Alrededor de 900 fondos de inversión de capital riesgo gestionan en total más de 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la Península Ibérica, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Desde la coordinadora afirman que la llegada de estos fondos está en «auge» y que desde 2019 la compraventa de fincas rústicas ha aumentado «significativamente», un 20%. En 2024, según COAG, el proceso de ‘uberización’ del campo español se ha acelerado y con el mismo «el aterrizaje de fondos de inversión especulativos».
Esta tendencia hacia la entrada en el sector de los fondos de inversión está provocada, según COAG, por una cada vez mayor concentración de la producción y la existencia de oligopolios que acaparan una parte muy importante del mercado agrícola ibérico.
En concreto, tan solo el 6,6% de las empresas del sector monopoliza la subida que ha experimentado la renta agraria (10,8%) durante el 2024, puesto que este porcentaje de empresas acapara, según datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 42% del valor de la producción del campo español.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, lamenta que en este contexto los beneficiados del aumento de la renta agraria acaban siendo los «accionistas de Wisconsin o la City de Londres» y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos son los perjudicados.
Además, Padilla señala que la creciente concentración provoca que cada vez haya mayores barreras de entrada al mercado para los «jóvenes» y denuncia que el «actual modelo social y profesional» de los agricultores y ganaderos se encuentra en peligro, aunque afirma que la agricultura «tiene un gran futuro en España».
Oposición a los principales acuerdos comerciales
Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, entre ellas COAG, muestran su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur por representar el «golpe definitivo» para agricultura y ganadería europeas y piden que el Gobierno español no ratifique este acuerdo, como ya han defendido en varias protestas en los últimos meses.
Asimismo, COAG exige que se suspenda el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por violar el derecho internacional al vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, tal y como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
