El precariado, explotación de nuestro tiempo

Autor: Jean-Pierre Palacio

Ilustración: Ricardo Jurado

Emergente desde finales del siglo pasado, el precariado es una clase social formada por los trabajadores mal pagados y sin ingresos regulares, que son autónomos o alternan períodos de desempleo con contratos de trabajo de corta duración y muchas veces a tiempo parcial. Como el proletario clásico, a menudo asimilado de forma simplista al obrero, el precario no dispone de capital ni de medios de producción (aunque a veces tenga que pagarse su material de trabajo). Si las luchas sociales, el desarrollo de los sindicatos y políticas de corte socialdemócrata habían permitido una mejora progresiva de las condiciones de vida de los trabajadores, la generalización del precariado supone una regresión social que aboca a la pobreza y reduce el porvenir a una mera supervivencia. Las víctimas más frecuentes del precariado son los jóvenes de menos de 30 años, las mujeres y los mayores de 45 años aunque vuelvan a encontrar trabajo después de haber caído en el paro. Favorecido por la parálisis de la izquierda y un individualismo feroz, el discurso de los medios de comunicación presenta el precariado como si fuese una fatalidad. No lo es.

El precariado se ha extendido por todos los países occidentales y se traduce, con el pretexto de mejorar la competitividad de las empresas y de garantizar el bienestar colectivo, en un abandono progresivo y generalizado de los derechos que protegían a los trabajadores. A título indicativo, observemos por ejemplo el contrato de cero horas, implantado en Gran Bretaña desde 1996 y que tiende a ser adoptado en otros países con diversos nombres. Este contrato no estipula horario alguno ni fija la duración de su vigencia. El empleado, que debe estar a disposición de la empresa en cualquier momento del día, recibe una remuneración en función de las horas trabajadas. Según datos oficiales británicos, en 2015 se registraban 2,8 millones de contratos de ese tipo y lo utilizaban una empresa de cada diez. Hablar de semiesclavitud sería seguramente hacer gala de un trasnochado radicalismo de izquierda. Desde la crisis iniciada en 2008, el precariado abarca todos los sectores de actividad, desde los menos cualificados hasta los más especializados, como puede verse en el caso de España.

El ejemplo de España

El precariado sufre las consecuencias materiales y psicológicas de la lacra del desempleo. España es, con Grecia, el país europeo que cuenta con más desempleados (16,7 % de la población activa; 37,9 % para los menores de 25 años). En febrero de 2018, cerca de 280.000 familias tenían a todos sus miembros en paro y más del 40 % de los parados registrados no cobraban prestación alguna. Cierto, el desempleo parece retroceder en los dos últimos años, pero el trabajo que se crea es de pésima calidad. Cada mes se firman alrededor de un millón y medio de contratos, el 40 % de los cuales dura menos de 30 días y apenas 20.000 lo llegan a ser para seis meses o más. Cerca del 40 % de la contratación mensual es a tiempo parcial, situación que penaliza sobre todo a las mujeres.

Con la coartada de la crisis, los sueldos decaen desde hace años. La Vanguardia del 26 de enero publicaba que el sueldo de un joven de 26 años era de promedio un 33 % inferior al que se pagaba en 2008. Un universitario con máster de cada cuatro cobra menos de 1.000 € mensuales y cabe recordar que hace doce años el mileurismo se consideraba la prueba de la degradación de las condiciones salariales. Los sueldos bajos también predominan en las universidades, donde el 60 % del personal gana 800 € al mes o menos. Favorecido por la subcontratación generalizada y el creciente recurso a las empresas de trabajo temporal para ajustar plantillas, el abanico de los trabajos precarios se amplia cada vez más: personal de limpieza (incluidos hoteles de lujo), camareros, agentes de seguridad privada, dependientes de tienda, pero también informáticos, médicos interinos de hospital, investigadores y becarios de todo tipo que, lejos de corresponder a una etapa de formación, constituyen una fuente inagotable de empleos con sueldos miserables. La escasez de trabajo y las sucesivas reformas laborales han permitido abusos variopintos: trabajo a tiempo completo declarado a media jornada, horas extra obligatorias y no pagadas, por no hablar de los falsos autónomos, o sea empleados regulares sin vínculo contractual los que deben pagarse la seguridad social (y por tanto no tienen derecho a paro ni a vacaciones ni cobran cuando enferman) y muchas veces deben comprar su material de trabajo.

El PIB anual por capita crece con regularidad (38.000 € en 2017), tal como lo hace la desigualdad, ya que una pequeña minoría acapara la renta disponible. Así se entiende que un ingeniero cobre en su primer trabajo 13.000 € anuales brutos y que un repartidor a domicilio de la llamada economía colaborativa tenga que trabajar 65 h por semana para cobrar 800 € a fin de mes. ¿Hasta cuándo?

El precariado frente al espejo de los valores

Llamamos valores a los conceptos morales y políticos que, más o menos borrosos, se erigen en los referentes aceptados por un grupo social, nacional o supranacional. Mientras los primeros son a menudo de matriz religiosa, los segundos suelen ser una herencia del mundo grecolatino o de la Ilustración. Los poderes públicos suelen remitirse a ellos para afianzar su legitimidad o justificarse cuando adoptan decisiones controvertidas o impopulares. Los valores son, por tanto, una referencia ideológica algo ambigua que favorece la cohesión social y busca tranquilizar las conciencias en los momentos de inquietud. Como son difíciles de concretar o de verificar, suele decirse que están en crisis y son constantes las alusiones nostálgicas a la fortaleza que mostraban en el pasado. Si los valores son sobre todo una herramienta del poder, contrastarlos con la realidad ayuda a revelar hasta qué punto el poder engaña cuando afirma o sugiere que están vigentes.

La Europa institucional alardea de valores que pretende encarnar como ningún otro territorio: derechos humanos, democracia, imperio de la justicia y de la libertad. A estos valores oficiales, cabe añadir una ilusión muy arraigada en Europa, al menos hasta la Gran Recesión: la creencia de formar sociedades pacíficas y homogéneas. Durante décadas, tanto en los medios audiovisuales como en los mensajes políticos dominantes, flotaba un optimismo simplón según el cual la población en su conjunto podía resolver los problemas que surgieran, sin mayores esfuerzos, tan sólo con pequeñas dosis de buena voluntad al alcance de cualquiera. La conflictividad se disimulaba para augurar una felicidad de manual de autoayuda, felicidad sustentada por un buenismo reconfortante y la falacia de que no habría más enfrentamientos sociales, ya que la inmensa mayoría conformaba una clase media hegemónica y fraternal, amenazada a lo sumo por enemigos exteriores (comunistas, emigrantes u otros inadaptados).

Pero estos valores europeos, sin duda menos mancillados que en otros lugares, palidecen cuando se observa la obscena realidad de una minoría ultra rica que sigue enriqueciéndose, asentada sobre una clase media menguante y crecientes batallones de excluidos, causa y consecuencia de la precariedad que se ha ido imponiendo. Cierto, los derechos políticos (libertad de expresión, reunión y manifestación) parecen salvaguardados, pero están cada vez más encorsetados por el auge del autoritarismo (a veces aplaudido por la propia población) y la paulatina pérdida de privacidad (que facilita el control de las personas).

Con la salvedad de proclamas teóricas y de las buenas intenciones de los programas escolares, ¿dónde pueden rastrearse en la práctica los derechos sociales de los excluidos de todo tipo (sin olvidar a los miles de inmigrantes que mueren cada año al intentar entrar en Europa)? ¿Podemos hablar de democracia si ésta se reduce a votar de vez en cuando y a permitir un pataleo controlado (cada vez más restringido y perseguido) mientras se olvida por completo el reparto equitativo de la riqueza generada? ¿Se puede creer todavía en la justicia cuando a millones de personas se les priva de la posibilidad de labrarse un futuro? ¿De qué libertad hablamos si no se dan las condiciones materiales para poder ejercerla? El precariado plantea muchas preguntas sin respuesta desde hace tiempo, pero de nosotros depende que las contestemos para que el mañana no sea una repetición del presente.

Contra la barbarie, reparto de la riqueza

A la explotación laboral se suma la injusticia fiscal: en Occidente, los ingresos del capital, superiores a los del trabajo, pagan globalmente menos impuestos que los salarios. Además de afrontar una tasa de imposición inferior, los beneficios empresariales disfrutan de un sinfín de desgravaciones legales y no tienen dificultades para refugiarse en los paraísos fiscales donde también acuden las fortunas de todo pelaje. Se precisa por tanto una profunda reforma fiscal, que restituya a la sociedad los ingresos personales cuando superen un determinado multiplicador de la renta media y penalice a los defraudadores.

La emancipación social carece ya de sentido para una gran mayoría, inmersa en una legalidad al servicio de los privilegiados y bombardeada por una ideología persistente y sutil que presenta la sociedad neoliberal como el mejor de los mundos posibles. La élite intenta persuadirnos, y lo consigue a menudo, de que la tecnología y la globalización son fenómenos imparables que benefician a todos, si bien los datos económicos muestran que la mundialización y la explosión tecnológica están sobre todo al servicio de un puñado de privilegiados, dueños indirectos del poder político.

Para revertir la creciente pauperización de la gran mayoría y respetar la tan cacareada democracia, debe exigirse el reparto efectivo de la riqueza generada entre todos. Es una reivindicación esencial, en la que pueden converger las luchas sectoriales que se presentan en orden disperso. Conseguir dicho propósito es por supuesto un objetivo a largo plazo, inalcanzable sin un cambio cultural radical, que supondrá la renovación moral, social y política de toda la sociedad y el análisis de las lecciones aportadas por el fracaso del comunismo. Los conflictos de intereses de un mundo tan complejo como el nuestro serán difíciles de resolver, pero ya se vislumbran algunas soluciones como las que plantea Christian Felber en La sociedad del bien común (2011): limitar la propiedad y la herencia, reducir el abanico salarial, reformular el sistema financiero, hacer compatibles en la empresa rentabilidad y función social. Alcanzar tamaña meta dependerá del esfuerzo colectivo; pero urge salir de la barbarie del precariado, una esclavitud de nuestro tiempo.

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