El Proyecto Castor ha quedado liquidado sin haber entrado jamás en funcionamiento. El proyectado almacén de gas submarino ubicado junto al delta del Ebro no ha llegado a entrar en funcionamiento tras ser relacionada su construcción con unos 500 seísmos de baja y media magnitud durante el mes de septiembre de 2013.
El Proyecto Castor ha quedado liquidado sin haber entrado jamás en funcionamiento. El proyectado almacén de gas submarino ubicado junto al delta del Ebro no ha llegado a entrar en funcionamiento tras ser relacionada su construcción con unos 500 seísmos de baja y media magnitud durante el mes de septiembre de 2013.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de octubre el pago de una compensación por cese de negocio de 1.350,7 millones de euros a la propietaria del almacén de gas, Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS). Un mes después el dinero ya ha sido abonado a la constructora presidida por el presidente del Real Madrid. La propietaria del yacimiento renunció el pasado verano a la concesión del almacén de gas, poco después se aprobó el decreto ley que le garantiza la millonaria indemnización, a cargo del sistema gasista, y que le permitirá mantener la hibernación de las instalaciones de forma indefinida. El importe de la indemnización se repercutirá a los consumidores de gas a través de la tarifa y durante un período de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros al año.
El Ejecutivo, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo de 2008 -firmado durante el gobierno de Zapatero– que concedía a la concesionaria el derecho a esta indemnización, defiende que este coste será inferior a los 210 millones previstos inicialmente. Aunque Enagas, la gestora del sistema gasista, reconoce que la indemnización se ha incrementado por costes, entre varios conceptos, “de operación y mantenimiento”, que no se especifican. La operación de pago de indemnización “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero” porque no computará como deuda, según ha comunicado el gestor gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Proyecto Castor quedará paralizado hasta que los estudios técnicos así “lo aconsejen o pueda ser desmantelado en condiciones seguras”.
La congelación del Proyecto Castor supondrá de esta forma un coste para los consumidores de 4.731 millones de euros, según cálculos realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta cifra “contribuirá a aumentar aún más, la ya abultada factura que pagan los consumidores españoles“, señalan desde la entidad social. La organización de consumidores ha criticado que “una vez más sean los consumidores los que finalmente tengan que hacer frente a la mala gestión” de las administraciones públicas. “Se socializan las pérdidas de un proyecto claramente perjudicial para el interés público, y que en el caso de haber tenido éxito habría favorecido fundamentalmente al interés privado“. La OCU ha recordado que los consumidores españoles ya se encuentran entre los que más pagan por el gas, “y seguirán escalando posiciones entre los más caros como consecuencia del encarecimiento en la factura que supondrá esta medida” que, además, se une al déficit de tarifa del sector eléctrico que ya pagan los usuarios. Ante esta situación, diversas entidades sociales de la zona afectada por los seísmos han rechazado el pago de la indemnización y demandan a los partidos políticos a impugnarlo ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015.
El almacén de gas se aprobó en 2008 como un depósito estratégico con capacidad para albergar el gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. La concesionaria había comenzado en junio de 2013 a inyectar gas colchón (un volumen mínimo de gas natural de prueba) para comprobar el funcionamiento de la instalación, situada a unos 21 kilómetros de la costa de Castellón y a dos kilómetros de profundidad bajo el mar. Informes oficiales determinaron que esa actividad afectó a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó más de medio millar de seísmos en los alrededores de Vinarós.