Un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) venidas de toda Cataluña han participado en una protesta ante el edificio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ubicado en Barcelona, para denunciar que hay 870 familias vulnerables que esperan un piso de las mesas de emergencias que hay en unas once localidades catalanas. Según los concentrados, el mecanismo que tenía que garantizar un realojamiento para las familias vulnerables en riesgo de desahucio se está convirtiendo «en un reparto de migajas».
«Tenemos derecho a agua, luz y techo», «No toleraremos, ni un desahucio más» y «No se entiende, gente sin casa y casas sin gente» son algunas de las proclamas que han gritado los concentrados. Un grupo de manifestantes ha entrado en la sede de la agencia pública para presentar casos concretos de situaciones «flagrantes» y así ejemplificar la situación de emergencia. Al cabo de unos minutos, han salido y han continuado la protesta fuera.
Los miembros de la entidad han denunciado que el colapso de las mesas de emergencia ha sido uno de los grandes temas ausentes de los debates de la campaña del 12-M. «No es una situación nueva, hace siete años que lo denunciamos. Se tienen que acabar las excusas y pasar a los hechos, las soluciones son fáciles. No tienen que mirar hacia otro lado y tienen que decidir si quieren gobernar para las personas con problemas de vivienda o para los fondos buitre», ha dicho Juanjo Ramon, portavoz de la PAH, que ha denunciado que, de media, en Cataluña hay 20 desahucios al día.
Familias vulnerables: una situación precaria
La asociación ha explicado que este mecanismo se ha visto «desbordado» por la emergencia de la vivienda, sobre todo en la ciudad de Barcelona, que concentra el 80% de la lista de espera de familias vulnerables. Según la PAH, la burocracia ha hecho que estas mesas sean «ineficaces» y no actúen a tiempo para evitar que las personas desahuciadas tengan alternativas de vivienda dignas. «Con la excusa de que no se puede tramitar hasta que viene la orden de desahucio, es demasiado tarde. Estamos hablando de un proceso de meses, cuando el desahucio llega la gente no tiene garantizado el desalojo y acaban en pensiones, campings, hostales y muchas veces son alojamientos superprecarios, con plagas, sin cocina», ha añadido Ramón.
Este mecanismo tendría que dar respuesta en tres meses a las situaciones de vulnerabilidad, pero «en algunos casos se puede alargar dos años». Además de los retrasos, también han denunciado los filtros para reducir el acceso a muchas familias, sobre todo en el caso de migrantes.
Un plan de choque como prioridad
La PAH ha pedido un plan de choque «que tendría que ser la prioridad» del nuevo Gobierno de la Generalitat que salga de las urnas el 12-M. En este sentido, los activistas han reclamado que lleven a cabo las medidas que están en sus manos para hacer cumplir la Ley 24/2015 que fuerza a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar a una familia vulnerable.
«Solo aplicando la ley, la gente tendría el alquiler social, se evitaría el colapso administrativo y la Generalitat no tendría que invertir en más pisos. La ley tiene ocho años y no se está cumpliendo y tampoco sancionando su incumplimiento«, ha afirmado el portavoz. Las sanciones por este tipo de incumplimientos pueden elevarse hasta los 90.000 euros.
