El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro Oligarquía financiera y poder político en España escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante «una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la unidad indisoluble de España».

Por su parte, el Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado (léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como sus más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado «clan de los políticos» en palabras del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal.

Respecto al caso del procés, el juez del Supremo Llarena, sería el responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y los ex-consellers de la Generalitat por presunto delito de sedición. En este contexto, el informe anual de Amnistía Internacional sobre las libertades en España, certificó meridianamente «la deriva autocrática» del Estado español tras constatar «ataques al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como en la práctica policial, uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre en Catalunya» así como «la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart».

Asimismo, el macrojuicio del procés estaría estigmatizado por el empleo del llamado Lawfare o Guerra Judicial, entendido como el «abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad». Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal, tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos, así como crear indefensión, supuestos en los que podría haber incurrido la Justicia en el macrojuicio contra los líderes del procés catalán y que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

¿Jaque mate al Gobierno Sánchez?

En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa. El término cisne negro designa a un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori, y en el caso de Sánchez, ese cisne negro habría adoptado la forma de una trama secreta de espionaje para descabalgarlo del Poder, el llamado Catalangate.

Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 independentistas catalanes y vascos habrían visto hackeadas sus conversaciones de móvil en el 2019 mediante el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group, programa que según el diario El País, habría sido comprado por el CNI por 6 millones de dólares por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como responsables de dicho espionaje.

Ello ha provocado la congelación de relaciones de ERC con el Gobierno hasta que «el Gobierno central asuma las responsabilidades hasta las últimas consecuencias» en palabras del Presidente Pere Aragonés y aunado con la desafección de Unidas Podemos tras la decisión personal de Pedro Sánchez de incrementar su aportación a la OTAN hasta el 2%, (lo que implicará incluir en los Presupuestos del Estado del 2023 una partida adicional estimada en 10.000 millones €), podría provocar que Sánchez quede huérfano del sustento parlamentario de Unidas Podemos además de los grupos periféricos vascos y catalanes para la confección de los nuevos Presupuestos y verse obligado a convocar elecciones anticipadas en el otoño, siendo previsible el triunfo de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos).

Asimismo, en el supuesto de triunfar en las elecciones la nueva CEDA representada por PP y Vox, asistiremos a la instauración de una nueva Doctrina autonómica que consistiría en la implementación de un Estado basado en el sui generis café para todos y que será un misil en la línea de flotación de la pervivencia de los regímenes forales diferenciados vasco y navarro y su capacidad autogestionaria.

Ello supondrá de facto vaciar de contenido las competencias legislativas de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto a Euskadi como a Navarra en autogobiernos devaluados, encorsetados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid.

Por su parte, el Govern catalán, ante la imposibilidad legal de celebrar un Referéndum sobre la Autodeterminación de Cataluña, reeditará el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperará la posterior implementación por el Gobierno Central del 155 que le haría aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.

Articulista en Revista Rambla | Otros artículos del autor

Nacido en Navarra en 1957. Escribe análisis sobre temas económicos y geopolíticos. Es miembro de Attac-Navarra. Colabora habitualmente en varios medios digitales e impresos españoles y latinoamericanos.

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