Desde su inicio, el proyecto económico del Gobierno Milei apostó a abrir las puertas de Argentina de par en par a las inversiones extranjeras, con dos objetivos: facilitar el ingreso de grandes capitales y acelerar las exportaciones en el corto plazo.
La palanca para promover la llegada de ese dinero es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. Se trata de un paquete de beneficios fiscales, tributarios y legales a treinta años para la inversión privada extranjera o nacional en megaproyectos que superen los 200 millones de dólares. Según el Decreto 749, que dictaminó este paquete, el gobierno anarco-libertario del presidente Javier Milei conceptualiza el RIGI como “una herramienta para atraer inversiones significativas para la economía nacional, que de lo contrario no se desarrollarían”. Los sectores prioritarios son la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Dicho decreto sostiene que, en el contexto actual, los incentivos otorgados en el marco del RIGI coadyuvarán a que “la recuperación económica sea más rápida, sostenible y duradera”. El plazo para adherirse a este régimen especial de fomento del capital transnacional vence en julio de 2026 pero el Gobierno podría prolongarlo. (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/312707/20240823).
Alianza para un control ciudadano
Al cumplirse el primer año de vida del RIGI, cinco organizaciones e instituciones argentinas –la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/ UNSAM)– juntamente con el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, elaboraron un primer balance multitemático. El mismo se centra en los resultados de la aplicación del RIGI pero con la brújula puesta en los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial. Publicado en agosto por el Observatorio RIGI, este informe representa un aporte científico de proyección internacional.
Según Luciana Ghiotto, investigadora asociada del TNI y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, (en la sede de la Universidad Nacional de San Martín), esta sinergia entre diversas organizaciones nacionales e internacionales, impulsada de forma articulada, es coherente con “la tradición de trabajar en conjunto con organizaciones del Sur global”. Y similar a la experiencia vivida en otros países, como Colombia, donde el TNI es parte de la campaña internacional #Frenemos el Poder de las Transnacionales. En el caso de Argentina, explica Ghiotto, “hemos participado en la campaña contra el Acuerdo de Libre Comercio (ALCA) en los años 2003-2005 y ya existe una tradición de trabajo y análisis conjunto con varias de las organizaciones sociales y académicas que hoy conforman el Observatorio del RIGI”.
Esta joven investigadora señala la riqueza que aporta la diversidad dentro del Observatorio: “La alianza se construyó a partir de la acción de organizaciones como la FARN y el CELS que, ya durante 2024, tuvieron un rol activo en los debates de la Ley de Bases, de la cual forma parte el RIGI”. Esos debates intentaron mostrar los posibles impactos negativos que tendría el Régimen de Incentivo sobre el medio ambiente y los territorios. Más tarde, “una vez aprobada la Ley de Bases, coincidimos en la necesidad de actuar en conjunto desde diferentes abordajes para poder analizar las implicancias del RIGI”. Ghiotto explica que este régimen busca promover la llegada de capitales mediante el otorgamiento de “beneficios tributarios, fiscales, cambiarios, aduaneros y de seguridad jurídica” a los inversores. Además, que “cada organización del Observatorio aporta su propio conocimiento y capacidad de análisis sobre los diversos aspectos que incluye el decreto”.
Balance preliminar: RIGI, aplazado
Este primer año, el Régimen de Incentivo recibió diecinueve proyectos por más de 30 mil millones de dólares. Siete de esos proyectos, por un valor de 13.067 millones de dólares, fueron aprobados, uno fue rechazado y el resto continúa en evaluación. Todo, sin embargo, muy lejos de los 40 mil millones de dólares que en un primer momento el Gobierno de Milei pensaba atraer.
Dos de los proyectos aprobados fueron del sector de hidrocarburos, dos de minería, dos de energía renovable y uno de siderurgia. Según el Observatorio, y en base a un estudio del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad de San Martín y el CONICET, en el sector de los hidrocarburos las principales inversiones se orientan a la construcción de infraestructura para exportación, donde se concentran los montos más elevados. En minería, el cobre y el litio lideran las iniciativas propuestas, con proyectos localizados principalmente en las provincias de San Juan, Salta y Catamarca.
El RIGI, explica Ghiotto, refleja la orientación del gobierno hacia una menor intervención estatal en la gestión de los bienes comunes y con un papel preponderante para el sector privado. Según la investigadora y militante social, esta visión constituye una perspectiva “alarmante, en particular porque la expansión de los derechos de los inversores va a tener impactos en la vida cotidiana de la gente que habita los territorios afectados por estos proyectos”. Además, alega Ghiotto, el RIGI no prevé mecanismos de planificación industrial ni incorpora disposiciones para la protección ambiental o social de los ecosistemas y de las comunidades en sus áreas de influencia.
Tampoco cumple con la eterna promesa de creación de nuevos puestos de empleo local. Incluso en las proyecciones más optimistas publicadas por el gobierno, las inversiones aprobadas prevén poco más de mil empleos nuevos directos. Esta cifra resulta aún más limitada si se considera que no existe un plan concreto de industrialización ni de generación de encadenamientos productivos que permita que estas inversiones tengan un impacto económico duradero para las regiones involucradas (https://observatoriorigi.org/2025/08/14/el-rigi-tras-su-primer-ano/).
Todo al servicio del gran capital
Según el CELS, el RIGI se enmarca en la estrategia del Gobierno Milei “para atraer inversiones extractivas mediante el desmantelamiento de las protecciones legales a comunidades indígenas y los productores locales”. En consecuencia, que “el uso del aparato estatal de seguridad se orienta a controlar la conflictividad socioambiental a través de la vigilancia, el monitoreo y la represión de resistencias”. Ejemplo de ello, es el hecho de que el Gobierno Milei haya desmantelado la arquitectura institucional que existía para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios. La principal medida oficial, en este sentido, fue la derogación de la ley 26.160, sancionada en 2006, la cual declaraba la emergencia territorial indígena, obligaba al Estado a realizar un relevamiento nacional de los territorios habitados por comunidades y suspendía los desalojos. Hacia fines de 2024, cuando se derogó esa ley, se había relevado algo menos de la mitad de los territorios comunitarios. El decreto de derogación reconoce que aún hay más de 250 conflictos territoriales.
Otro ejemplo crítico abordado también por el Centro de Estudios Legales y Sociales tiene que ver con la agricultura familiar debido a que el gobierno debilitó la política destinada a acompañar y fortalecer ese sector. Apenas llegado al poder, Milei despidió a casi todos los trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar. Una de las consecuencias de este vaciamiento fue el abandono de los productores que viven en lugares de difícil acceso, a donde solo llegaba este organismo. En julio de 2025 Milei derogó por decreto la mayoría de los artículos de la Ley de Agricultura Familiar Campesino Indígena, la cual procuraba fortalecer ese sector. Este desamparo estatal ha debilitado la posición de productores y productoras y su capacidad de resistir intentos de desalojo, generalmente promovidos por los empresarios locales.
Por su parte, el TNI advierte sobre un gran peligro que va de la mano de la aplicación del régimen especial de incentivo al gran capital impuesto por Milei: el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), el cual amplía los derechos de los inversores extranjeros y nacionales en detrimento de los Estados y abre la puerta a potenciales demandas arbitrales internacionales, algo que, de hecho, le ha costado muy caro a Argentina. Varias corporaciones con proyectos RIGI (Rio Tinto, Chevron, Shell y Pan American Energy, entre otras) ya han utilizado ampliamente este mecanismo de arbitraje para presionar o demandar a varios Estados por políticas públicas que, alegan, afectan sus propios intereses y eventuales ganancias. “La combinación del RIGI y estas empresas”, subraya el TNI, “configura un escenario de alto riesgo para la soberanía regulatoria, las finanzas públicas y la capacidad del Estado de priorizar intereses sociales y ambientales”.
Gobierno debilitado y coyuntura inestable
En su análisis del contexto político coyuntural argentino, las seis organizaciones del Observatorio coinciden en que todo parece indicar que los inversores internacionales ven con cautela la posibilidad de aportar capitales antes de la contienda electoral de octubre de 2025, cuando se renueve la mitad de la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado. Si el plan económico del gobierno no funciona y los resultados electorales no son favorables, difícilmente Milei logre promover las inversiones deseadas. Además, señalan, a esta coyuntura inestable se le suman las tensiones sociales existentes, la falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales. Todos ellos factores que configuran un escenario especialmente preocupante cuando se trata de proyectos extractivos que podrían ejecutarse hasta en 30 años.
La reflexión final de Ghiotto sobre el proyecto económico del presidente Milei y su Partido anarco-libertario afirma que “es el proyecto de la libertad del capital” y que su objetivo consiste en “traer inversiones al sector primario-extractivo, ya que la lectura que hacen [los gobernantes] es que Argentina no tiene nada más para ofrecer al mundo que sus recursos naturales a muy bajo costo y sin restricciones”. De allí que el RIGI represente un instrumento central que viene acompañado de un Comando Unificado de Seguridad Productiva que les garantiza a los inversores no sólo la seguridad jurídica sino también la seguridad física de sus inversiones. Y esta es la razón por la que el plan de Milei no acepta ninguna protesta que pueda detener el libre albedrío del capital. Habrá que ver qué sucede con el RIGI, cómo se activan sus cláusulas cuando comiencen las protestas y la resistencia contra algunos de los proyectos extractivos aprobados. Ese será el momento de medir realmente la presión y el chantaje que ejercen el gran capital para no perder ninguna de sus enormes expectativas de ganancias.
La conclusión macro regional es contundente para la investigadora y militante social cono sureña: “De este modo, el RIGI argentino puede servir como advertencia para el resto de los países latinoamericanos sobre los riesgos de la nueva ola de marcos normativos ‘amigables’ con las inversiones que proliferan en la región, los cuales amplían el marco de protección de los Tratados Bilaterales de Inversión”.
