“El futuro estado catalán debería ser una república no presidencialista”

altSantiago Vidal, juez mediático por excelencia en Catalunya, resuelve cada semana una montaña de asuntos penales en su despacho del Palau de Justicia. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, es uno de los integrantes del equipo jurídico que ya tiene prácticamente confeccionada la Constitución catalana

 

Santiago Vidal, juez mediático por excelencia en Catalunya, resuelve cada semana una montaña de asuntos penales en su despacho del Palau de Justicia. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, es uno de los integrantes del equipo jurídico que ya tiene prácticamente confeccionada la Constitución catalana, motivo por el cual el Consejo General del Poder Judicial propuso suspenderle de sueldo y trabajo. Los 97 artículos se colgarán a mediados de enero en una web interactiva en la que todo el mundo podrá hacer propuestas, susceptibles de ser incorporadas al texto definitivo.

 

 

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Empecemos por lo más reciente. ¿La dimisión de Torres-Dulce es una buena noticia para la judicatura española o al revés, muestra las presiones políticas a las que están sometidos los jueces?

 

La dimisión del Fiscal General del Estado llega tarde: por dignidad profesional debería haber presentado su renuncia durante la semana posterior al 9-N, cuando desde el PP le presionaron públicamente para que actuara con dureza contra el proceso participativo. Tenía una oportunidad inmejorable con el valiente posicionamiento jurídico de los fiscales de Catalunya, que le sirvieron en bandeja los argumentos para no intervenir contra un simple acto democrático, pero el poder ejecutivo pudo más. Teniendo en cuenta que la Fiscalía se rige por criterios legales jerárquicos, no le quedaba otra opción que acceder y presentar la querella o dimitir. Y desafortunadamente escogió la primera. Ahora bien, el refrán popular dice que ‘más vale tarde que nunca’.

 

¿Cómo vivió, a nivel personal y profesional la decisión del CGPJ de intentar sancionarle, que finalmente se quedó en suspensión temporal?

 

Con preocupación, porque uno siempre piensa que hace las cosas correctamente, pero desde el CGPJ consideraron que podía haber una infracción por falta muy grave, cosa que provoca la expulsión de la carrera judicial. Me costó entender que adoptaran esa decisión por un trabajo de creación intelectual como es reunirse con un grupo de juristas, alguno de ellos jueces y otros profesores de universidad, y después discutir y redactar un borrador para que pueda servir para un hipotético parlamento constituyente si Catalunya decide optar por esta vía mediante unas elecciones libres, es como escribir un libro, puede tratar sobre cualquier materia. Ademáshablándolo con otros compañeros de la judicatura que coinciden conmigo, tenemos la sensación que si el trabajo fuera sobre una hipotética constitución en Rusia seguramente no nos hubieran dicho nada. Es preocupante porque demuestra que los límites del derecho fundamental a la libertad de creación, de opinión y expresión no están suficientemente consolidados.

 

¿En algún momento se llegó a sentir fuera de la carrera judicial?

 

De hecho, hoy en día el expediente continúa abierto, no me siento fuera, confío sinceramente en poderme jubilar, hacer de juez me gusta mucho, es la profesión de mi vida, disfruto mucho. Creo que mis opiniones políticas, se compartan o no, no tienen nada que ver con mi función diaria, además estoy en la jurisdicción criminal, es decir que resolver si alguien es culpable o no de un homicidio o una violación no tiene nada que ver con la configuración política de Catalunya y del Estado español.

 

¿Está en el punto de mira de la justicia española?

 

Sería exagerado decir que estoy bajo vigilancia permanente pero es cierto que el CGPJ, en un ejercicio de transparencia que agradezco, me comunica cada cierto tiempo el seguimiento que se me ha hecho para que tenga conocimiento de ello por si algún día tengo que defenderme, por ejemplo si he ofrecido una conferencia o he participado en un acto… No es que tenga una paranoia de si me están controlando o no, lo que están haciendo es legal, otra cosa es que me guste, y no me gusta.

 

¿Desde entonces cuida más sus declaraciones públicas?

 

Intento ser más prudente pero continuar diciendo lo mismo que pienso con la misma convicción y firmeza, porque lo que uno opina como jurista es absolutamente respetable, se comparta o no.

 

La mayoría de los juristas catalanes considera que la querella a Artur Mas no tiene base jurídica. ¿Cómo desmontaría los tres delitos que se le imputan, desobediencia, malversación y prevaricación?

 

De este tema he hablado con muchos compañeros jueces, fiscales y profesores de derecho penal y todavía no me he topado con ninguno que encuentre un argumento para fundamentar esta querella. En síntesis, en mi modesta opinión el delito de desobediencia sólo se comete cuando es reiterada y por tanto, si se han incumplido, como mínimo, dos requerimientos: de que hagas una cosa y no la estés haciendo o que te prohíban hacer una cosa y la hagas. El propio TC, en la resolución que adoptó la suspensión cautelar del proceso participativo del 9-N, rechazó la petición del gobierno español de advertir a Mas y al gobierno de la Generalitat de que, en caso de incumplir incurrirían en delito, los magistrados del TC no consideraron conveniente poner eso, por lo tanto no hay requerimiento. El delito de malversación de caudales públicos requiere que, abusando de tus funciones y competencias, uses dinero que tiene una destinación concreta y lo desvíes, o te lo pongas en el bolsillo o pagues cosas que no están justificadas. En este caso, las pocas partidas presupuestarias usadas para organizar el 9-N estaban ya aprobadas antes de la decisión del TC, por lo tanto eran decisiones absolutamente legales, y no me consta que la Generalitat aprobara ninguna nueva partida o ordenara ningún otro gasto una vez dictada la suspensión. La mayoría de gastos, si es que los hubo, fueron gratuitos: las urnas de cartón las elaboraron presos de manera voluntaria y altruista, el cartón lo facilitó un grupo de empresarios, los voluntarios abrieron las escuelas, en las mesas electorales nadie cobró… veo casi imposible que pueda haber ningún desvío de dinero público.

 

¿Y la prevaricación?

 

Comporta dictar una decisión administrativa injusta sabiendo que es injusta, el gobierno de la Generalitat siempre dijo que no creía que convocar el 9-N fuera injusto ni ilegal, no hay este “a sabiendas” que dice la ley, y en cualquier caso requeriría dictar una resolución administrativa, sea un decreto, una circular, una instrucción…y si algo cuidó la Generalitat fue de no dejar nada por escrito, no hay expediente administrativo ni resoluciones del gobierno en este caso, entonces no entiendo cómo se puede cometer un delito de estas características de manera verbal.

 

Entonces, estamos hablando de una querella política que difícilmente puede ser admitida a trámite…

 

Es una querella que si reúne los requisitos formales probablemente sea admitida a trámite, porque la ley dice que los tribunales, con independencia de cómo se valore su contenido, si está redactada conforme la ley, en este caso firmada por la Fiscalía, con los correspondientes hechos y fundamentos de derecho, reúne los requisitos legales y se admite a trámite. Es como cuando uno va a una oficina del Ayuntamiento y presenta un papel, siempre le pondrán un sello, lo que pasa es que al cabo de los días puede ser que le digan que lo que ha presentado no tiene contenido y, por lo tanto, se archiva. Creo que la admitirán por esta razón formal y por otro factor: porque también hay unas 20 denuncias de particulares y de algún partido político que se fueron presentando el mismo 9-N en diferentes juzgados de guardia del territorio catalán y el TSJC tiene la obligación de acumular todo esto, para hacerlo antes debe abrir un expediente, es una cuestión estrictamente formal. Lo más normal es que, una vez incoado y dado el trámite de alegaciones a las personas querelladas, en este caso a Mas y a las dos consejeras, después dicte una resolución motivada acorde a derecho en la que yo confío que diga que no hay ninguna infracción penal.

 

 

Según Josep Antoni Rodríguez, colega suyo de la entidad Jueces para la

 

Democraci, la desobediencia es un delito y una forma de violencia, y en un estado democrático, teniendo en cuenta que España realmente no lo es, la desobediencia no sería legal ni legítima. ¿Cuando una norma no es justa, no sería legítimo desobedecerla? La ley debe ser en principio ecuánime, proporcional y justa pero puede ser ilegítima. ¿La ley debe ser fruto de la legitimidad o es más importante y anterior a ella?

 

Si legitimidad y legalidad siempre fueran de la mano y siempre coincidieran, evidentemente desobedecer una ley sería un delito, una infracción jurídica. Yo en cambio considero que cuando la ley no es legítima, porque ha sido adoptada de modo que no respeta los valores fundamentales de un estado democrático de derecho o porque ha quedado obsoleta por el paso del tiempo y ahora, en vez de ser una herramienta para la resolución de conflictos, se ha convertido ella misma en una herramienta de conflicto y provoca decisiones injustas en el tribunal, debe cambiarse. Y si el poder legislativo, que es quién la debe cambiar, no lo hace, los ciudadanos tienen toda la legitimidad del mundo a no cumplirla a través de una desobediencia civil, pacífica, multitudinaria, que sea un sentimiento mayoritario, para es una manifestación más del derecho a la libertad de expresión. Lo es en el sentido de la libertad de discrepar de una norma vigente para provocar cambios en el proceso legislativo para que se apruebe otra norma más ajustada. Y me pregunto, ¿si Mandela no hubiera desobedecido las leyes del apartheid de Sudáfrica, ahora estarían como están? Si la señora Parker no hubiera desobedecido las leyes de segregación racial y no se hubiera sentado en los sitios reservados para los blancos, quizás en Estados Unidos todavía existiría la segregación racial…

 

Es decir, que para impulsar un cambio social debe haber un movimiento inicial de desobediencia…

 

Exacto y mientras sea pacífico, civil y multitudinario, forma parte del mismo sistema de libertades de un estado democrático.

 

Josep Antoni Rodríguez aseguró que la separación de poderes en España está en riesgo. ¿Está de acuerdo o directamente ya no existe, visto lo visto?

 

Por desgracia, el 2010 el TC cometió el grave error de dictar una sentencia jurídica para resolver una cuestión política y prácticamente dinamitó el Estatut del 2006, que ya había pasado por los filtros del Parlament, el Congreso de los Diputados y el referéndum de la ciudadanía. Allí se cometió un error gravísimo porque los tribunales no estamos para resolver problemas políticos. Desde entonces se ha difuminado mucho la separación de poderes, ¿en el estado español, formalmente existe? , hay poder legislativo, ejecutivo y judicial pero la realidad es que cada día más el poder ejecutivo está invadiendo competencias del poder judicial. El último ejemplo son las recientes declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticando de una manera muy destructiva, no con argumentos jurídicos sino políticos, las decisiones de la Audiencia Nacional, que por cumplimiento de condena está excarcelando presos condenados por delitos con ETA. Lo único que está haciendo la Audiencia Nacional es cumplir las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos en esta materia a la hora de calcular los cómputos del cumplimiento de condenas. Todos deberíamos ser mucho más respetuosos de un poder a otro.

 

¿Le parece justa la excarcelación de etarras?

 

Como persona y ciudadano me duele, me pongo en el lugar de los familiares de las víctimas y los entiendo perfectamente pero una cosa es la justicia y la otra es la venganza. Un familiar de una víctima tiene derecho a sentir odio y a quererse vengar de quien le ha ocasionado tanto mal pero los tribunales no, debemos ser imparciales. La ley  marca que por estos crímenes la condena es de tantos años y cuando se cumplen los presos deben quedar en libertad, con la adopción de medidas de seguridad y control que sean necesarias, para que no vuelvan a cometer ningún acto delictivo pero deben salir en libertad porque es la ley, y es justa. Nadie puede estar privado de libertad toda su vida, no creo en las condenas perpetuas, que ahora se visten de ese eufemismo de ‘prisión permanente revisable’, esto es un oxímoron, o es permanente o es revisable, ambas cosas no pueden ser a la vez. Lo de la excarcelación de los presos de ETA me duele como ciudadano pero como jurista estoy completamente de acuerdo.

 

Volviendo al TC, ¿qué legitimidad e imparcialidad puede tener este tribunal si su presidente fue militante del PP hasta hace tres años?

 

Como el propio TC se pronunció en este tema, diciendo que cree que se puede pertenecer a un partido político, haber sido asesor del propio gobierno, del poder ejecutivo o de entidades como la FAES, y esto no es obstáculo para garantizar la imparcialidad e independencia, si lo dice el TC, como juez tendré que acatarlo. Mi opinión es que, como mínimo, la apariencia de imparcialidad ante la ciudadanía está muy cuestionada y esto es muy preocupante porque deslegitima el máximo órgano de confianza en el ámbito judicial que tiene la ciudadanía, la última palabra la tiene el TC. Pero si sus miembros no son jueces de carrera, son exdiputados, exsenadores o profesores de universidad que han tenido cargos en la administración, algunos son jueces pero no son mayoría, si además tenemos en cuenta su sistema de selección, que un tercio lo elige el propio gobierno, el otro tercio el Congreso, y además hay mayorías absolutas…

 

Se politiza.

 

Exacto, es inevitable. Si añadimos todo eso, en conjunto la imagen del TC está muy tocada.

 

Además, se han producido otros escándalos como un magistrado que dio positivo en un control de alcoholemia…

 

Ya hubo mucho polémica en la elección del último magistrado que entró, porque una parte del TC consideraba que no reunía los requisitos, porque pese a ser juez de carrera, no había ejercido nunca los 15 años que la ley exige para ser considerado hábil. Es cierto que había estado en cargos políticos, en el Ministerio de Justicia, en el propio CGPJ, pero como juez, dictando sentencias y haciendo juicios, llevaba uno o dos años. Su acceso fue muy polémico y, por desgracia, poco después cometió un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y afortunadamente él mismo tuvo la dignidad de dimitir.

 

¿Después de la recusación de Pérez Tremps se puede decir que hay un antes y un después en el TC?

 

Sin duda, pero eso lo hizo el anterior TC, no el actual. Aceptar la recusación del PP porque un día el magistrado Pérez Tremps había escrito un artículo sobre Catalunya fue un gravísimo error. Es tanto como decir que todas aquellas personas que tienen inquietud en el ámbito jurídico, que publican cosas y exponen públicamente sus reflexiones, quedan automáticamente inhabilitadas para poder tratar cualquier tema que sea competencia el TC, que tiene competencia absolutamente en todo. Es tanto como decir: ‘aquellos que son válidos y con prestigio, que se olviden, ya pondremos en el TC personas de poco nivel, de poca categoría’. Me parece un gravísimo error, el problema añadido es que después de esa recusación se cambió completamente de criterio: actualmente, personas que aparentemente reúnen muchos más motivos para que se abstengan o sean recusados, ejercen sus funciones, se ha pasado al otro extremo, ahora todo el mundo es absolutamente apto para formar parte del TC. Es la ley del péndulo. Como en todas las cosas de la vida, el punto justo está en medio.

 

Y hace un año y medio se cargaron a Rodríguez Sol simplemente por decir que las aspiraciones soberanistas eran legítimas…

 

Los que formamos parte de la carrera fiscal y judicial en Catalunya nos sentimos muy ofendidos por esta decisión porque Rodríguez Sol se limitó a expresar una opinión tan democrática como es que los ciudadanos tienen derecho a decidir su futuro por vías democráticas y legales… No podemos entender todavía hoy que alguien pueda ser sancionado por decir algo tan básico y elemental como esto.

 

Hace poco Jueces por la  Democracia denunció el Ministerio de Justicia y el CGPJ por sobrecarga de trabajo. ¿Estar sepultado de folios y archivos en el día a día es una maniobra para evitar juzgar los casos de corrupción?

 

Por desgracia, desde que se publicó el Libro Blanco de la Justicia en el 2007, en época del gobierno socialista, ya se establecieron 100 medidas necesarias para que la justicia española se pusiera al día y fuera equiparable a la mayor parte de países de la Unión Europea. Como no se puede reducir la carga de trabajo porque los conflictos son lo que son, se trataba de aumentar el nombre de jueces, que actualmente en España es de 10,7 por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 19 por cada 100.000 habitantes y en Inglaterra 21, en los países nórdicos 24. De los 28 países de la UE, si no estoy equivocado, sólo hay uno por debajo, que es Rumanía con 9,8. Los otros 26 países están de 14 para arriba.

 

Eso afecta la calidad democrática de un país…

 

Evidentemente. Eso, en una época de vacas flacas como la actual en la que no hay presupuesto puedes entenderlo coyunturalmente, pero que durante diez años te digan que no hay dinero…lo que no hay es voluntad de resolver la lentitud del funcionamiento de la justicia y la burocracia, a veces no es cuestión de dinero sino de cambiar las leyes y simplificar los trámites.

 

Y se favorece la impunidad…

 

Sí, este sistema tan obsoleto de justicia que tenemos favorece la impunidad de los casos complejos: grandes estafas financieras, corrupciones políticas…

 

¿Cómo se puede modernizar la justicia?

 

Pues no es muy complicado. Es difícil sintetizarlo pero se puede hacer en cuatro puntos. El primero, estableciendo unos plazos procesales que se cumplan, por ejemplo en los procedimientos penales no tiene sentido que una instrucción dure más de seis meses, y en los casos complicados como el del Palau de la Música o Gürtel estaría justificado que duraran un año pero duran cinco, seis o siete. Significaría necesariamente que el juez que llevara a cabo estos asuntos estuviera exento de tramitar cualquier otro caso, que estuviera dedicado exclusivamente a estos más complicados y no es así. El juez Ruz está llevando ocho o diez sumarios complicadísimos al mismo tiempo, igual que el juez Castro, que lleva el tema Nóos y Pijoan con el tema Palau. O sea, lo primero es que hubiera una ley procesal con los medios materiales y humanos suficientes para que se cumpla. Como medida número dos, que se establezca el principio de oralidad en la mayor parte de los trámites: cualquier ciudadano que pise cualquier juzgado de España verá montañas de papeles, folios y folios, sumarios de 10.000 folios, eso es una barbaridad en el siglo XXI, visitas cualquier país nórdico y casi no hay papeles, todo está digitalizado, en el ordenador, hay que cambiar la manera de trabajar, por ejemplo notificar todas las resoluciones por correo electrónico y no en papel, y la figura del procurador, que traslada papeles de un sitio a otro, no tiene ningún sentido, ellos tienen que hacer auxilio judicial, que es otra cosa. Lo tercero sería establecer unas ratios de volumen de asuntos por jueces mucho más racionales que las actuales: en todas las secciones de la sala penal de la Audiencia de Barcelona resolvemos unos 2.000 casos al año y somos 4 jueces, salen a 500 cada uno, los compañeros de Alemania o Noruega por ejemplo resuelven unos 250. Eso quiere decir que pueden dedicar más tiempo, que las resoluciones están más bien motivadas y que el margen de error es más pequeño.

 

Con la sobrecarga hay más opciones que se cometan errores…

 

Sin duda, porque trabajas acelerado, con la presión y no tienes el tiempo necesario que requieren determinados asuntos, sobre todo los complicados como los de corrupción. La cuarta medida de modernización sería que hubiera una actitud más de colaboración por parte de los abogados: ellos defienden legítimamente los intereses de sus clientes pero una cosa es intentar conseguir que el pleito respete todos los derechos de tu cliente, cosa legítima, y la otra es entorpecer sistemáticamente la tramitación del proceso para ir alargándolo con recursos. No digo que lo hagan todos los abogados, hay de todo pero existen unas leyes procesales que permiten la continua obstaculización del normal desarrollo del proceso y eso hace que se alarguen mucho y estás siempre resolviendo cosas desestimatorias que ya no se deberían haber planteado.

 

¿También trabaja en paralelo diferentes casos a la vez o hasta que no termina uno no empieza el otro?

 

Simultáneamente varias casos, en una mañana de trabajo deberé resolver los casos que se amontonan en esta estantería, deben haber unos 20, son trámites concretos, no todos son sentencias. Pero claro, estás haciendo ocho o diez cosas a la vez.

 

¿Y cuántas horas trabaja al día?

 

El promedio es de unas 10 horas al día, aunque hay una vertiente positiva, las horas de trabajo en el despacho son de 9 a 15h, las otras cuatro uno se las organiza como puede y quiere, te llevas el trabajo a casa pero eso permite conciliar la vida laboral con la familiar.

 

¿En España faltan jueces o faltan buenos jueces?

 

Ambas cosas. Deberíamos pasar de los 10,7 jueces a 15-16 por 100.000 habitantes, es decir en vez de los 5.746 jueces actuales deberíamos ser unos 7.500 o 8.000. Es verdad que no todos tienen la calidad requerida ni dedican las horas necesarias pero la inmensa mayoría hacen todo lo que pueden.

 

El problema es que la nota para entrar en la carrera de derecho es muy baja y después es más complicada que la mayoría de estudios universitarios de letras y luego la carrera para llegar a juez es muy ardua, con oposiciones en las que hay que memorizar muchos artículos. Y eso no es muy atractivo para un adolescente que duda y tiene que elegir a qué se dedica y en qué se forma.

 

Hay que cambiar radicalmente el sistema de selección de los jueces, en España se siguen seleccionando jueces, fiscales y notarios por cuestiones estrictamente memorísticas y hoy en día no tienen ningún sentido saber qué dice el artículo 1.424 de la Ley Enjuiciamiento Civil porque lo tienes en la base de datos del ordenador, que no sólo te dice la norma sino que ya adjunta la jurisprudencia del TS sobre la materia, trabajos doctrinales académicos…Lo que los jueces debemos tener es sentido común, un nivel cultural y de formación transversal importante y pasar un examen psicotécnico estricto que no pasamos, los jueces ingleses y alemanes pasan un test psicotécnico muy rígido. Y seleccionar la gente por su capacidad de análisis racional, ponerle casos reales encima de la mesa y si ves que los resuelve de manera correcta, bien motivada y justa, entonces es hábil.

 

Puede pasar que una persona tenga el perfil pero no tenga habilidad memorística y entonces quede descartada y la carrera judicial pierda un buen profesional…

 

Es así, estamos siguiendo un siglo decimonónico, del siglo XIX, y esto se debería cambiar.

 

¿En qué situación se encuentra la lengua catalana en la justicia? Sólo un 12% de las sentencias están redactadas en catalán y además una persona, si bien tiene derecho a expresarse en catalán en una sala, no tiene derecho a que el juez le atienda en catalán por una interpretación tergiversada de la cooficialidad, según la cuál sólo el juez tiene libertad para elegir la lengua en la que quiera expresarse. Por lo que un catalanohablante sólo tiene derecho a ser atendido en su lengua materna, que también es oficial, si tiene la suerte o da la casualidad que el juez es también catalanohablante…Es un caso de flagrante discriminación camuflada bajo una aparente capa de tolerancia y pluralidad y siempre hay una indefensión de una parte que tiene que ceder y siempre es la misma…

 

Efectivamente, actualmente es así, el ciudadano tiene garantizado el derecho de dirigirse oralmente o por escrito en catalán a la administración de justicia pero el juez también tiene el derecho de responderle en castellano porque también es cooficial. Sólo hay una manera de solucionar esto: que sea un requisito de capacidad para ejercer en una Comunidad Autónoma que tiene dos idiomas, dominar perfectamente los dos idiomas, tanto a nivel oral como nivel escrito. En Canadá es así, todos los jueces tienen que dominar inglés y francés, en Suiza todos tienen que saber italiano, francés y alemán, el romanche no está exigido porque es el más minoritario. Es decir, en Canadá y en Suiza no se puede ser juez si no dominas estos idiomas y yo pienso que en Catalunya se deberían dominar ambos idiomas y este conflicto desaparecería.

 

Actualmente hay una discriminación constante de los catalanohablantes.

 

Sí, si a mí un ciudadano se me dirige en castellano, yo no tengo ningún inconveniente en responderle en castellano y si lo hace en catalán, pues también le contestaré en catalán.

 

Pero porque usted es catalanohablante, si viene a ejercer un juez de Albacete o Extremadura, con la excusa que ya tiene suficiente trabajo como para aprender catalán pues no lo aprende y encima si se le insta a hacerlo se ve como una imposición…y entonces se vulneran unos derechos, los de los catalanoparlantes.

 

Sí, se vulnera el derecho del ciudadano a la opción lingüística bilateral, es tan sencillo como el requisito de capacidad.

 

¿Cómo se encuentra el borrador de la Constitución catalana y en qué principios jurídicos se debe basar?

 

Está prácticamente terminada, durante las fiestas navideñas haremos la última reunión del grupo jurídico para dar una última lectura y limar algunos flecos y nuestra intención es hacerla pública en enero de 2015, ya avisamos que estaríamos todo el 2014 para redactar el borrador porque no corre prisa, Catalunya todavía no es un Estado y estamos en la fase constituyente. Como nosotros no trabajamos para ninguna institución, ni para el Parlament, ni para la Generalitat, ni para la ANC, se ha dicho de todo pero no es verdad, trabajamos para nosotros mismos y para la sociedad, la colgaremos en una página web interactiva y todos los ciudadanos catalanes que estén interesados podrán entrar y hacer aportaciones que analizaremos y debatiremos. Y las que valgan la pena las incorporaremos.

 

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¿En qué pilares jurídicos debe sustentarse la Constitución catalana?

 

Es un borrador que tiene 97 artículos, o sea, menos de la mitad de los que tiene la Constitución española, y nos hemos inspirado mucho en las constituciones nórdicas, básicamente Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza, porque es un estado confederal y creemos que puede encajar en una hipótesis de futura relación de Catalunya con España. Son constituciones cortas y claras, nada de frases como las de la CE, que tienen una principal, 8 subordinadas y 14 gerundios con las que todo el mundo se pierde. Sintetizaré sus principios rectores en cuatro puntos: el futuro estado de Catalunya debería ser una república y no un sistema de monarquía compartida como puede ser Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que la tienen compartida con el Reino Unido, y que sea no presidencialista, es decir, que habría un presidente y un primer ministro ejecutivo, personas separadas y aconsejamos que como mínimo uno de esos cargos sea una mujer porque es hora que se rompan esas dinámicas tan mediterráneas. La segunda idea es incorporar en el capítulo de derechos fundamentales todos los derechos sociales, la CE tiene un capítulo 1 con los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la participación política… y un capítulo 3 de derechos sociales en el que hay el derecho a la vivienda, a la educación, que es como si dijeran ‘cuando se pueda ya respetaremos los derechos de estos ciudadanos’, nosotros queremos incorporarlos en el capítulo de los derechos fundamentales, que se puedan exigir ante los tribunales de justicia si el Estado los incumple. Eso significa, por ejemplo, que si ahora un ciudadano va al ayuntamiento y le dice que no tiene vivienda y que el artículo 49 CE establece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y viene a buscarla, el ayuntamiento dirá que ahora no dispone de vivienda o no sé qué…si esto está incorporado en los derechos fundamentales, este ciudadano, siempre que cumpla con los requisitos que la ley de derecho de acceso a la vivienda social marca, que esté en el paro, que sólo perciba una pensión de renda mínima, que haya una situación verdadera de exclusión social, porque no se trata de regalar vivienda a nadie, si la administración no se la da, podrá ir al tribunal a reclamarla, ahora no puede, porque el juez le responderá que tiene un derecho genérico pero que no tiene competencia para verificar si le están denegando correcta o incorrectamente la vivienda.

 

¿Y el tercer pilar es?

 

La modificación legislativa de las leyes electorales: proponemos listas abiertas, que el ciudadano pueda votar el número 4 de un partido, el 12 de otro y el 23 de otro, que los cargos electorales, municipal o estatalmente, tengan como máximo dos legislaturas de cinco años cada uno, un máximo de 10, y que se instaure la figura suiza de los referéndums revocatorios, sobre todo a nivel municipal: que el diputado o concejal que incumpla sistemáticamente los compromisos de la campaña electoral adquiridos con los ciudadanos pueda ser destituido, ahora hay que esperar a que no sea reelegido en los próximos comicios. Los ciudadanos tienen derecho a destituir a alguien si les ha engañado. Como cuarto puntual podría apuntar el tema del idioma, que es conflictivo: nosotros aconsejamos que el catalán sea la única lengua oficial de Catalunya y que el castellano tenga un régimen de cooficialidad preferente, en el sentido de que todos los ciudadanos que quieran usarlo, oral o por escrito, lo puedan hacer. La administración, como en el caso de la educación, por criterio, si el ciudadano no expresa otra voluntad personal, siempre actuará en todos los ámbitos en catalán pero si un ciudadano quiere usar el castellano, por los motivos que sean, se le respetará ese derecho y podrá usarlo.

 

¿A la hora de redactar el borrador habéis tenido al lado la Constitución española para ver qué es lo que no hay que hacer, como ejemplo de texto del que hay que apartarse?

 

Pues sí, efectivamente, hemos tomado como referencia las otras cuatro constituciones de países nórdicos que he citado antes y algo de la CE sí lo hemos respetado y nos ha servido como modelo, aunque pocas cosas.

 

¿Por ejemplo?

 

Los mecanismos de modificación de la propia CE, que están hechos de una manera que es prácticamente imposible cambiarla, cuando Rajoy dice que es intocable tiene razón, tal como está redactada es prácticamente intocable. Se han establecido unos mecanismos de garantía que impiden que el texto constitucional se adapte al cambio de los tiempos, la Constitución de los Estados Unidos es un caso flagrante de lo contrario: una constitución tiene que ser flexible para poder ir haciendo enmiendas, para ir adaptándola.

 

¿Hasta qué punto es significativo que Argentina tenga que juzgar los crímenes del franquismo porque el gobierno español todavía no quiere hacerlo?

 

Muy significativo, demuestra que hemos ido muy atrás a la hora de garantizar la persecución internacional de los crímenes universales como el genocidio. Me duele que en los años 80 y principios de los 90 España fuera ejemplar ante la comunidad internacional, especialmente por los sumarios instruidos por Baltasar Garzón ante la Audiencia Nacional por la persecución de estos crímenes universales, cosa que dio un cierto prestigio, y que ahora haya esta ley del péndulo, y hayamos ido al lado contrario, porque España es uno de los países que, por los cambios legales que ha habido, tiene una legislación más restrictiva a la hora de poder perseguir este tipo de hechos. En esta materia España ha pasado de ser uno de los países más avanzados a estar prácticamente en la cola, y eso ha obligado a determinados familias como la de Puig Antich a recurrir a la justicia argentina para que se pueda perseguir a los presuntos criminales que lo condenaron en un consejo de guerra sin ninguna garantía, cosa que todo el mundo reconoce.

 

Además, el gobierno español se ha negado a extraditar los altos cargos de la dictadura que reclama la Interpol.

 

El gobierno español tiene la facultad de negarse a la extradición, eso demuestra la voluntad de no cooperar con otra autoridad judicial de otro país democrático como es Argentina.

 

Para Rajoy, el imperio de la ley es imperialismo de la ley, de la misma manera que la mayoría absoluta se ha convertido en mayoría absolutista.

 

Eso seguro que es consecuencia del contexto histórico del que venimos, por desgracia el Estado español es un ente administrativo y se formó desde el siglo XV a través de la expansión imperialista de Castilla. Castilla conquistó toda la Península Ibérica, incluida Catalunya, sólo hace falta recordar la Guerra de Sucesión y tantas otras, y eso les da una pátina de que es territorio conquistado.

 

Pero no lo dicen abiertamente porque es políticamente incorrecto.

 

Alguno sí lo ha dicho, como por ejemplo el jefe de estado del ejército, que dijo ‘cuidado, mirad qué paso con Cuba y Filipinas, vigilad con Catalunya y Euskadi’, eso es pensar que son colonias, es decir que o se las trata con mano dura o habrá procesos de separación. Por desgracia no se nos considera de igual a igual, no somos naciones hermanas, que sería lo ideal, ellos dicen que sólo hay una nación por derecho de conquista y que los demás somos súbditos de esta nación, esto en el siglo XV o XVI se podría aceptar pero en el siglo XXI el mismo sistema democrático debería permitir que los que discrepamos de esta línea o teoría también podamos expresar nuestra opinión.

 

Un juez de instrucción de Zaragoza multó con 300 euros a un joven simplemente por exhibir una estelada durante un partido de baloncesto. ¿Cómo se puede justificar un castigo tan desproporcionado?

 

La bandera estelada no es una bandera ilegal, no puede haber ninguna infracción administrativa por exhibirla, tú puedes exhibir las banderas y símbolos que quieras mientras no afectes a los derechos fundamentales de otros ciudadanos, lo que no puedes es exhibir una bandera que diga ‘todos los judíos son ratas y deben exterminarse’, esto es ilegal, pero yo no sé qué norma vulnera exhibir una estelada y no entiendo que alguien sea sancionado por ello.

 

Usted escribió un libro sobre los pecados capitales de la justicia. ¿Cuáles son?

 

Son los mismos que los de la Biblia, los derechos de autor de este libro los cedí a SOS Racisme porque a mí me gusta mucho escribir pero me gano la vida haciendo de juez. Lo que hago es coger un caso paradigmático para explicar cada uno de estos pecados, los casos de codicia son los casos de corrupción, hablo sobre todo del caso Gürtel y Palau de la Música; un prototipo del caso de ira pues es el diario vasco Egunkaria, lo cerraron porque les acusaron de ser colaboradores intelectuales de ETA y las sentencias judiciales, tanto de España como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijeron que no era así, fue una reacción de ira; en el caso de la venganza analizo el asesinato e incineración de los hijos de Bretón, que demuestra hasta qué punto una separación matrimonial no querida puede llegar a motivar que mates tus propios hijos sólo por hacer daño a tu expareja. Todo son casos que, o ya están juzgados o, aunque estén en fase de investigación, ya han presentado muchos indicios que permiten analizarlos. Intento que el ciudadano, a través de cada una de estas imágenes, comprenda cómo funciona la justicia y cuáles son sus déficits i virtudes y presento propuestas de mejora.

 

Se ha manifestado en contra de las tasas judiciales. ¿Por qué motivos?

 

Porque son abusivas, los que son muy ricos las pueden pagar, las grandes empresas y bancos, y los que son muy pobres ya tienen la justicia gratuita, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, el 90% de los litigantes, estamos en medio. Son una manera intencionada de impedir que esta gran franja de ciudadanos tenga acceso a la tutela de los tribunales. En vez de poner más jueces y medios, reducen el volumen de casos que entran en el juzgado y eso limita la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental que está en la CE.

 

Y más de una vez se ha quejado del abuso de indultos.

 

Una de las cosas que proponemos en este borrador de Constitución catalana es la prohibición de los indultos, no deben existir, eso de que en un estado democrático el poder ejecutivo, el Consejo de Ministros, pueda dejar sin efecto una sentencia judicial que ha llegado a un veredicto de condena después de una instrucción con derecho de defensa, un juicio, una valoración de pruebas y una sentencia validada por el tribunal superior… El Consejo de Ministros lo resuelve con un decreto de tres líneas en el que dice ‘reunido el Consejo de Ministros en la sesión de plenario del viernes, ha considerado oportuno’, después hay un espacio en blanco en el que pone ‘conceder o denegar’, el indulto solicitado por el señor tal, firmado por el ministro de Justicia en nombre del Consejo. Es una decisión absolutamente arbitraria, no tiene ningún tipo de control ni motivación ni es recurrible ante nadie, hay que suprimirlo.

 

Uno de los ámbitos que más tratado en su trayectoria es el de los menores. ¿Actualmente en España están bien o mal protegidos?

 

Creo que España es un país muy avanzado y tiene una legislación muy moderna en este ámbito, los organismos, tanto de la administración como judiciales, funcionan relativamente bien. Por desgracia siempre habrán situaciones de desamparo o de abusos sexuales a menores pero se están sabiendo tratar, por ejemplo evitando la victimización secundaria: ahora ningún menor debe declarar ante un tribunal de justicia, se hacen pruebas preconstituidas en circuito grabado de videoconferencia, con la ayuda de especialistas en psicología infantil para que no sea un trauma. Se debería actualizar un protocolo aprobado en su día por el Síndic de Greuges el 2006 y se está trabajando en este sentido. Estoy bastante contento por cómo se están haciendo las cosas en este campo.

 

Otro asunto que ha abordado y conoce en profundidad es la lucha contra racismo. ¿Está tan satisfecho de su tratamiento legislativo como en el caso de los menores?

 

Opino lo contrario, por desgracia el propio TC en el 2008 derogó el artículo del Código Penal que castigaba la apología de las conductas xenófobas y de incitación al odio racial, dijo que, si bien era censurable éticamente, formaba parte del derecho a la libertad de expresión. Yo no lo comparto y esto está provocando que determinados movimientos, básicamente de tipo neonazi, se estén reactivando estos últimos años porque tienen un espacio de impunidad que la propia ley les concede. Yo, que soy muy poco proclive al endurecimiento de las leyes, pienso que en este ámbito sí que deberíamos ser mucho más estrictos.

 

El CGPJ le prohibió colaborar con la ONG SOS Racisme. ¿Por qué?

 

 

SOS Racisme me pidió que trabajara con su equipo de juristas en la propuesta de reformas legales que ayudaran a proteger los derechos de los colectivos discriminados. Pedí la correspondiente autorización al CGPJ y me la denegaron diciendo que eso afectaba a mi imparcialidad, evidentemente respondí que tenían razón, que mientras durara mi colaboración yo mismo me abstendría de juzgar cualquier caso de esos pero me dijeron que ni así, entonces la única manera que encontré de responder es cediendo los derechos de autor.

 

¿Qué le parece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

 

Hace más de quince años que hay diferentes proyectos para reformarla, para que el fiscal lleve la investigación y las leyes procesales sean más ágiles. Lo que me sorprende y preocupa de la última reforma del ministro de justicia es que todo lo que está proponiendo requiere la modificación de leyes orgánicas, o sea, que su tramitación parlamentaria es superior a un año. Si el noviembre del 2015 hay elecciones estatales, el Congreso deberá disolverse, quiere decir que está haciendo propuestas que sabe que nunca se aprobarán y las hace porque estamos en año electoral.

 

Un brindis al sol.

 

Efectivamente, estoy de acuerdo en muchas de las propuestas pero me pregunto por qué no las han aprobado antes, en cambio las proponen ahora, cuando saben que es imposible que se aprueben en esta legislatura y que probablemente en el nuevo Congreso el partido que las propone no tendrá mayoría absoluta.

 

¿Cree que la figura del Defensor del Pueblo es obsoleta, no sólo porque en todo caso es defensor del pueblo español, sino porque es mejor una figura de proximidad como el Síndic de Greuges?

 

Por suerte tenemos esa figura del Síndic de Greuges, yo lo que respaldaría es un desarrollo mucho más extenso de la figura del síndico local, del defensor del pueblo municipal, hay ciudades de Catalunya que los tienen y funciona bien: cualquier ciudadano que tiene un problema y no sabe como resolverlo, va al Síndic y éste le orienta, y si  el conflicto es con al administración puede intentar resolverlo o hacer recomendaciones. Para mí todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes deberían tener un Síndic, una persona del propio pueblo con conocimientos suficientes y experiencia para atender al ciudadano con proximidad, después el Síndic ya lo derivará donde corresponda.

 

En los delitos virtuales parece que haya un vacío legal, que por cometerse en entornos virtuales sean menos delitos y parece que en este asunto la justicia va nuevamente detrás de la sociedad.

 

La legislación, la justicia y los tribunales siempre vamos detrás de los delincuentes, siempre, se legisla a golpe de ‘mira qué pasa’ porque no sabemos cómo solucionarlo’. La imaginación de los que delinquen, sobre todo a nivel cibernético, es muy extensa.

 

alt¿Habría que endurecer las penas?

 

No, endurecer no, prevenir más, que todo el mundo pueda colgar lo que quiera en las redes pero que existan unos ciertos filtros antes de la difusión que impidan que algunas cosas lleguen al ciudadano, por ejemplo la pornografía infantil.

 

Pero cada día hay muchísimos insultos impunes en Twitter y foros y son tan numerosos que la gente los llega a considerar normales y a ocon indiferencia. Pero no dejan de ser delitos…

 

No ha de ser así, pero más que castigar, se debería prevenir y controlar su difusión.

 

¿Se siente un juez mediático?

 

Mediático no es que me sienta, es que lo soy, sería hipócrita si lo negara, soy de los pocos que atiende los medios de comunicación.

 

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el hecho de serlo?

 

Ventajas es que puedes explicar lo que piensas, debatir con otros colegas de otros ámbitos y a veces por la calle me encuentro gente que discrepa de lo que digo, y eso es bueno por la pluralidad y otros me felicitan. Tiene el inconveniente de que no tienes privacidad, no soy un ciudadano normal, no puedo hacer lo que quiero porque te conoce todo el mundo. Pero yo diferenciaría entre ser un juez mediático, que lo soy porque salgo habitualmente en los medios, de ser un juez estrella, no me considero en absoluto un juez estrella, siempre he tenido muy claro que entre un juez estrella y un juez estrellado sólo hay dos letras de diferencia, el hilo es muy fino. Nunca he pretendido crear a través de mi imagen pública un poder para ejercer en otros ámbitos, por ejemplo yo siempre he dicho que nunca me pasaría a la política porque lo que tengo clarísimo es que a mí lo que me gusta es ser juez.

 

 

De joven llegó a proclamarse campeón de España de hockey patines con el CE Noia. ¿Su etapa de jugador de hockey patines le ha servido de algo en su trayectoria como juez?

 

 

Yo destacaría el esfuerzo, la vida no te regala nada, para jugar bien debes entrenar mucho y trabajar en equipo, solo no llegas a ningún sitio y eso en la vida me ha servido.

 

 

¿Veremos algún día en la cárcel a Félix Millet o a la Infanta Cristina?

 

 

A Millet sí, estoy convencidísimo, él mismo admitió que había cometido un delito grave, y sólo está pendiente de un juicio, que se está alargando mucho más de lo que sería conveniente y previsible. La ley no excluye por razones de edad que alguien entre en la cárcel pero si algún día Millet tiene una edad elevada y su estado de salud es precario, probablemente al cabo de unos meses de estar en la cárcel se le dará un régimen abierto, tal y como prevé el régimen penitenciario. A la Infanta Cristina nunca la veremos en la prisión.

 

¿Porque no ha delinquido?

 

No, porque nadie la está acusando, ni el fiscal ni el abogado del Estado que representa a Hacienda, es cierto que la acusa el sindicato Manos Limpias pero todos sabemos el recorrido que tendrá esta acusación. Otra cosa es que seguramente será condenada en el juicio como responsable civil a título lucrativo y deberá devolver el dinero presuntamente sustraído por su marido del que ella se ha beneficiado.

 

Cuesta creer que ella no supiera nada…

 

Es sencillamente imposible y además no puedo entender la estrategia de defensa de responder sistemáticamente ‘no sé’ o ‘no me acuerdo’.

 

Le juega en contra…

 

Es que eso es ofensivo para la propia persona, en términos coloquiales es como si dijera que es tonta, que sólo hacía de madre, y su propia autoestima debería impedirle dar este tipo de respuestas, teniendo en cuenta que es una persona con estudios universitarios y un cargo en La Caixa. Otra cosa es que diga que ella no participaba, que su marido la engañaba y que ella sólo firmaba porque confiaba en él y él le decía que no había nada delictivo, eso sí lo puedo entender. Pero decir que no sabe nada, que no tenía ni idea de cómo entraban en su casa miles de euros…es una estrategia de defensa autoofensiva y absurda porque no se la cree nadie, ni el juez de instrucción, ni el tribunal que en su día juzgará el caso.

 

No sé si es vigente aquel ideal de justicia “libre, universal y gratuita”, teniendo en cuenta los retrasos, la burocracia y la parcialidad. ¿Pero la justicia hoy en día es justa?

 

La justicia es injusta, porque es lenta, porque no siempre da suficiente satisfacción a intereses legítimos de los ciudadanos y porque está ejercida desde la distancia, no es próxima, las mismas salas de vista son un ejemplo, ¿dónde está el tribunal? Arriba, en un escenario.

 

Hay una jerarquía.

 

Y el ciudadano abajo, no señor, debemos estar todos al mismo nivel, tratándonos con respeto pero de usted, esos títulos de señoría y excelentísimo señor han quedado anticuados. ¿Cómo recuperaremos una justicia que  merezca la confianza de los ciudadanos? Con un Estado más pequeño y próximo, con unos jueces más próximos. Los jueces españoles que actualmente trabajan en Catalunya se irán, si Catalunya es otro Estado y ellos si son de Valladolid o de Murcia, lo normal es que se vayan, y es legítimo que lo hagan. Habrá que cubrir estas vacantes con juristas, hay muchos y muy buenos en Catalunya que pueden ejercer como jueces. El Colegio de Abogados de Catalunya tiene 28.000 abogados, ¿no encontraremos 300 o 400 con quince o veinte años de experiencia que vayan resolviendo los diferentes asuntos? No es muy complicado y lo tenemos perfectamente diseñado para el día que sea necesario.

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