El president de la Generalitat, Artur Mas, quiere dar brío a un proceso soberanista ralentizado en las últimas semanas para lo que en los 7 meses del tramo final de su legislatura, la Generalitat buscará centrar la mayor parte de su acción de gobierno en la creación y desarrollo de estructuras propias de Estado. Mas anunció así la creación de dos comisionados del Govern, el de Transparencia y el de Transición Nacional,
El president de la Generalitat, Artur Mas, quiere dar brío a un proceso soberanista ralentizado en las últimas semanas para lo que en los 7 meses del tramo final de su legislatura, la Generalitat buscará centrar la mayor parte de su acción de gobierno en la creación y desarrollo de estructuras propias de Estado. Mas anunció así la creación de dos comisionados del Govern, el de Transparencia y el de Transición Nacional, este último encabezado por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. El jurista será el encargado de evaluar e impulsar las estructuras políticas necesarias en caso de que la ciudadanía de Catalunya elija el camino de la independencia en las elecciones del 27 de septiembre.
Carles Viver i Pi-Sunyer presidía hasta este momento el Consejo de la Transición Nacional, un organismo que ha avalado la viabilidad de una Cataluña independiente. Las funciones de este comisionado serán las de diseñar un plan de actuación a partir de las necesidades de la Generalitat, en cuanto a organismos ya existentes y en relación a los que serían necesarios en un estado independiente. Con este comisionado, situado en el organigrama del Govern bajo el control directo de Mas, la Generalitat apuesta por preparar la maquinaria necesaria en caso de un resultado positivo para el soberanismo en las próximas autonómicas. Como ejes principales de actuación, se iniciará el despliegue de la Agencia Tributaria, la puesta en marcha de una seguridad social propia y el control de las infraestructuras consideradas estratégicas –telecomunicaciones, energía y transportes–, además de una ley que disponga la proyección exterior de una Cataluña independiente. Sobre la Hacienda propia, se mantienen las dudas sobre un proyecto que no pasa de embrionario, que gestiona apenas el 5% de los impuestos y mantiene una plantilla exigua para un cometido de este tipo, según los informes del propio Consejo de Transición Nacional.
Transparencia será el otro comisionado creado para encarar esta fase final de la legislatura y que será presidido por otro jurista, la magistrada en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Núria Bassols. El comisionado de Transparencia deberá desplegar la ley de de ese mismo nombre a través de un plan estratégico y de un programa de formación para los miembros de la administración catalana.
La decisión de Mas de crear estos dos nuevos departamentos forma parte de un decálogo para ir ajustando la actuación política de la Generalitat a la campaña electoral para los comicios del 27 de septiembre. De esta forma, comienza el diseño de un Govern para un estado propio con todos los organismos que se consideren necesarios para su viabilidad. Un plan de actuación que servirá además -elecciones obligan– a abrir la puerta a medidas de carácter social e intentar así minimizar las críticas a la férrea política de recortes que ha seguido la Generalitat en esta última legislatura. En ese plan encaminado a crear y garantizar unas estructuras de Estado, Mas anunció la introducción de medidas encaminadas a la creación de puestos de trabajo, a garantizar una renta mínima de inserción y a mantener la cobertura sanitaria. En realidad, se tratan en su mayoría de propuestas ya anunciadas en anteriores ocasiones y, en algún caso, iniciadas durante los Tripartitos.
Mas, por ejemplo, presentó un nuevo plan con acciones ya realizadas, como las ayudas para combatir la pobreza infantil durante el verano, plan que en 2014 contó con una dotación de 2,2 millones de euros. El “nuevo plan contra la pobreza y la exclusión social” anunciado por el president de la Generalitat aumentará la dotación presupuestaria para garantizar la renta mínima de inserción (185 millones de euros de gasto total) y que beneficiaría a unas 28.500 personas. El plan incorpora como novedosas varias medidas más surgidas del pleno contra la pobreza y suma las acciones contra la pobreza energética que beneficiaron durante el 2014 a apenas 800 familias.
El otro paquete de medidas presentado corresponde a la sanidad. Mas se ha comprometido a garantizar el acceso sanitario universal y a reducir las listas de espera hasta un máximo de un año. El president se felicitó por la reducción de las listas de espera, pero lo que no explicó es que esta reducción se produjo por el pase de más de 15.000 pacientes a centros privados.
