Segura estoy de que es conocido de todos que la Telefónica es hoy una de las multinacionales que con más descaro abusa de su situación de privilegio, imponiendo tarifas, otorgando o quitando líneas a los abonados –obligados abonados a menos que se pretenda vivir y trabajar sin teléfono y sin Internet- y sometiéndolos a un sinnúmero de averías y cortes de comunicación, sin que jamás las víctimas obtengan ni una indemnización ni aún una palabra de disculpa. Lo normal es que la instalación de una línea de ADSL de Telefónica, ahora llamada Movistar, tarde de uno a dos meses, mientras si se pretende contratar con otra compañía se le interrumpirá la conexión durante un tiempo indeterminado, que puede llegar a ¡seis meses!, como acaba de sucederme. Pero lo que queda en el secreto del sumario, ignorado por los ciudadanos no expertos en Derecho, es que la justicia apoya esta impunidad.

No se molesten en acudir a los tribunales si pretenden que les reconozcan el derecho a ser atendidos por la Telefónica o por cualquiera de sus franquicias, filiales, servicios oficiales, etc. Con toda seguridad el juez de primera instancia y los magistrados de las Audiencias Provinciales, acabarán dándole la razón a las empresas por más desconsideradas y depredadoras que se hayan mostrado con el cliente. Ni la retención de líneas ni las averías sin arreglar durante interminables días, incluso más de un mes en que el abonado no puede disponer de ADSL y a veces ni siquiera del teléfono convencional, ni la venta de móviles defectuosos de los que se niegan a dar sustitutos y envían a reparar a lugares desconocidos sin que durante meses se sepa cuando regresarán, son conductas que los tribunales estimen que deben una compensación económica a las víctimas. Si en alguna ocasión, después de interminables trámites o con la intervención de la OCU se ha conseguido alguna indemnización, y siempre que el caso sea verdaderamente escandaloso, la cuantía en que la han valorado es tan ridícula que ninguna persona ocupada invertiría un minuto de su tiempo para dedicarlo a la reclamación. De 30 a 100 euros son las cuantías que ha ofrecido la Telefónica a quien ha estado seis meses sin móvil o sin Internet o sin teléfono.

Nos duelen los oídos de escuchar repetir a los más altos dirigentes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, que España es la octava potencia industrial del mundo, y únicamente la proverbial paciencia y resignación de los españolitos permite que se imponga, impunemente, como verdad indiscutible, esta cualificación de nuestro país. Donde las averías de la red eléctrica, de los ferrocarriles, de los aeropuertos, de las líneas telefónicas, la insuficiencia de carreteras y autopistas, destrozan nuestros nervios cotidianamente.

Pero puedo asegurar que la mayor humillación de los ciudadanos españoles es la que sufrimos por parte de nuestra justicia, que, indefectiblemente, dará la razón al más poderoso cuando, ingenuamente, nos atrevamos a exigir en los tribunales el reconocimiento de la arbitrariedad y la prepotencia de las multinacionales que operan en nuestro país. En ninguno de los siete primeros países industrializados, y en muchos otros de los que aseguran que nos siguen en esa caprichosa clasificación, sería posible que se dictaran sentencias tan injustas y parciales contra los consumidores y contribuyentes como en España.

Comprar un móvil en España es aceptar la patente de corso que tienen tanto las tiendas que los suministran como la compañía que establece el servicio. Si el aparato no funciona recién adquirido y se dirige usted a la tienda para reclamar se negarán rotundamente a cambiárselo a menos que deje usted en depósito un cantidad igual a la ya pagada. El móvil estropeado viajará hasta un lugar indeterminado y al parecer secreto del que regresará en un tiempo también indefinido y si cuando se lo entreguen nuevamente sigue tan inútil como al principio, los de la tienda repetirán la misma operación impertérritos, sin ofrecer ni una palabra de disculpa. Eso puede repetirse hasta cuatro veces en el curso de seis meses. Eso es lo que me pasó a mi en la tienda Incobar de la calle Roger de Flor con Diputación de Barcelona. El teléfono no tenía tampoco marca conocida ni en la carcasa ni en la caja en que se presentaba y únicamente el logo de Telefónica ondeaba orgulloso en el cartón.

Cuando enfurecida por la humillación que había supuesto semejante trato presenté una reclamación ante el Juzgado contra la tienda y contra la Telefónica, ambos mintieron descaradamente asegurando el dueño de la primera que había sido yo la que no había querido que me dieran otro aparato en sustitución del estropeado. Al parecer me encantaba llevar a arreglar el teléfono cada mes. Y el representante de la Telefónica aseguró arrogantemente que nada tenía que ver con la fabricación del teléfono, que la compañía se limitaba a proporcionar la línea y que no importaba que el aparato no llevase más marca que la de la multinacional, y aquí aportaba unas confusas y embrolladas explicaciones que nadie entendía. Tanto la marrullera conducta del tendero como la consciente actitud de Telefónica de eludir su responsabilidad se pusieron de manifiesto en el juicio, y en cualquier país con una justicia realmente imparcial y democrática hubiesen sido condenados a indemnizarme por los trastornos y pérdidas causadas.

Pues bien, las sentencias, ambas, del juzgado y de la Audiencia Provincial ante la que recurrí, aseguran que ninguna de las empresas tiene responsabilidad alguna por el defectuoso aparato de telefonía móvil. Que no consta que yo hubiese reclamado otro móvil en sustitución, que en todo caso podía haber depositado una cantidad igual a la que había pagado si quería que me lo dejaran y que como lo llevé a arreglar cuatro veces eso era señal de que me atendían y lo reparaban. Y en todo caso, que no pudiese disponer del teléfono no me había causado ningún problema teniendo en cuenta que poseía otros teléfonos fijos. En consecuencia, le dan la razón al dueño de la tienda y a la Telefónica y me cargan las costas de las dos instancias. Para que no vuelva a ser tan protestona y me empeñe en hacer valer mis derechos, porque ya se sabe que en este nuestro país ni el ciudadano ni el consumidor ni el contribuyente tienen derechos.

Buistarviejo, 24 de julio 2010.