Cuando gobernar deja de ser un proyecto colectivo y se convierte en una estrategia de supervivencia, la democracia entra en una zona de desgaste silencioso pero profundo
Hay momentos en la historia política de un país en que los acontecimientos dejan de ser simplemente acontecimientos y se convierten en síntomas. No son hechos aislados, ni siquiera crisis encadenadas: son señales de una transformación más profunda, de una mutación moral que afecta no solo a quienes gobiernan, sino al propio ecosistema democrático que hace posible el gobierno. España atraviesa uno de esos momentos.
La reciente condena de José Luis Ábalos, una de las figuras más decisivas en la arquitectura política del actual ciclo socialista, no constituye únicamente un episodio judicial de gran envergadura. Es, sobre todo, un espejo incómodo. Porque en política las responsabilidades nunca son exclusivamente penales. Existen las responsabilidades estructurales, las éticas, las simbólicas. Y esas son siempre más difíciles de asumir, precisamente porque no pueden delegarse en un tribunal.
Durante años, Pedro Sánchez construyó su liderazgo sobre una idea poderosa: la regeneración. Llegó al poder invocando la ejemplaridad frente a la corrupción sistémica del adversario. Su moción de censura de 2018 fue, esencialmente, un acto moral antes que parlamentario. O al menos así fue presentada. La legitimidad de origen de este ciclo político descansaba sobre esa premisa: la superioridad ética. Por eso el problema actual no es solo judicial. Es narrativo.
Cuando quien se presentó como antídoto acaba conviviendo con la enfermedad que prometió combatir, la fractura es doble: se rompe la confianza en un gobierno concreto y se desgasta la credibilidad de la política como herramienta de corrección. Y ahí reside el verdadero núcleo de la crisis.
No se trata tanto de determinar cuánto sabía Sánchez, ni cuándo lo sabía, aunque esas preguntas sean políticamente inevitables. Se trata de algo más grave: qué tipo de cultura política se ha consolidado alrededor del poder. Una cultura donde resistir ha sustituido a gobernar; donde la permanencia se ha convertido en un fin en sí mismo; donde la lógica de la supervivencia neutraliza cualquier impulso de rectificación.
El verbo resistir ha sido central en el imaginario político sanchista. Resistir a la oposición, resistir a la prensa hostil, resistir a las crisis internas, resistir incluso a las derrotas. Durante años esa resistencia fue leída como fortaleza. Hoy empieza a parecer otra cosa: inmovilidad. Y la diferencia es decisiva. Porque un líder fuerte resiste para transformar. Un líder agotado resiste para permanecer.
La política contemporánea ha producido una extraña perversión del concepto de legitimidad. Antes, la legitimidad no era solo matemática; requería un consenso moral mínimo. Hoy parece bastar con reunir votos, aunque el edificio se sostenga sobre alianzas precarias, cesiones contradictorias y una atmósfera permanente de excepción. El problema no es que Sánchez siga teniendo mayoría parlamentaria. El problema es preguntarse qué significa hoy esa mayoría.
Cuando los socios sostienen al gobierno no por convicción, sino por miedo al vacío, por cálculo táctico o por pura administración de costes, el poder se vacía de proyecto. Sobrevive, sí. Pero como sobreviven algunas estructuras que ya han perdido su función originaria.
Es significativo que incluso voces tradicionalmente aliadas comiencen a formular preguntas incómodas. No porque hayan descubierto de pronto la fragilidad del sistema, sino porque intuyen algo más inquietante: que la continuidad del actual modelo puede estar acelerando una desafección política de largo alcance. Y esa desafección no distingue ideologías.
La corrupción, cuando aparece, tiene una capacidad singular para destruir el tejido invisible de la democracia. No solo roba dinero; roba significado. Convierte la representación en sospecha. La promesa pública en cinismo. El voto en resignación. Pero hay algo peor que la corrupción: la normalización de la corrupción. Ese es el punto exacto donde una democracia empieza a deteriorarse culturalmente. No cuando aparecen los escándalos —eso ocurre en todas partes—, sino cuando el sistema aprende a metabolizarlos sin consecuencias políticas reales. Como si todo fuera soportable. Como si nada fuera suficientemente grave. Como si la indignación fuera ya solo un ritual vacío.
En España llevamos años instalados en una polarización tan intensa que ha terminado generando un fenómeno paradójico: la suspensión de la ética por pertenencia. Cada bloque justifica lo intolerable de los suyos porque teme fortalecer al contrario. Así, la corrupción deja de ser un problema democrático y se convierte en munición partidista. Eso degrada todo.
Porque la democracia no puede sostenerse indefinidamente sobre el “y tú más”. Ese mecanismo, útil para la batalla táctica, es devastador para la cultura institucional. Reduce la responsabilidad a un intercambio de culpas, como si el delito ajeno absolviera el propio. No lo hace. Nunca lo ha hecho.
El caso Ábalos, por su proximidad al núcleo duro del poder, tiene una dimensión especialmente corrosiva. No hablamos de un actor periférico. Hablamos de alguien que fue columna vertebral de un proyecto político. De un hombre de máxima confianza. De un ejecutor central. Eso obliga a una reflexión incómoda: ¿qué dice de un liderazgo la conducta de quienes lo hicieron posible? Toda estructura de poder genera una atmósfera. Y esa atmósfera acaba revelándose en sus márgenes. Quizá por eso lo que hoy se discute ya no es solo la continuidad de un gobierno, sino la fatiga de una época.
Hay ciclos políticos que terminan electoralmente. Otros terminan moralmente antes de hacerlo. Y ese desfase es siempre peligroso. Porque cuando un poder ha agotado su energía ética, pero conserva su aritmética parlamentaria, entra en una fase de endurecimiento. Se blinda. Se encierra en sí mismo. Interpreta toda crítica como conspiración y toda exigencia de responsabilidad como ataque ilegítimo. Es el momento en que la política pierde plasticidad. Y sin plasticidad democrática, la sociedad se vuelve rígida, desconfiada, más vulnerable a los extremismos.
No es casual que en toda Europa crezcan discursos de ruptura. No nacen solo de la crisis económica o de la inmigración o del malestar cultural. Nacen también de la percepción de que los sistemas tradicionales ya no corrigen sus propias desviaciones. Ese es el gran riesgo español. Que la ciudadanía concluya que el mecanismo de rendición de cuentas ha dejado de funcionar. Que la ejemplaridad es una ficción retórica. Que gobernar consiste simplemente en aguantar.
Sin embargo, toda democracia sana conserva una posibilidad de reparación. Y esa reparación comienza siempre con un gesto político antes que judicial: reconocer que el poder no es propiedad de quien lo ejerce, sino préstamo de la sociedad. Parece una obviedad. Pero en tiempos de hiperpersonalización del liderazgo, conviene recordarlo.
Quizá la cuestión central de este momento no sea si Pedro Sánchez puede seguir. La verdadera pregunta es otra. Si debe. Y todavía más importante: qué coste colectivo tiene que siga. Porque las democracias no se rompen solo con golpes abruptos. A veces se desgastan lentamente, por acumulación de pequeñas renuncias, de silencios estratégicos, de responsabilidades aplazadas. Hasta que un día descubrimos que aquello que llamábamos normalidad era, en realidad, deterioro. Y entonces ya suele ser tarde.
