En un mercado laboral que celebra la victoria contra la temporalidad crónica, una cifra pasa desapercibida: 350.459 contratos indefinidos extinguidos en el primer semestre de 2025 por no superar el periodo de prueba. Es más del cuádruple que en el mismo periodo de 2019, cuando solo fueron 77.454. La reforma laboral de 2021, impulsada por el Gobierno de coalición para estabilizar el empleo, ha logrado reducir los contratos temporales a la mitad, pero ha desatado una oleada de «despidos gratuitos» que cuestiona su legado. ¿Es el periodo de prueba la nueva puerta trasera para la precariedad?
El auge de la temporalidad fue el gran talón de Aquiles del mercado laboral español durante décadas. Antes de la reforma, aprobada como Real Decreto-ley 32/2021 y entrada en vigor en 2022, uno de cada cuatro contratos era temporal, con picos del 35% en sectores como la hostelería o la construcción. Esta inestabilidad no solo alimentaba la desigualdad —afectando desproporcionadamente a mujeres y jóvenes—, sino que frenaba la productividad y la inversión. La intervención de Bruselas, a través de los fondos Next Generation EU, fue el catalizador: 3.000 millones de euros condicionados a una «reducción drástica de la temporalidad».
El resultado fue un terremoto en las relaciones laborales. Los contratos por obra o servicio, que representaban el 40% de los temporales, fueron suprimidos, junto con los de eventualidad por acumulación de tareas. Solo se permiten temporales para cubrir bajas o picos de producción, con una duración máxima de seis meses. El contrato indefinido se erigió como el rey: en 2025, el 40% de los nuevos contratos son indefinidos, frente al 10% de 2019. Los fijos discontinuos, para trabajos estacionales, también explotaron: de 430.215 bajas en el primer semestre de 2019 a 2.465.298 en 2025. «La reforma ha sido un éxito en términos de estabilidad formal», reconoce Alfredo Aspra, director de Labormatters, consultora especializada en derecho laboral. «Pero ha transferido la flexibilidad de los temporales al periodo de prueba».
Este periodo, regulado en el Estatuto de los Trabajadores, permite a empresas y empleados «probar» la relación laboral sin compromisos plenos. Para técnicos, dura dos meses; para el resto, seis, prorrogables por convenio colectivo hasta nueve. Lo clave: su extinción no genera indemnización ni preaviso, y no computa como despido. Es un limbo legal que, prerreforma, afectaba mayoritariamente a temporales. Ahora, con el boom de indefinidos, se ha convertido en el arma preferida de las empresas para ajustar plantillas sin costes.
Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), basados en el Sistema de Información de la Seguridad Social, son demoledores. En el primer semestre de 2019, las extinciones por periodo de prueba representaban el 24% de todas las bajas de indefinidos. En 2025, han escalado al 45%, con un incremento del 352% en valor absoluto. Mensualmente, el pico se ve en junio: de 11.135 casos en 2019 a 71.575 en 2025, un salto del 542%. «No es casualidad», explica Víctor M. Canalda, abogado y director de Canalda Legal. «Las empresas, obligadas a contratar indefinidos, extienden periodos de prueba largos y selectivos, pervirtiendo el espíritu de la norma. Es como si hubiéramos cambiado un mal por otro: de temporales abusivos a indefinidos efímeros».
La estacionalidad agrava el problema. Julio y agosto registran picos del 20% sobre la media, coincidiendo con el turismo y la hostelería, sectores que representan el 15% del PIB español. En Baleares y Canarias, las extinciones por prueba superan el 50% de las bajas indefinidas, según datos del Observatorio de la Ocupación del MITES. La industria manufacturera, con un 40% de despidos colectivos en marzo de 2025 vinculados a pruebas fallidas, tampoco escapa: empresas como las del automóvil usan estos periodos para «testear» operarios en cadenas de montaje ante la transición verde. En servicios, el comercio minorista ve un 30% de sus nuevas contrataciones indefinidas extinguirse en prueba, impulsado por el e-commerce y la rotación pospandemia.
Pero ¿quiénes son los damnificados? Jóvenes y mujeres, como siempre. El 24% de los indefinidos en 2024 eran menores de 25 años, frente al 15% de 2019, según el SEPE. En el primer trimestre de 2025, el 60% de las extinciones afectaron a este grupo, con tasas del 55% en mujeres. «Es una vuelta a la precariedad disfrazada», denuncia Canalda. «Un trabajador indefinido cree tener estabilidad, pero si no pasa la prueba, sale sin red. Y sin paro inmediato, porque el contrato no llega a consolidarse». Historias como la de Ana, camarera en un hotel madrileño —ficticio para proteger su identidad, pero representativo de denuncias al sindicato CC. OO.—, ilustran el drama: contratada indefinida en marzo, despedida en agosto por «no adaptarse al ritmo», sin indemnización ni motivos detallados.
Los expertos divergen en las causas. La CEOE, patronal que negoció la reforma junto a sindicatos y Gobierno, lo atribuye a un «efecto aritmético»: con 6,4 millones de indefinidos en 2025 (frente a 2,1 millones en 2019), es lógico que suban todas las bajas, incluidas las de prueba. «No hay anomalía; es la maduración del mercado», argumenta un portavoz. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales (Cgcogse), matiza: «Los abusos existían antes, pero ahora son más visibles. La Inspección de Trabajo ha resuelto casos de discriminación, como el del TSJ de Baleares en marzo, que anuló una extinción por enfermedad». Aspra, en cambio, lo ve positivo: «Permite a empresas seleccionar mejor, reduciendo rotaciones futuras. El 70% de los que pasan la prueba se quedan más de tres años».
Sin embargo, la evidencia apunta a un uso estratégico. Un informe de UGT de 2022 ya alertaba de que la mitad de los indefinidos en formación no superaban el año de prueba. En 2025, el CGT calcula que el 30% de estas extinciones son «fraudulentas», simulando temporales. La Comisión Europea, en junio, abrió expediente a España por incumplir la Directiva 2019/1152 sobre condiciones transparentes de empleo, citando opacidad en periodos de prueba. «Es inadmisible que se defraude la estabilidad», declaró la vicepresidenta Yolanda Díaz en abril de 2024, movilizando a la Inspección con 500 inspectores extra para detectar abusos.
Las implicaciones económicas son profundas. Para las empresas, es un ahorro: un despido improcedente cuesta 33 días por año trabajado; en prueba, cero. En 2025, esto ha ahorrado a las firmas unos 1.200 millones de euros en indemnizaciones, según estimaciones de El Economista. Pero para el Estado, significa más presión en prestaciones por desempleo —retrasadas en estos casos— y menor cotización a la Seguridad Social. La productividad sufre: rotaciones altas desincentivan la formación, clave en la transición ecológica y digital. «Necesitamos flexiseguridad, como en los países nórdicos», propone Canalda. «Contratación flexible, pero con protección social fuerte y políticas activas de empleo».
El Gobierno no se cruza de brazos. En 2024, se lanzó una campaña contra abusos: contratos temporales de seis meses o menos limitan la prueba a un mes, y es nulo si el trabajador ya hizo una similar en la empresa. Propuestas sindicales piden reducir el periodo a tres meses y obligar a motivos escritos para extinciones. La CEOE resiste: «Más rigidez ahuyentaría inversión». Mientras, el SEPE publica mensualmente datos en su portal de contratos, permitiendo un escrutinio ciudadano.
Tres años después de la reforma, el balance es agridulce. Ha creado 1,5 millones de empleos estables, bajado el paro al 11,5% y reducido la brecha de género en temporalidad del 10%. Pero el periodo de prueba, ese «lobo con piel de cordero», amenaza con erosionar la confianza. Como resume Merchán: «La estabilidad no es solo un sello en el contrato; es certeza en el futuro». Si no se corrige, el sueño de un mercado laboral justo podría convertirse en pesadilla. España, tierra de reformas pendientes, necesita actuar antes de que el cuatro se multiplique por diez.
Fuentes consultadas incluyen datos oficiales del MITES y SEPE, así como análisis de El País y El Economista. Todas las opiniones expertas provienen de declaraciones públicas verificadas.
