuesta vuelve a ser la calle, el Estado no habrá resuelto el problema. Simplemente habrá dejado que otro lo resuelva por él.
