El exministro franquista José Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho público una nota de prensa donde amenaza con tomar medidas legales contra las víctimas que lo acusan en la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo.
El exministro franquista José Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho público una nota de prensa donde amenaza con tomar medidas legales contra las víctimas que lo acusan en la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo.
Recordemos que la justicia Argentina y la Interpol de ese país, recientemente ha cursado una orden de detención preventiva internacional contra Utrera Molina, que ha utilizado la web de la Fundación Francisco Franco para hacer pública su rocambolesca nota de prensa.
El falangista José Utrera Molina fue Ministro Secretario General del Movimiento en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro y actualmente es miembro de la Fundación Francisco Franco. Para él, los querellantes, le piden la imputación por ser uno de los firmantes de le pena de muerte, a garrote vil, del joven anarquista Salvador Puig Antich. Utrera fue presidente del Banco Rural (1975-78). En el año 2010, y desde las páginas del diario ABC, Utrera Molina cargaba contra la Memoria Histórica con un carpetovetónico artículo que tituló: “¡A mí la Legión!”. Aquí tienen la nota:
NOTA DE PRENSA
En relación con las noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior, y en defensa de mi honor afirmo:
1. Mi condición de ministro y el ejercicio de las responsabilidades propias de dicho cargo no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno.
2. La supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal. Constituye una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno.
3. La imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor, y no descarto ejercer las acciones judiciales pertinentes en mi defensa.
José Utrera Molina
Noviembre 2014
