La actividad parlamentaria de la semana deja como principal resultado la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), mejor conocida como “ley Wert”, la séptima ley de educación de la democracia,
La actividad parlamentaria de la semana deja como principal resultado la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), mejor conocida como “ley Wert”, la séptima ley de educación de la democracia, y que como las anteriores, llega con polémica y sin un consenso político e institucional que garantice su aplicación y desarrollo posterior. La “ley Wert” sólo ha contado con los votos favorables del Partido Popular, algo previsible, pues fue lo sucedido durante los trámites previos del Congreso y el Senado.
Para el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que por segunda vez era sometido a un voto de reprobación, el consenso en torno a la ley no es señal de legitimidad, una cuestión que liga al número de votos recibidos, y en eso el PP cuenta con mayoría absoluta. Para la oposición, en cambio, esta falta de consenso y el uso del rodillo parlamentario para sacar adelante esta nueva ley educativa la convierte en una norma sin futuro,y ya la mayor parte de los partidos avisaron desde la tribuna de oradores que se comprometían ano aplicarla y a derogarla en cuanto la representación política no beneficie de forma tan clara a la derecha gubernamental. Así, el president de la Generalitat catalana, Artur Mas, anunció la intención de su gobierno de recurrir la ley educativa ante el Tribunal Constitucional.
Otro punto sobre el que ha girado el debate en el Congreso de los Diputados ha sido el último auto del juez Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas, sobre la contabilidad en “b” del PP, cuyos indicios señala un informe de la UDEF. Rubalcaba aprovechó la sesión de control al gobierno para preguntar a Rajoy sobre un caso que se arrastra desde hace meses y que pone en cuestión las cuentas del PP. El presidente del gobierno no se ha dado por aludido y ha mantenido su habitual falta de explicaciones sobre la contabilidad ilegal, pero ha aprovechado, como también es habitual entre los dirigentes de su partido para no asumir -después de dos años en el poder- ninguna responsabilidad por la situación económica y política actual, para señalar la herencia socialista como origen de los recortes acometidos -varias veces con marcado entusiasmo- por el gobierno del PP. Ante las réplicas del líder del PSOE, Rajoy se ha escudado en que “la evolución muy moderada de los salarios ha permitido mantener los puestos de trabajo, que acompañado de una inflación muy baja, ha hecho que no se pierda poder adquisitivo y ha sido bueno para la competitividad de España”.
Rajoy, sorprendió al Congreso al afirmar, en contra de las estadísticas oficiales y de los datos de su propio ejecutivo, que este año no ha habido destrucción de empleo en España y lo ha atribuido a la reforma laboral. Las cifras, sin embargo, no le acompañan. En los últimos 12 meses se han perdido 497.100 empleos, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística y en lo que va de 2013, según la misma fuente, se han perdido 133.900 empleos, pese a que en este caso se estaría comparando un trimestre fuerte para el empleo, como es el tercero, con uno más débil, como es el cuarto.
Asunto de importancia también ha sido la Ley para la protección de la seguridad ciudadana, fuertemente contestada por la oposición y los movimientos sociales, y que mientras el ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, defendía, de forma más bien áspera y muy poco respetuosa con la oposición, estaba siendo enmendada por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La reunión de la comisión sirivó para corregir algunas de las sanciones previstas en el redactado de la ley, además de introducir algunos matices para controlar más la actuación de los policías cuando denuncien a participantes en manifestaciones callejeras o reuniones. Por ejemplo, el nuevo texto rebaja de “muy grave” a “grave” la conducta de quienes asistan a concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos y otras instituciones. También reduce de “grave” a “leve” las amenazas o insultos a los antidisturbios, lo que supone en ambos casos una fuerte disminución de la cuantía de las sanciones. El proyecto contempla infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros y 600.000); infracciones graves (de 1.001 euros a 30.000) e infracciones leves (sancionadas de 100 a 1.000 euros). Entre las sanciones previstas, de entre 1.001 y 30.000 euros, se encuentran las “ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas“. Fernández-Díaz explicó que actos como gritar consignas o portar pancartas “ofensivas o injuriosas contra España o una comunidad autónoma” en una manifestación se considerarán faltas graves, aunque en estas no se incluirá pitar el himno de España en un estadio. Estas incorporaciones de última hora pueden suponer una vía tanto para contentar a parte del electorado más celoso de los símbolos propios, como de desviar la atención de las medidas que contemplan la represión de la protesta social a través de la imposición de multas.
Por otra parte, el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE, al que se sumaron Izquierda Unida, CiU y PNV, sirvió tanto para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, considerase legitimada su reforma radical del CGPJ, como para que el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, volviese a buscar la confrontación con la ejecutiva de su partido con la vista puesta en unas hipotéticas primarias. Gómez dimitió de su cargo de senador por “coherencia”, según dijo, al ser contrario al acuerdo de renovación firmado por su partido y el PP, y que cuela entre los vocales pactados para el órgano judicial a un partidario de la privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
El nuevo CGPJ perderá funciones y tendrá a todos sus integrantes, salvo a seis, sin dedicación exclusiva. La reforma cuenta con la oposición de las asociaciones judiciales y refrenda el giro que dado Gallardón y su partido en cuanto al sistema de elección de los vocales. Los populares defendían la elección corporativa de una parte del Consejo y Gallardón incluso aseguró que el sistema de designación parlamentaria era inconstitucional. La politización del CGPJ que, denunciaba Gallardón, ocurría con la designación parlamentaria es ahora vista como una “doble legitimación”, compartida entre los propuestos de la carrera judicial y la “soberanía” que reciben los diputados.
El único grupo parlamentario propio que ha quedado fuera del acuerdo es UPyD. Rosa Díez, que fiel a sí misma calificó de “tropelía” y “atraco” el acuerdo, anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional por someter la Mesa del Congreso a votación la lista pactada. Además, pedirán a la Defensora del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad por entender que la designación parlamentaria de los vocales vulnera la Constitución, como el mismo ministro sostenía hasta hace poco menos de un año. El malestar por el acuerdo para la elección de los 20 vocales -diez del Congreso y diez del Senado- se extiende a los integrantes de la carrera judicial, en especial los fiscales, a los que se ha ninguneado y que, por primera vez, no contarán con ningún representante en el CGPJ.
Por último, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha amparado en la responsabilidad para justificarse por no haber hecho pública la carta enviada por el Banco Central Europeo en agosto de 2011 y que la oposición le requirió en varias ocasiones. Zapatero ha incluido la misiva, un documento oficial cuya existencia se negaba, en su libro de memorias. “En su momento no podía hacerlas públicas porque era un riesgo para la estabilidad”, ha asegurado el expresidente.
