Mueven los soberanistas, el gobierno se enroca

altProsiguen los movimientos de reacción de partidos y ciudadanos contra la suspensión de la consulta soberanista catalana.

 

 

 

Prosiguen los movimientos de reacción de partidos y ciudadanos contra la suspensión de la consulta soberanista catalana.

 

Las fuerzas políticas catalanas partidarias de la autodeterminación persisten en la protesta activa contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la consulta soberanista del 9 de noviembre. Sus más recientes acciones han tenido como escenario la Ciudad Condal.

 

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Tras la concentración del martes 30 de septiembre en la barcelonesa Plaça de Sant Jaume, un centenar y medio de personas secundaron un intento de acampada ante la Delegación del Gobierno. La convocatoria fue difundida por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a través de la red social Twiter, con el siguiente mensaje: “Todos hacia la #Acampada9N frente a la Delegación del Gobierno español porque el #9NDesobedecemos“. Aparte de manifestar su disconformidad con el proceder gubernamental, los concentrados pretendían instar a la desobediencia civil a las instituciones autonómicas catalanas.

 

Los Mossos d’Esquadra desplegaron ante el palacete de la calle Mallorca una veintena de furgonetas con unidades antidisturbios, que se encargaron de dejar la acampada en simple conato: hacia las diez de la noche, cuando ni siquiera había transcurrido una hora desde el inicio de la protesta, las pocas tiendas que habían sido instaladas fueron retiradas por los agentes sin que sus ocupantes se resistieran con contumacia, más allá de unos cuantos empujones y forcejeos que no llegaron a mayores. Entre los manifestantes figuraba David Fernández, diputado autonómico de la CUP.

 

Horas antes, distintos medios de prensa habían anunciado que el gobierno español iba a desplazar a Cataluña cuatrocientos agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para hacer frente a posibles altercados públicos contra las dependencias de la administración central del Estado. La vicepresidenta del ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a los simpatizantes de los partidos soberanistas que debían respetar las leyes, pero no precisó si entiende que ese respeto pasa por la renuncia al derecho a la libertad de expresión ejercido en manifestaciones públicas.

 

El miércoles 1 de octubre, el gobierno autonómico presentó un recurso contra la decisión del Tribunal Constitucional. El escrito esgrimía argumentos basados en la letra de la carta magna española, alegando que la consulta pretendíadar efectividad al principio democrático que emerge de la Constitución” e “incrementar la calidad democrática del sistema de instituciones de Catalunya“, además de recordar que el máximo ordenamiento del Estado contemplainstrumentos de participación de expresión de la democracia directa“. Esa misma mañana, y a pesar de la suspensión cautelar, la cámara legislativa catalana aprobó la creación de la comisión de control de la consulta del 9 de noviembre, medida que desató las airadas protestas de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciutadans. El portavoz popular, Enric Millo, amenazó con denunciar ante los tribunales a los ochenta y cuatro diputados de Convergència i Unión, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y CUP que votaron a favor de la puesta en marcha de la comisión (los representantes del Partit dels Socialistes de Catalunya se abstuvieron).

 

Mientras la polémica se adueñaba del hemiciclo catalán, representantes de la Associació Catalana de Municipis y de la Associació de Municipis per la Independència anunciaron que las mayorías consistoriales del 98 % de los municipios catalanes respaldaban la consulta soberanista. Los ayuntamientos concernidos reúnen al 88 % de la población de Cataluña. Por supuesto, el dato solo garantiza el apoyo a la causa de un número significativo de los ediles de la comunidad autónoma, pero no de sus votantes.

 

Al anochecer del martes, miembros y simpatizantes de la CUP volvieron a concentrarse ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. Esta vez, la policía autonómica se curó en salud estableciendo un cerco hermético a la manzana donde se hallan las dependencias gubernamentales, cortando tráfico y aceras (los vecinos debían identificarse para acceder a sus viviendas). Mucha parafernalia para contener a las cuatrocientas personas reunidas en el lugar, que se comportaron cautamente, sin amago de enfrentamiento con el despliegue policial; bien al contrario, no desplegaron sus tiendas de campaña y mataron el rato con un recital de poesía hasta las nueve de la noche, hora en que se reunieron en asamblea para decidir futuras acciones. Resultado del debate fue la decisión de proseguir con las acampadas reivindicativas en la Plaça de Catalunya, centro neurálgico de la ciudad.

 

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