La chispa del incendio puede ser provocada por un rayo, un dominguero despistado, un pirómano o un sicario. Pero las condiciones para que medre el fuego son diversas y tienen, cómo no, una dimensión política notoria. Entre todos la mataron y de corrupción se murió. El Festival de Benidorm, los torneos de fútbol estivales y los incendios en Galicia amueblan la memoria de los veranos de mi niñez. De esa tríada, el elemento más persistente y trágico son los fuegos gallegos, que se prolongan en este otoño seco y convulso con una voracidad asesina de tierras y gentes, tanto que han logrado hacerse un hueco en las portadas de los diarios junto a la crisis del régimen monárquico de 1978, iniciada en Cataluña.

En el día de hoy, martes 17 de octubre de 2017, las noticias matutinas hablan de 27 incendios activos, siete estabilizados y 48 controlados en las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo, número considerablemente inferior a los 152 fuegos activos dos días antes, el domingo 15. La peor noticia, los seis muertos ocasionados por estos siniestros… a los que pueden sumarse otras 39 víctimas portuguesas de una hecatombe que no conoce fronteras. La buena nueva (por esperanzadora), que llegó la lluvia.

Empresas bajo sospecha

Una queja recurrente de los ciudadanos, y sospechosa por ello de credibilidad, denuncia la insuficiencia de los medios que la Xunta de Galicia ha movilizado para combatir este tipo de incidentes (aparte de la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del gobierno, y de los voluntarios llegados de distintos lugares, como los Bombers per la Independència catalanes) . Y al respecto cabría decir que la administración autonómica gallega carece, sensu stricto, de instrumentos contra el fuego, ya que el servicio de extinción fue privatizado en su momento (caso único entre todas las comunidades autónomas españolas, a pesar del estilo neoliberal imperante). Según el periódico digital El Diario (eldiario.es), la concesión está dividida entre las empresas Matinsa (filial de Fomento de Construcciones y Contratas), Veycar y Seganosa, con lo cual podría preguntarse uno si la coordinación entre efectivos y medios, así como su racionalización operativa, está garantizada desde esta tricefalia (muchas han sido las voces críticas que lo niegan).

Investigaciones judiciales previas a estos momentos de luto e indignación social, apuntan a que un grupo de compañías aeronáuticas dedicadas a la extinción de incendios actúa como oligopolio para obtener de las administraciones públicas condiciones económicas ventajosas, sin dar a cambio el servicio proporcional a lo recibido. Según la Audiencia Nacional, suman 250 los millones de euros desembolsados innecesariamente por las administraciones en concursos públicos convocados desde 1997 hasta la actualidad. Contra las personas procesadas —hay empresarios, políticos y funcionarios— se han interpuesto cargos como la pertenencia a organización criminal, la alteración de precios en concursos públicos, el cohecho, la prevaricación y la malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Las actuaciones investigadas tuvieron lugar no solo en Galicia, también en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Más negocios…

Otros negocios particulares también entrañan riesgos para el monte. Siempre se dijo que debería estar prohibida la comercialización de los frutos de la tierra quemada por el fuego. Y mucho más la recalificación urbanística de las zonas asoladas. Pero llegó el PP, cómo no, y el interés más abyecto se impuso al sentido común y al más mínimo sentido de la justicia y el bien colectivo. La reforma de la Ley de montes aprobada por el gobierno español en enero de 2015 permite convertir en urbanizables las zonas calcinadas, con lo cual se da pie a la floración de una nutrida y generosa red de influencias, favores y otras corruptelas ligadas a intereses inmobiliarios y, por supuesto, ubérrima en transferencias ilegales de dinero.

En el antiguo bosque gallego predominaban especies caducifolias como el carballo (roble) y el castaño, árboles de crecimiento lento y relacionados con una explotación económica tradicional, de subsistencia. En la actualidad, gran parte de esas florestas han sido sustituidas por una repoblación de pinos o eucaliptos, especies de crecimiento rápido muy apreciadas por las industrias papelera y de la construcción y el mobiliario, y en las que el fuego prende con mayor intensidad que en robles y castaños.

El abandono, una bomba de relojería

El monto total abonado por la Xunta a las empresas licitadas ronda los cien millones de euros anuales. Parte de los cuales podría ahorrarse si se realizara una política preventiva activa, que pasa por la limpieza de los montes y el trazado de cortafuegos. Labores, por cierto, que podrían dar trabajo a no pocas personas durante todo el año.

Pero, ¿por qué se encuentran los montes gallegos en ese estado de dejación, abandonados a su feracidad y convertidos en bombas de relojería con poder devastador? La principal causa estriba en la despoblación del medio rural; concretamente, en el trasvase de la gente más joven del campo a la ciudad, en busca de mejores oportunidades laborales y más y mejores servicios de todo tipo (sanidad, educación, ocio). La Galicia rural se ha convertido en una gran residencia de ancianos sin la vitalidad necesaria para mantener su espacio físico en buenas condiciones de habitabilidad.

De cualquier modo, factores sociológicos aparte, no puede olvidarse —ni despreciarse— que el ochenta por ciento de los incendios registrados en España son obra humana. Intencionada en muchos casos. Y contra la mala intención, solo una justicia eficaz e independiente puede actuar de manera satisfactoria.