El pasado 14 de junio, la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, planea ceder una parcela pública de 15.000 metros cuadrados en el barrio de Sanchinarro (Hortaleza) por 75 años a la Fundación Vianorte-Laguna, vinculada al Opus Dei, desató una ola de reacciones en la capital española. Valorada en medio millón de euros, la parcela está destinada a la construcción de un centro sociosanitario para personas en cuidados paliativos o con deterioro cognitivo, junto con un centro de formación. Sin embargo, la naturaleza de la cesión, su duración y la vinculación de la fundación beneficiaria con una organización religiosa han generado un intenso debate sobre la gestión del suelo público, las prioridades urbanísticas y la transparencia en las decisiones municipales.
Un concurso a medida
La operación, publicada por Somos Madrid y ampliamente comentada en plataformas como X, se enmarca en una licitación pública iniciada en abril de 2025 por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, dirigida por Mariano Fuentes (Ciudadanos). Según los detalles del concurso, la Fundación Vianorte-Laguna, que solicitó expresamente la parcela en noviembre de 2024, parece ser la única entidad posicionada para obtenerla. La redacción de los pliegos, según Somos Madrid, está diseñada a medida de esta fundación, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso.
La Fundación Vianorte-Laguna, creada en 1992, está vinculada al Opus Dei, una institución católica conocida por su influencia en sectores educativos y sanitarios. Actualmente gestiona el Centro de Cuidados Laguna, el único hospital privado de Madrid especializado en cuidados paliativos, y colabora con la Universidad de Navarra, también asociada al Opus Dei. El proyecto propuesto incluye un edificio para atender a pacientes con necesidades sociosanitarias y un centro formativo, lo que, según la fundación, responde a una creciente demanda de servicios especializados en la capital.
Sin embargo, la cesión gratuita por 75 años –el máximo permitido por la legislación española– ha sido criticada por diversos sectores. En X, usuarios como @jhergony y @TomasMu73833924 calificaron la decisión de “regalo” y cuestionaron la prioridad dada a una entidad religiosa en detrimento de otros usos públicos, como viviendas sociales o equipamientos comunitarios. La polémica se intensifica al considerar el historial del gobierno de Almeida, que desde 2019 ha adjudicado múltiples parcelas municipales a entidades privadas, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia o a fundaciones cercanas al Partido Popular (PP).
Un patrón de cesiones controvertidas
La cesión de Sanchinarro no es un caso aislado. Desde el inicio de su mandato, Almeida ha promovido la entrega de suelo público a organizaciones privadas, a menudo sin contrapartida económica significativa. En 2022, el Ayuntamiento cedió tres parcelas valoradas en 757.304,95 euros al Arzobispado de Madrid y a la Comunidad del Cordero para la construcción de templos y un monasterio en Usera, Villa de Vallecas y Aravaca. Ese mismo año, la Fundación A La Par, vinculada al PP, recibió una parcela en Fuencarral-El Pardo valorada en 2,1 millones de euros para proyectos de integración laboral de personas con discapacidad.
En 2024, otra parcela en Sanchinarro fue adjudicada a la Fundación Aladina para un centro de día para menores con cáncer, una decisión que, aunque bien recibida por su finalidad social, también se realizó bajo el mismo modelo de cesión gratuita por 75 años. Estas operaciones, justificadas por el consistorio como una forma de fomentar proyectos de interés general, han sido criticadas por la oposición y colectivos vecinales, que las consideran una privatización encubierta del patrimonio municipal.
El caso de Sanchinarro se suma a esta lista, pero añade un elemento adicional de controversia debido a la vinculación de la Fundación Vianorte-Laguna con el Opus Dei. Esta organización, fundada por Josemaría Escrivá, ha sido objeto de críticas por su carácter conservador y su influencia en instituciones públicas y privadas. En Madrid, la presencia del Opus Dei ya es notable en el ámbito educativo, con centros como el colegio Edith Stein, que recibe financiación pública a pesar de su modelo de educación segregada por sexos. La cesión de suelo público a una entidad asociada a esta organización reaviva el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado en la gestión de recursos públicos.
Sanchinarro: un barrio en transformación
Sanchinarro, un barrio residencial en el distrito de Hortaleza, ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas dos décadas, convirtiéndose en un símbolo del desarrollo urbanístico de Madrid. Sin embargo, este crecimiento ha ido acompañado de carencias en equipamientos públicos. Los vecinos han denunciado la falta de centros de salud, escuelas públicas y espacios verdes accesibles, lo que hace que la cesión de una parcela de 15.000 metros cuadrados a una entidad privada sea particularmente polémica.
En julio de 2024, el Ayuntamiento anunció la construcción de un centro ocupacional para personas con discapacidad en Sanchinarro, gestionado por la Fundación Jardines de España. Aunque este proyecto fue bien recibido, la nueva cesión a Vianorte-Laguna ha generado críticas por parte de asociaciones vecinales, que argumentan que el suelo público debería destinarse prioritariamente a servicios gestionados directamente por el consistorio. “Necesitamos centros de salud y escuelas, no más cesiones a entidades privadas que no garantizan un acceso universal”, señaló un portavoz de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro en una declaración a El País.
El valor de la parcela, estimado en 500.000 euros, contrasta con su potencial para proyectos de mayor alcance social. Por ejemplo, el suelo podría haberse destinado a viviendas públicas, un bien escaso en Madrid, donde los precios del alquiler han alcanzado niveles prohibitivos –en Sanchinarro, algunos pisos municipales privatizados se alquilan por hasta 2.100 euros al mes. La decisión de priorizar un centro sociosanitario privado, aunque especializado, plantea preguntas sobre las prioridades del gobierno municipal en un contexto de crecientes necesidades sociales.
La figura de Almeida y su relación con el Opus Dei
El alcalde José Luis Martínez-Almeida, miembro del PP, ha sido objeto de escrutinio por su cercanía a instituciones religiosas. Educado en el colegio Retamar, vinculado al Opus Dei, y proveniente de una familia con fuertes lazos con la élite católica –su madre fue presidenta de la Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica–, Almeida ha defendido estas cesiones como una forma de “colaboración público-privada” para atender necesidades sociales. Sin embargo, sus detractores lo acusan de favorecer a entidades afines a su ideología en detrimento de la gestión pública directa.
En el caso de Vianorte-Laguna, el consistorio argumenta que el centro sociosanitario cubrirá un vacío en la atención a pacientes en cuidados paliativos, un servicio que, según el Ayuntamiento, complementará la oferta pública. Sin embargo, la falta de información detallada sobre el modelo de gestión del futuro centro –por ejemplo, si será accesible para todos los ciudadanos o tendrá un enfoque privado– ha alimentado las críticas. En X, usuarios como @Paco_Pico27 han calificado la cesión como un “negocio” para el PP, insinuando motivaciones políticas detrás de la decisión.
Un debate sobre el futuro del suelo público
La cesión de la parcela en Sanchinarro pone de manifiesto una tensión más amplia en Madrid: ¿cómo debe gestionarse el suelo público en una ciudad con crecientes demandas sociales y urbanísticas? La legislación española permite cesiones de hasta 75 años, pero la práctica de adjudicar parcelas a entidades específicas mediante concursos aparentemente diseñados a medida plantea cuestiones éticas y legales. La oposición, liderada por Más Madrid y el PSOE, ha exigido mayor transparencia y participación ciudadana en estas decisiones, proponiendo que las parcelas se destinen a proyectos gestionados directamente por el sector público.
Organizaciones como Transparencia Internacional España han advertido sobre los riesgos de corrupción en procesos de licitación que favorecen a entidades previamente seleccionadas. En el caso de Sanchinarro, la falta de competencia real en el concurso refuerza estas preocupaciones. Además, la vinculación de la Fundación Vianorte-Laguna con el Opus Dei añade un componente ideológico que polariza aún más el debate, especialmente en un contexto donde la laicidad del Estado es un tema recurrente.
Hacia una reflexión colectiva
La cesión de la parcela de Sanchinarro no solo afecta a los vecinos del barrio, sino que abre un debate sobre el modelo de ciudad que Madrid desea construir. Mientras el Ayuntamiento defiende la colaboración con entidades privadas como una solución eficiente, las voces críticas reclaman un uso más inclusivo y transparente del patrimonio municipal. La Fundación Vianorte-Laguna, por su parte, deberá demostrar que su proyecto beneficia a la comunidad en su conjunto y no solo a un sector específico de la población.
A medida que Madrid continúa creciendo, el destino de su suelo público seguirá siendo un campo de batalla política y social. La cesión de Sanchinarro, con su carga simbólica y sus implicaciones prácticas, es un recordatorio de que las decisiones urbanísticas no son meramente técnicas, sino que reflejan las prioridades y valores de quienes las toman. En un momento en que la desigualdad y la falta de acceso a servicios públicos son preocupaciones crecientes, la pregunta sigue en el aire: ¿a quién pertenece realmente el suelo de Madrid?
