Un nuevo conflicto urbanístico ha emergido con fuerza en el Eixample. La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ha presentado un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento para detener el proyecto del Museo Carmen Thyssen, previsto en el histórico Palau Marcet, antiguo Cine Comedia. Esta iniciativa, que implica la construcción de nuevos pisos sobre un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), ha sido calificada por la entidad vecinal como una «operación especulativa» con un «impacto intolerable» en el patrimonio de la ciudad. La FAVB no solo busca paralizar las obras, sino que advierte de posibles acciones judiciales si sus demandas no son atendidas, en un momento en que Barcelona debate el equilibrio entre cultura, turismo y preservación histórica.
El proyecto del Museo Thyssen representa un ambicioso plan para revitalizar un espacio icónico de la ciudad. Anunciado en 2024, tras el cierre definitivo del Cine Comedia en enero de ese año, el museo llevaría el nombre de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, quien ha cedido parte de su colección privada para su exhibición. El edificio, situado en la esquina de Passeig de Gràcia y Gran Via, sería ampliado de 6.700 metros cuadrados a casi 10.000, con una inversión de más de 100 millones de euros por parte del fondo suizo Stoneweg, propietario del inmueble desde 2023. La propuesta incluye nueve plantas adicionales junto a Gran Via y seis junto a Passeig de Gràcia, incorporando no solo salas expositivas, sino también un auditorio para 450 personas, talleres, restaurantes y tiendas. Según el Ayuntamiento, este desarrollo cultural generaría unos 750.000 visitantes anuales, impulsando la economía local y posicionando Barcelona como un hub museístico europeo.
Sin embargo, detrás de esta visión optimista se esconde una controversia que remueve los cimientos del urbanismo barcelonés. El Palau Marcet, construido en 1882 por el arquitecto Frederic Marcet, es un ejemplo paradigmático de la arquitectura burguesa del siglo XIX. Catalogado como BCIL, su fachada modernista y su interior han sido testigos de la evolución cultural de la ciudad: desde palacio residencial hasta cine multisala, pasando por un periodo como teatro. La modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), aprobada inicialmente en julio de 2025 por la Comisión de Urbanismo con votos del PSC, Junts, PP y Vox, permite esta expansión vertical, pero a costa de alterar drásticamente la volumetría del edificio. Opositores como Barcelona en Comú y ERC votaron en contra, argumentando que el 25% del espacio se destinaría a usos comerciales, convirtiendo el museo en un «centro comercial disfrazado». La baronesa Thyssen, por su parte, ha defendido el proyecto como una oportunidad para democratizar el arte, aunque no ha respondido directamente a las críticas vecinales.
La FAVB, que representa a más de 100 asociaciones vecinales, ha sido la voz más contundente en esta batalla. En su escrito de alegaciones, presentado el 9 de septiembre, la entidad detalla nueve puntos clave para impugnar la MPGM. En primer lugar, acusa al proyecto de ser una «operación inmobiliaria especulativa» disfrazada de iniciativa cultural. Miquel Borràs, presidente de la FAVB, ha declarado: «Darrere la modificació s’amaga una operació immobiliària especulativa», destacando que las zonas comerciales y de restauración podrían mantener tiendas de lujo sin permisos específicos, beneficiando al promotor privado por encima del interés público. Ana Menéndez, vicepresidenta y arquitecta, califica la propuesta de «arquitectura brutalista en una de les cruïlles icòniques de la ciutat», argumentando que la ampliación de nueve plantas mutila totalmente el Palau Marcet, reduciendo sus fachadas a meros «decorados» sin justificación patrimonial.
Entre las alegaciones técnicas, la FAVB denuncia la superación de límites de altura y profundidad edificable, ignorando el Pla de Colors de l’Eixample y vulnerando artículos del PGM como los 212, 214 y 216, que regulan usos principales y complementarios. Además, critica la ausencia de un estudio de viabilidad económica, un plan museístico detallado y un proceso participativo ciudadano, incumpliendo la Llei 30/2015. «No s’ha tramitat un procés participatiu ni consulta prèvia», señala Menéndez, quien añade que el proyecto agrava la saturación turística en un Espai de Gran Afluència (EGA), sin un plan de movilidad adecuado para absorber 750.000 visitantes al año. Otro punto controvertido es la falta de ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento y la Generalitat, permitiendo que Stoneweg controle el inmueble sin intervención pública.
El manifiesto lanzado por la FAVB en agosto, titulado «Contra la remonta de nou plantes del futur Museu Thyssen», ha recolectado más de 1.000 firmas individuales y el apoyo de unas 80 entidades, incluyendo partidos como ERC y BComú. Jordi Rogent, exdirector de Patrimoni de l’Ajuntament, se ha sumado a las críticas: «És lògic que un museu tingui un bar o una botiga. Però ha de tenir botigues de luxe? Es tracta d’un petit museu, amb una gran operació comercial». Mariano Serrano, de la Comisión de Patrimoni de la FAVB, cuestiona la doble vara de medir: «No s’entén que a l’hora de protegir elements patrimonials als barris siguin necessaris tants estudis i, després, sigui tan fàcil rebaixar la seva protecció sense la necessitat de cap informe». Jaume Artigues, de la asociación de vecinos del Dreta de l’Eixample, advierte de un posible contencioso-administrativo si las alegaciones son desestimadas.
Esta controversia no es aislada; refleja tensiones más profundas en el urbanismo de Barcelona. La ciudad, que ha lidiado con el overturismo desde los Juegos Olímpicos de 1992, ve en proyectos como este una amenaza a su identidad. El Eixample, con su cuadrícula racional y edificios modernistas, es un patrimonio UNESCO en peligro, según algunos expertos. La ampliación del Palau Marcet podría sentar precedente para otras intervenciones, como las remodelaciones en La Rambla o el Born, donde el equilibrio entre desarrollo y conservación es frágil. «Barcelona pone la alfombra roja a Thyssen», ironiza un artículo reciente, criticando cómo el Ayuntamiento prioriza inversiones privadas sobre la participación vecinal.
Desde el consistorio, liderado por el alcalde Jaume Collboni (PSC), se defiende el proyecto como una «oportunidad única» para enriquecer la oferta cultural. Laia Bonet, teniente de alcalde de Urbanismo, ha argumentado que la modificación del PGM preserva las fachadas catalogadas y genera empleo, con un impacto positivo en la economía. Sin embargo, la oposición vecinal ha ganado visibilidad en redes sociales y audiencias públicas, como la celebrada el 3 de septiembre en el distrito del Eixample, donde vecinos confrontaron al concejal Jordi Valls con una «batería de alegaciones». En X (antiguo Twitter), posts de la FAVB y medios como El Nacional.cat han amplificado el debate, con hashtags como #SalvemPalauMarcet ganando tracción.
El plazo para presentar alegaciones finaliza el 23 de septiembre, tras lo cual el pleno municipal decidirá el futuro del proyecto. Si se aprueba, las obras podrían comenzar en 2026, con apertura prevista para 2027. Pero la FAVB insiste en una revisión integral del PGM para resolver conflictos entre patrimonio y planificación. «Demanem una revisió del PGM, no puntual, sinó que resolgui d’una vegada per totes els conflictes que hi ha entre patrimoni i planejament», afirma Menéndez.
En última instancia, este caso pone en jaque el modelo de ciudad: ¿Barcelona como museo vivo o como parque temático para inversores? Mientras la baronesa Thyssen sueña con un legado artístico, los vecinos luchan por preservar el alma de su barrio. El veredicto urbanístico no solo definirá el destino del Palau Marcet, sino el rumbo de una Barcelona en constante transformación.