Cataluña enfrenta una contradicción que interpela la conciencia colectiva: mientras el 24% de su población vive bajo el umbral de riesgo de pobreza, millones de kilos de alimentos aptos para el consumo terminan arrojados a la basura cada año. Según el informe Diagnosis del desperdicio alimentario en los hogares de Cataluña 2024, elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, en 2024 se desperdiciaron 173,96 miles de toneladas de alimentos en los hogares catalanes. Esta cantidad, suficiente para alimentar a aproximadamente 274.948 personas durante un año, equivale al 14,08% de los catalanes en riesgo de pobreza. Esta paradoja no solo pone en evidencia un fallo estructural en la gestión de recursos, sino que plantea preguntas urgentes sobre equidad, sostenibilidad y responsabilidad social en una región que aspira a liderar en innovación y bienestar.
Una cifra que asombra
El informe, basado en un análisis de más de medio millar de hogares, revela que cada catalán desperdicia de media 21,6 kg de comida al año, lo que se traduce en 63,61 kg por hogar, considerando un promedio de tres habitantes. Este derroche, que incluye alimentos no cocinados, guisos desechados y líquidos vertidos por el fregadero, tiene un impacto económico estimado de 902,85 millones de euros anuales, o 112 euros por persona. Más allá de lo económico, el costo ambiental es devastador: la producción, distribución y comercialización de estos alimentos generó 462 millones de kilos de CO₂ equivalente, una huella que agrava la crisis climática.
Lo más alarmante es el contraste con la realidad social. Con una población en riesgo de pobreza que ronda los 1,95 millones de personas —según estimaciones basadas en datos históricos del Idescat ajustados a 2024—, el desperdicio podría cubrir las necesidades alimentarias de más de una séptima parte de este grupo. Este dato no solo resalta la magnitud del problema, sino que subraya una ironía cruel: mientras algunos luchan por llevar comida a la mesa, otros la desechan sin reparo.
El trasfondo de la pobreza
La tasa de riesgo de pobreza en Cataluña, que se sitúa en torno al 24%, refleja una desigualdad que se ha profundizado en las últimas décadas. Factores como el aumento del costo de vida, la precariedad laboral y la especulación inmobiliaria han dejado a amplios sectores —especialmente mujeres, personas mayores y familias monoparentales— en una posición vulnerable. En paralelo, el acceso a una alimentación adecuada se ha convertido en un lujo para muchos, con bancos de alimentos y organizaciones sociales saturadas ante la demanda.
El desperdicio alimentario, por su parte, no es un fenómeno aislado, sino el resultado de hábitos de consumo, falta de planificación y una cultura que a menudo prioriza la abundancia sobre la necesidad. El informe señala que el 70,3% del desperdicio proviene de alimentos no cocinados, mientras que el 19,4% corresponde a guisos desechados directamente del plato. Esta tendencia sugiere que la educación alimentaria y la concienciación son áreas donde se puede intervenir, pero también pone en duda si las soluciones deben ir más allá de lo individual y abordar las estructuras que perpetúan esta paradoja.
Una crisis ambiental y ética
El impacto ambiental del desperdicio alimentario en Cataluña no puede subestimarse. Los 462 millones de kilos de CO₂ equivalente liberados en 2024 son comparables a las emisiones anuales de una ciudad mediana, un recordatorio de que cada kilo de comida desechada representa agua, energía y suelo perdidos. Esta realidad choca con los compromisos de la Generalitat de alcanzar una economía circular y reducir las emisiones, objetivos que el conseller Òscar Ordeig ha defendido como prioritarios. Sin embargo, la contradicción entre estos ideales y la práctica diaria de los hogares plantea un desafío político y social.
Éticamente, la situación es aún más perturbadora. Desechar alimentos mientras una cuarta parte de la población lucha por sobrevivir cuestiona los valores de solidaridad que Cataluña históricamente ha reivindicado. Organizaciones como el Banc dels Aliments han advertido que el desperdicio podría aliviar la presión sobre sus recursos, que en 2024 atendieron a cientos de miles de personas en situación de necesidad. La posibilidad de redirigir esos 173,96 miles de toneladas a quienes las necesitan no es solo factible, sino un imperativo moral que la sociedad debe enfrentar.
Causas y responsabilidades
Varias causas subyacen a este derroche. La planificación deficiente en los hogares, influida por promociones comerciales y compras impulsivas, es un factor clave. Además, la falta de infraestructura para redistribuir excedentes alimentarios limita las opciones de recuperación. Aunque iniciativas como la Fundación Espigoladors y campañas como “Aprovechamos los alimentos” han recuperado 18,6 toneladas en 2023, estas acciones palidecen frente a la escala del problema.
La responsabilidad no recae solo en los consumidores. La industria alimentaria, con su énfasis en productos estéticamente perfectos y fechas de caducidad estrictas, contribuye al desperdicio. Supermercados y restaurantes, que generan una parte significativa de los excedentes, a menudo carecen de incentivos económicos para donar. La Generalitat ha prometido un plan estratégico para 2026, pero su efectividad dependerá de regulaciones vinculantes y no solo de sensibilización.
Respuestas y propuestas
El Govern ha anunciado medidas para combatir esta paradoja. El plan estratégico, que incluirá circuitos cortos de comercialización y una segunda vida para los alimentos no consumidos, busca alcanzar el “despilfarro cero”. Sin embargo, los expertos advierten que sin sanciones a los generadores de desperdicio y apoyo a la redistribución, estas iniciativas podrían quedarse en promesas. La ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en trámite, podría ser un paso adelante si se implementa con rigor.
A nivel comunitario, la sociedad civil tiene un rol crucial. Programas de educación alimentaria en escuelas y campañas de concienciación podrían cambiar hábitos. Al mismo tiempo, se necesita una red de bancos de alimentos fortalecida y financiada públicamente para canalizar los excedentes. La colaboración entre administraciones, empresas y ONGs será esencial para cerrar la brecha entre desperdicio y necesidad.
Un espejo para la sociedad
Esta paradoja no es exclusiva de Cataluña, pero su magnitud la convierte en un caso de estudio. Países como Francia, con leyes que penalizan el desperdicio comercial, ofrecen un modelo a seguir. En Cataluña, la riqueza cultural y económica contrasta con esta realidad, obligando a una reflexión sobre prioridades. ¿Es sostenible una sociedad que derrocha mientras excluye? ¿Qué dice de nosotros como comunidad que permitamos esta dualidad?
El informe de 2024 es un llamado a la acción. Los 274.948 potenciales beneficiarios representan rostros, familias y comunidades que podrían encontrar alivio. Reducir el desperdicio no solo aliviaría la presión sobre los recursos, sino que podría transformar la narrativa de la pobreza en una de resiliencia. La Generalitat, los municipios y los ciudadanos deben actuar con urgencia, no solo por sostenibilidad, sino por justicia.
Hacia un futuro sostenible
A medida que Cataluña se prepara para el Día Mundial de la Alimentación en octubre, la región tiene la oportunidad de liderar por ejemplo. El objetivo de la ONU de reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2030 es ambicioso, pero alcanzable si se combina voluntad política con acción ciudadana. La diagnosis de 2024 no es un diagnóstico terminal, sino un punto de partida para reimaginar un sistema alimentario equitativo.
La paradoja del desperdicio y la pobreza en Cataluña es un espejo de nuestras contradicciones. Resolverla requiere más que buenas intenciones: exige un cambio estructural, desde las políticas públicas hasta los hábitos diarios. Solo así, los 173,96 miles de toneladas de 2024 no serán un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de lo que aún podemos salvar.
