La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) recibieron un total de 88,9 millones de euros en subvenciones públicas. Según datos compilados a partir de registros oficiales, UGT obtuvo 43,9 millones de euros, mientras que CCOO sumó 45 millones. Estas cifras, que representan un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores, provienen de diversas administraciones: estatal, autonómicas y locales, y han generado debate sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en el ámbito sindical.
Los subsidios a los sindicatos no son una novedad en España. Desde la Transición democrática, las organizaciones sindicales han recibido apoyo financiero del Estado para compensar su rol en la representación de los trabajadores, la negociación colectiva y la promoción de la paz social. Sin embargo, el volumen de estas ayudas ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente bajo el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. De acuerdo con análisis de fuentes independientes, entre 2020 y 2024, UGT acumuló 202 millones de euros en subvenciones, y CCOO, 179 millones, sumando más de 380 millones en total para ambos sindicatos. Este flujo de dinero público ha sido criticado por sectores conservadores y liberales, que lo ven como un mecanismo para asegurar la lealtad de los sindicatos al Ejecutivo, mientras que los propios sindicatos defienden que estas ayudas son esenciales para su funcionamiento y para actividades como la formación profesional, la prevención de riesgos laborales y la cooperación internacional.
Para entender el contexto de 2024, es necesario remontarse a las decisiones presupuestarias del año anterior. En diciembre de 2023, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un aumento en las subvenciones destinadas a organizaciones sindicales representativas. Aunque la convocatoria inicial para 2024 se limitó a 17 millones de euros para actividades sindicales generales, esta cifra solo representa una parte del total. En realidad, el grueso de las ayudas se distribuye a través de múltiples canales: ministerios, consejerías autonómicas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Por ejemplo, en diciembre de 2024, se aprobó una dotación adicional de 32 millones de euros, aunque esta se extendió parcialmente a 2025, elevando el total efectivo para los sindicatos a cifras récord.
Los datos detallados sobre las subvenciones de 2024 revelan una compleja red de transferencias. Según el portal Laboro Spain, que recopila información de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, UGT recibió 265 ayudas individuales, mientras que CCOO obtuvo 334. Estas provienen de entidades variadas: desde el Ministerio de Trabajo hasta consejerías en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Castilla y León, pasando por 13 diputaciones y 30 ayuntamientos. Incluso se registran contribuciones de universidades y fundaciones públicas. Cada subvención se clasifica como «entrega dineraria sin contraprestación», lo que implica que no requieren una devolución directa, aunque sí una justificación de su uso.
Entre los beneficiarios específicos dentro de los sindicatos, destacan las confederaciones centrales y sus ramas sectoriales. Para UGT, la Confederación UGT acumuló alrededor de 45,2 millones en los últimos años, con aportes significativos a entidades como UGT Cooperación al Desarrollo (ISCOD), que recibió 36,2 millones para proyectos internacionales, o UGT Castilla y León, con 14,7 millones. En CCOO, la distribución es similar, con fondos dirigidos a federaciones como Servicios Públicos o Industria. Estos recursos se destinan, en teoría, a programas de formación, igualdad de género, salud laboral y diálogo social. Sin embargo, la opacidad en la rendición de cuentas ha sido un punto de fricción recurrente. Ni UGT ni CCOO publican desgloses exhaustivos de cómo se emplean estos fondos, lo que ha llevado a acusaciones de falta de transparencia.
El incremento en 2024 coincide con un período de intensa actividad sindical. Ese año, los sindicatos negociaron reformas clave, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, de CCOO, mantuvieron un alineamiento cercano con el Gobierno, participando en mesas de diálogo social que culminaron en acuerdos tripartitos con la patronal CEOE. Críticos como el portal Libre Mercado argumentan que este «silencio» ante políticas controvertidas, como el reparto de fondos europeos o el control de precios, se debe precisamente a las subvenciones. En 2024, por ejemplo, UGT recibió 10,8 millones y CCOO 7,9 millones solo en ayudas superiores a 100.000 euros registradas por Hacienda, aunque estas cifras subestiman el total al excluir montos menores.
Históricamente, las subvenciones a sindicatos han evolucionado desde los 9 millones de euros anuales en la década de 2010 hasta los picos actuales. Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), se aplicaron recortes durante la crisis financiera, reduciendo las ayudas a mínimos. Con la llegada de Sánchez en 2018, el flujo se multiplicó, alcanzando 32 millones en 2024 solo en la convocatoria principal del Ministerio de Trabajo, un cuadruplicamiento en siete años. Esta tendencia se enmarca en un gasto público más amplio: en 2024, el Gobierno repartió 5.000 millones en subvenciones a más de 6.000 organismos, incluyendo ONG, partidos políticos y sindicatos.
Las controversias no se limitan al volumen de las ayudas. En noviembre de 2024, la Audiencia de Sevilla condenó a UGT-Andalucía por desviar fondos públicos destinados a parados, obligando a devolver millones en un caso de corrupción que involucraba gastos en ferias y congresos. A pesar de esto, el Gobierno andaluz mantuvo las subvenciones, argumentando que se destinan a programas conjuntos con CCOO y la patronal CEA. Además, en diciembre de 2024, la Audiencia de Madrid ordenó a UGT devolver 90.000 euros por irregularidades en una campaña de riesgos laborales, destacando problemas en la ejecución de fondos.
Desde los sindicatos, se defiende que estas ayudas compensan la baja afiliación en España (alrededor del 15% de los trabajadores, frente al 50% en países nórdicos) y permiten servicios esenciales. Unai Sordo ha argumentado en intervenciones públicas que «sin apoyo público, los sindicatos no podrían representar a millones de trabajadores no afiliados». Pepe Álvarez, reelegido en 2024 con apoyo gubernamental, enfatiza el rol en la recuperación económica post-COVID.
En redes sociales, el tema ha generado polémica. Usuarios critican que los sindicatos «callan» ante medidas impopulares, atribuyéndolo a las subvenciones. Por ejemplo, posts virales destacan los 380 millones acumulados desde 2020, llamándolos «comegambas» en referencia a gastos extravagantes. Sin embargo, defensores argumentan que las cifras se exageran y que las subvenciones se auditan estrictamente.
En conclusión, las subvenciones de 2024 a UGT y CCOO confirman un patrón de aumento, respaldado por datos oficiales, pero también avivan debates sobre dependencia gubernamental. Mientras el Gobierno justifica estas ayudas como inversión en cohesión social, opositores exigen mayor control. Con presupuestos para 2025 en el limbo, el futuro de estos fondos podría definir las relaciones laborales en España.
