Para cualquiera que estos días escuche o lea uno de los grandes medios de comunicación, de aquellos que inciden en la opinión de millones de personas, es imposible no oír hablar de los lazos amarillos. De quien pone y de quien acceda. Obviamente, como todo símbolo, uno, dos … miles de lazos amarillos esconden un significado. Y, del mismo modo, quien los saca con su acción persigue el mismo, simbolizar otra propuesta política. Yo no quiero hablar de eso, ahora mismo. Ya hay otra gente que lo hace y, además, el processisme no es mi terreno de acción política. Con todo, pienso que de este conflicto, en gran medida simbólico, nosotros saldremos perdiendo.
Podría decir que perderemos porque, tal y como se ha diseñado, esta batalla se centra en confrontar relatos de la realidad, símbolos, y no tanto acciones reales. De hecho, gran parte de la política actual gira alrededor de este tipo de escenificación. Quienes vivimos en Cataluña conocemos como el Proceso, y quien la ha construido, lo ha sabido hacer de manera magistral. Toda la teatralización de la exhumación de Franco por parte de un gobierno que esencialmente mantiene la política económica de los últimos años (y que consolida recortes, pérdida de derechos y empobrecimiento de la clase trabajadora) es también un ejemplo. Por desgracia, también desde los sectores antagonistas en ocasiones caemos en el fetiche de unos símbolos y unas proclamas que tapan una realidad de lucha bastante más pobre. No, no me refiero a esta forma de hacer política-símbolo que esconde una realidad diferente.
En los grandes medios de comunicación la polémica sobre los lazos amarillos se está centrando en la metodología. Quienes los defienden, critican la forma en como quien los saca lo hace, por ejemplo por la noche y encapuchados. Quien los critica, argumentan que ponerlos supone politizar un espacio público que supuestamente debería ser «neutral» (supongo que se refieren a su neutralidad). Los argumentos de unos y otros acaban coincidiendo cuando plantean que desde las administraciones, la policía y la judicatura se debe intervenir para dirimir el uso de este espacio público y perseguir determinadas conductas. Y aquí, el umbral de lo que es intolerable convierte preocupadament restrictivo. No es aceptable encapucharon para sacar (o, bien podría ser poner) lazos. No es tolerable llenar un espacio de contenido político. Etcétera. Si nos fijamos, el conflicto se acaba articulando en torno cómo y quién puede hacer una acción en última instancia política, y no en el contenido o el que defiende la acción política en sí misma. Y, me temo, en este aspecto en los dos polos de este conflicto hegemónicos en los grandes medios hay una cierta coincidencia: lo pueden hacer las instituciones (ayuntamientos soberanistas por un lado, jueces y leyes para la otra) y aquellos a quien estas habiliten para hacerlo. No lo pueden hacer el resto
Es a quien donde nosotros nos derrotan. Cuando se asimila a violencia el hecho de subir a un balcón y poner o quitar una pancarta, perdemos. Cuando se penaliza una acción por el hecho de quien la hace s’encaputxa, perdemos. En definitiva, se criminaliza la acción directa. Aquella acción política hecha sin permiso de quien, en el status quo actual, lo puede dar, sean ayuntamientos, gobiernos, jueces o policías. En temo que en este escenario, como ocurre con la banca en muchos juegos, el estado gana. Y cuando todo se normalice, quien deberá salido con su capacidad de acción colectiva erosionada somos nosotros. En las diferentes barricadas y luchas sociales y sindicales.
Diría que la denominada Transición democrática se acabó construyendo algo así y que ahora se busca recuperar el monopolio institucional de la política. Cuidado, pues, como nos posicionamos y como argumentamos, no sea que acabamos ayudando a amordazando seleccionados un futuro bien inmediato.
Arqueólogo, doctor en Prehistoria y profesor de la UAB. En 2014 fue elegido secretario general en Cataluña del sindicato anarcosindicalista CGT. Forma parte de los nuevos dirigentes anarcosindicalistas en relación con los movimientos sociales y el independentismo. En Terrassa formó parte de la Asamblea de Okupas.
