GALLARDON EL JUSTO

altPoco se ha sabido hasta ahora sobre la Administración de Justicia en este país. Los ciudadanos la desconocen y la prensa apenas le presta atención, a no ser que se impute a algún

 

 

Texto: Sonia Gatius López Fotos: Francesc Sans.

Poco se ha sabido hasta ahora sobre la Administración de Justicia en este país. Los ciudadanos la desconocen y la prensa apenas le presta atención, a no ser que se impute a algún personaje de renombre. No obstante, en la Administración de Justicia y desde la llegada a Ministro de Alberto Ruiz-Gallardón, muchas cosas han sucedido que han sido perversamente ocultadas. Es hora de descubrir que está pasando.

 

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Si algo caracteriza a Gallardón es su ambición, quizás por eso en un solo año ha llevado a cabo más reformas que ningún otro ministro en un periodo tan corto de tiempo.

 

Sin dinero y sin recursos para su Ministerio, sólo con la ambición, Gallardón ha conseguido posicionarse en su contra a todos y cada uno de los colectivos que forman parte de la Administración de Justicia: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados y procuradores. Ningún Ministro anteriormente contó con tal privilegio. En un sector tan de castas como es todavía la Administración de Justicia, conseguir aunar a los distintos operadores jurídicos no es para nada una tarea fácil.

 

Creo que no es posible entender lo que está ocurriendo en esta Administración sin conocer la biografía de  Alberto Ruíz Gallardón. Que su propio padre admitiera que en la familia el que verdaderamente era de derechas era Alberto es para echarse  a temblar.

 

En una conversación muy informal con Joan Coscubiela me atreví a preguntarle qué opinión le merecía Gallardón, me respondió que es un tipo que está encantado de haberse conocido. Deduzco que es un personaje con la ambición de estar en la cresta de la ola a costa de lo que sea y para lograr su objetivo dinamita un derecho fundamental y privatiza, por ello, gran parte de la justicia.

 

Con la ley contra el aborto más dura y conservadora de la democracia Gallardón comenzó la contrarreforma que gota a gota restringe derechos a los ciudadanos.

 

En este punto me detengo ante la reforma del Código Penal que criminaliza actividades como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias (el medio por excelencia que la Plataforma de Afectados  por la Hipoteca usa para conseguir detener desahucios o negociar con las entidades) o la convocatoria a manifestaciones a través de las redes sociales.

 

A modo de ejemplo, una sentada pacífica en una entidad bancaria puede conllevar pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. Un castigo tan desproporcionado nos sumerge en un Estado penal.

 

La protesta ya no es un medio de expresión del descontento ciudadano sino una conducta criminal que puede conllevar penas de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses. En el Estado español los manifestantes son ahora objeto de mira del Ministro reformista. No olvidemos tampoco el intento de Gallardón de introducir la cadena perpetua, que ha quedado en principio reducido a la prisión permanente revisable. En definitiva estamos ante el Código Penal más duro de toda Europa.

 

No se acaba aquí la conjura del necio. Si Montesquieu definió la separación de poderes, Gallardón pasa por la guillotina al ilustrado francés para que el Ejecutivo ejerza control casi directo sobre el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de Jueces y Magistrados. El Tercer Estado se desvanece entre el humo y luego se politiza al máximo. ¿Dónde queda la Justicia? En manos del Gobierno. Eso no es precisamente independencia.

 

Y seguimos. Las tasas. Aprobadas en noviembre de 2012 se extienden al ámbito civil, laboral y contencioso-administrativo. Los argumentos de Gallardón son disuadir a quienes “abusan” del uso de la justicia pero la realidad que actualmente vemos todos los funcionarios cada día en los juzgados es que el número de procedimientos ha disminuido ante la imposibilidad de los ciudadanos de hacer frente al pago de tasas para defender sus derechos.

 

Las mujeres víctimas de violencia ya se ven obligadas a pagar una  tasa si quieren divorciarse de su maltratador.  Aberración que como mínimo tiene un coste de 300 euros, más el 0,5% de la cuantía que se reclame. Un ejemplo del coste de un procedimiento podría ser la denuncia contra el banco por preferentes: 940 euros de tasa por reclamar al banco 128.000 euros. Las puertas se abren para una justicia de ricos y otra para pobres. Como el aforismo francés que citó, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia: “El Derecho Civil  sirve para que los ricos puedan robar a los pobres. El Derecho Penal para impedir que los pobres puedan robar a los ricos”.

 

Estamos hablando de un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución:

 

Artículo 24.

 

1.   Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

 

Buscamos  resquicios constitucionales en la Ley de Tasas y no los vemos por ningún lado. Se produce indefensión cuando un ciudadano, por carecer de recursos económicos, no puede obtener la tutela efectiva de los jueces.

 

Gallardón nos encamina a la merma de derechos y a la privatización de la justicia a través de tres vías:

 

En primer lugar. La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles ya aprobada en julio de 2012. Aparecerán de la “nada” un Registro de Mediadores que, entre otras competencias, se encargarán de: asuntos de familia, reclamaciones por seguros, conflictos sucesorios, conflictos mercantiles….eso , previo paso por caja. Para ser mediador no habrá otro requisito que inscribirse y firmar un seguro de 20.000 euros. Según el Ministerio, los Mediadores resolverán con mayor rapidez los conflictos que ahora tardan meses y meses en resolverse en los juzgados. Es una forma de verlo. Otra forma es entender que serán “privatizadas” cuestiones que ahora sólo resolvían de forma autónoma e imparcial jueces y magistrados. ¿Quién nos asegurará la imparcialidad?

 

En segundo lugar. La desaparición del Registro Civil público. El proyecto que maneja el Ministerio de Justicia es traspasar las funciones propias del Registro Civil, a saber, nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y expedientes de nacionalidad, básicamente, a manos de los Registradores de la Propiedad. Lo que ahora es gratuito para todos será de pago y quienes quieran acceder a una certificación de nacimiento deberán pagar. ¿Por qué los Registradores de la Propiedad? Parece una anécdota pero el Presidente del Gobierno y quienes se han encargado de llevar a cabo el borrador de dicho proyecto son  Registradores de la PropiedadEstos verán aumentados sus ingresos en un 1.500%.

 

Además, el anteproyecto dispone que se inscribirán en el nuevo Registro Civil muchos otros actos de la vida civil de las personas, que hoy no se hacen, como son: poderes voluntariosdomicilio voluntario, registros de seguros de vida y accidente, registro de testamentos etc. Parte de estos trámites son ahora realizados de forma gratuita por el Ministerio de Justicia.

 

La inversión en el programa informático del Registro Civil y la digitalización de todos los libros ha costado al erario público un total de 128.862.098 millones de euros según datos del propio Ministerio de Justicia. Una inversión que ahora Gallardón regala  a los registradores de la propiedad. Todo un detalle.

 

La tercera vía de privatización de la justicia es si cabe más perversa. Los actos de comunicación que ahora realizan funcionarios públicos (notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos) pasarán a realizarlos los Procuradores y serán ellos también quienes ejerzan el control de los embargos y las ejecuciones. A día de hoy, el funcionario que con carácter de autoridad realiza un acto de comunicación, está asegurando la legalidad y buena praxis del mismo. En un futuro un colectivo privado, los procuradores, actuarán como si de funcionarios públicos se tratasen pero sin serlo y además siendo parte interesada en los procedimientos judiciales ¿Quién nos asegura esa buena praxis?  ¿Quién asegura la imparcialidad? Nadie puede hacerlo.

 

Entre el regalo a los registradores de la propiedad y el regalo a los procuradores, miles de empleados públicos se verán abocados al desempleo. No es tolerable, no es admisible y Gallardón después de que las propias asociaciones de jueces y fiscales dejaran de considerarle un interlocutor válido, debería haber dimitido pero esto es España y la dimisión no entra en el vocabulario de nuestra clase política.

 

Esta es a día de hoy la realidad de la Administración de Justicia en nuestro país pero al ritmo que va Gallardón nadie nos dice que dentro de unas semanas todo haya empeorado aún más. Ya se sabe que él es de derechas y neoliberal. Nos lo demuestra diariamente.

 

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