“La energía parece un lujo y es un derecho”

Autor: Cristina Montes

Fotografía: Francesc Sans

El género es un factor de riesgo para sufrir pobreza energética que no se está considerando.

El 11% de la población española tiene que elegir entre comer o pagar las facturas de los suministros básicos. Mientras, las compañías energéticas aumentan sus beneficios y no dudan en incrementar las tarifas: la electricidad ha subido más de un 83% desde 2013 y el agua se ha encarecido en un 65% desde 2008. Hablamos de pobreza energética con María Campuzano, portavoz y coordinadora de la Alianza contra la pobreza energética (APE), una red de entidades y colectivos que se unieron en 2014 para dar voz y proporcionar apoyo a personas que han sufrido cortes de suministros básicos (agua, luz o gas) por no poder pagarlos o están en riesgo de desconexión por este motivo. También para presionar y denunciar a las administraciones públicas por su inmovilismo ante las empresas suministradoras.

Maria Campuzano , portavoz y coordinadora de la Alianza contra la pobreza energética (APE)

¿Vivimos en el paraíso de la desigualdad social?

Bueno, realmente sí, porque en el tema de los suministros sí es muy claro que si tú no tienes suficientes recursos económicos no te puedes permitir tener acceso al agua, la luz o el gas. Está totalmente relacionado; el hecho que esos suministros se traten como un negocio es lo que está provocando que haya más de 11% de la población en el estado español que no tenga garantizado el acceso a ellos simplemente porque no los pueden pagar.

¿Cuándo se considera que un hogar o alguien está en situación de pobreza energética?

En realidad “pobreza energética” es un concepto que no está definido. Al no existir una definición oficial, cada país decide qué es para él pobreza energética, y en nuestro caso, el estado español no lo ha definido. Nosotros desde la Alianza contra la pobreza energética (APE) lo definimos a partir de lo que hemos visto en nuestras asambleas con la gente que se encuentra en esa situación. Básicamente hablamos de personas que no pueden disponer de servicios energéticos esenciales que garanticen unas condiciones de vida dignas porque tienen problemas para pagar las facturas de los suministros básicos y no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.

Teniendo eso es cuenta, ¿de cuántas víctimas de pobreza energética estamos hablando ahora mismo?

En España se habla de un 11% de la población pero se trata de un dato de hace ya un par de años. Estamos a la espera de un nuevo informe y no sabemos si dará una nueva cifra o mantendrá esa. En el caso de Cataluña estaríamos hablando en torno al 10% de la población. Y si nos fijamos en Barcelona el 9% de sus habitantes la sufren.

Hace más o menos un año la Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres en colaboración con la APE presentó un informe sobre pobreza energética vinculado al género. ¿La pobreza energética tiene rostro de mujer?

Sí, totalmente. En ese estudio lo que queríamos poner sobre la mesa era, sobre todo, que las mujeres son un colectivo especialmente vulnerable y que a nivel de políticas públicas resulta que éstas se enfocan por un lado y las políticas de género que se ponen en marcha van por otro. Son dos caminos que no se cruzan. No se entiende que ambas no se unan si son precisamente las mujeres las que tienen mayor riesgo de sufrir pobreza energética. En el informe se tomó como referencia de estudio la ciudad Barcelona y, comparando varios datos, vimos que el número de mujeres que acuden a servicios sociales y también que son beneficiarias de ayudas de inclusión es mucho mayor que el de hombres. Ellas siguen siendo sobre las que recae el peso de la vivienda y eso incluye el acceso a los suministros básicos. La idea del informe surgió porque a nuestras asambleas mayoritariamente quienes acuden son mujeres; son ellas las que se están moviendo. Es cierto que estamos ante un problema cultural, ya que se sigue con la idea de que el hombre es el que va a trabajar y la mujer la que se encarga de las cosas de la casa; aunque hay que confirmar que también en las familias monoparentales el riesgo es más elevado y, según datos de un estudio de 2016 de la Asociación de Ciencias Ambientales, más de un 80% están formadas por mujeres; entre el colectivo de mujeres inmigradas la vulnerabilidad es muy alta también. Todo suma: ser mujer, ser inmigrante, tener una discapacidad hace que sea más fácil llegar a la vulnerabilidad total.

¿Cómo influye el modelo patriarcal a la hora de que sean ellas las que sufren las situaciones de pobreza y vulnerabilidad más altas?

Precisamente por cómo está organizado este modelo de sociedad todavía hoy las mujeres son las que siguen asumiendo las tareas del hogar y al final son también ellas las que padecen más en primera persona la falta de acceso a estos suministros y la responsabilidad de conseguir que en esa vivienda realmente se pueda garantizar el acceso a ellos.

Plataformas como la APE permiten a las mujeres empoderarse, compartir experiencias, participar en la elaboración de políticas que las afectan y luchar contra los responsables de su situación y contra las consecuencias psicológicas y sociales que sufren.

¿La pobreza energética mata? ¿Qué impacto tiene en la salud física y mental?

La pobreza energética afecta a la salud en muchos ámbitos. En primer lugar, y en los casos más extremos, con la muerte. Hay numerosas víctimas de incendios que están relacionados con situaciones de pobreza energética. En 2014, el sindicato de bomberos denunciaba que 7 de cada 10 incendios producidos en Cataluña en los que había habido víctimas mortales estaban relacionados con cuestiones de pobreza energética. En breve tendremos nuevos datos y sabremos si esas cifras han aumentado. De hecho, se ha incorporado un nuevo protocolo para poder detectar casos de pobreza energética a partir de las intervenciones que hacen los bomberos, porque no sólo puedes detectar esos casos en un incendio en el que ha muerto alguien; realmente los bomberos llevan a cabo muchas intervenciones en las que entran en viviendas y pueden descubrir situaciones de pobreza energética. Víctimas que no salen en los medios.

Igualmente, siguiendo con el tema de la salud, se derivan enfermedades causadas por el frío, como problemas respiratorios, circulatorios, riesgo de hipotermia… con complicaciones severas en el caso de niños o personas mayores. Y, por supuesto, la salud mental también se resiente. Las consecuencias psicológicas sobre las personas afectadas son devastadoras, además de persistir durante años. El hecho de estar constantemente sufriendo porque van a venir a cortarte la luz, las deudas que ahogan a las familias, el acoso que reciben por parte de estas empresas para que paguen… son situaciones que afectan negativamente a la salud mental de quién lo padece. En la APE, por ejemplo, tenemos el caso de una señora que estaba destrozada porque habían llamado por teléfono cuando ella no estaba en casa y le habían dejado el mensaje a su hija, ésta dejó una nota en la que decía: “el viernes nos cortan el agua, la luz, el gas y nos van a embargar las cuentas”. Evidentemente todo eso tiene un impacto psicológico y desestabilizador muy fuerte. Encima le dijeron que llamaban de los juzgados; algo que es falso, ya que hemos estado investigando y el número corresponde al de una empresa de recobros.

Hace más de un año de la muerte de Rosa Pitarch (anciana de 81 que falleció en Reus porque Gas Natural Fenosa le había cortado el suministro eléctrico violando la Ley Contra la Pobreza Energética catalana). El pasado diciembre un juzgado de Barcelona anuló el protocolo de la Generalitat para evitar cortes en situaciones de vulnerabilidad, las empresas suministradoras se siguen lavando las manos, se siguen incumpliendo protocolos… ¿Estamos más indefensos?

En realidad no. Las empresas lo que están haciendo es poner todos los palos a las ruedas que pueden para que la ley no se aplique, pero la verdad es que no les está saliendo bien. Fueron ellas las que presentaron el recurso para anular el protocolo, pero al final se trata de una ley, y sigue vigente. Lo que se anuló es el protocolo que se elaboró y que tenía que servir como guía, tanto para que los ayuntamientos como las empresas supieran qué hacer y cómo aplicarlo, pero la ley en sí, ya es suficientemente clara. Lo que han anulado es simplemente un protocolo y se ha hecho casi dos años después de que la ley entrara en vigor. Hay que remarcar que la ley se está aplicando en lo que se refiere a los cortes. Es cierto que todavía puede producirse algún corte ilegal pero hemos conseguido que las empresas más o menos cumplan. La gente quizás no lo sabe, pero los ayuntamientos están informados de que si hay un corte ilegal eso se puede denunciar y se sanciona a esa empresa. Lo cierto es que en lo referente a los cortes de suministro la situación está muchísimo mejor.

¿Y a nivel de las facturas? Porque lo que se hacía era detener el pago de la factura durante unos meses pero luego la persona se encontraba que tenía que pagar los recibos generados esos meses más los actuales.

Para aclarar, en cuanto al tema de los cortes sí que hemos conseguido que esa responsabilidad recaiga en la empresa, es decir, ahora sí están preguntando a servicios sociales en la mayoría de los casos antes de efectuar un corte y, hasta que éstos no informa, no se corta y se mantiene el suministro. Ahora bien, la segunda fase era la deuda. Nos aseguramos que a esta persona no se quede sin suministro pero ahí se va a generar una deuda porque no podrá pagar. Lo que preveía la ley era que las administraciones y las empresas firmasen un convenio y que fuesen las compañías las que asumiesen esas deudas. Qué pasa, que las empresas se han negado a firmar este convenio; la Generalitat puso sobre la mesa, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones, una propuesta de convenio en la que sólo les exigía pagar el 50%, una cifra por debajo de lo que nosotras queríamos, y aún así las empresas se han negado.

El problema con el que nos encontramos ahora es que la Generalitat no ha hecho más fuerza para presionar a las empresas a firmar y los ayuntamientos están un poco perdidos. Esto ha llevado a que cada consistorio haga un poco lo que quiere y puede. Algunos ayuntamientos han optado por pagar las facturas, y otros han decidido no pagar para presionar a las empresas y que se sienten a negociar… Eso sí, los ayuntamientos que pagan facturas asumen dos, tres, pero no te pagan toda la deuda que se te está acumulando.

¿El de Barcelona, qué hace?

El Ayuntamiento de Barcelona, en un principio, ha dicho que no paga a no ser que se trate de ayudas puntuales. Barcelona, Sabadell y me parece que Badalona están en la postura de no pagar. De momento las compañías no están cortando si hay informe de vulnerabilidad. Algún caso sí que hay incumplimientos, pero muchos menos, hemos avanzado muchísimo.

¿Una señora con una pensión no contributiva de 428€, cómo paga la luz, el agua y el gas?

Es que ese es el gran problema que tenemos. Nosotras lo que hacemos en las asambleas primero es asegurarnos que a la persona no le van a cortar los suministros, y después revisamos los contratos, porque sí que es verdad que la mayoría de gente está pagando por encima de lo que debería, ya que la empresa no te informa de que tienes una potencia demasiado elevada, ni te dice que si tienes problemas para pagar es mejor que estés en mercado regulado porque entonces puedes solicitar el bono social… Las empresas no te van a informar, no te van a ayudar para que tu consumo sea el mínimo posible, pero digno a la vez.

De hecho, una de las cosas que decía hace poco el Síndic de Greuges de Catalunya era que se facilitara el bono social y se eliminaran trabas, porque para mucha gente era realmente complicado acceder a él.

Por parte de las compañías no hay ningún tipo de interés en informar y facilitar el acceso. Al principio, incluso, cuando lo fuimos a pedir el nuevo bono social que se aprobó el pasado octubre, la empresa ni siquiera atendía en las oficinas, hacían enviar la documentación por correo postal o por Internet, cosa que, por otro lado, no era legal porque el Gobierno las obliga a atender en las oficinas. Claro, nos encontrábamos con el problema de que teníamos muchísima gente mayor que no tiene internet. Todo siempre son trabas que demuestran que las empresas eléctricas, principalmente, lo que quieren es que la gente esté en el mercado libre y no en un mercado regulado. Les interesa muchísimo más ganar dinero.

La luz se dispara, el gas sube, también el agua, el transporte, los sueldos son paupérrimos, el trabajo precario y miles de familia pasan frío y han de elegir entre comer o pagar las facturas. ¿Cómo se consigue que los gobernantes se responsabilicen de un problema tan estructural como el de la pobreza energética?

Has nombrado todas las causas de pobreza energética, quizás faltaría añadir las características de la vivienda, que no están bien aisladas, pero nosotras desde la Alianza Contra la Pobreza Energética sí que insistimos mucho en una de las causas: la subida espectacular de los precios. ¿Por qué? Porque creemos que eso tiene muchísimo que ver con el modelo de gestión de estos servicios. El hecho de que estén privatizados y se esté haciendo negocio con ellos es lo que está provocando situaciones de pobreza energética. Porque al final estamos condicionando estos servicios a tener o no capacidad económica. Por tanto, los gobernantes lo que deberían hacer es cambiar ese modelo. Conseguir que sean modelos que tengan una vocación de servicio público y de acceso universal. ¿Cuál es el problema? Pues que el Gobierno, sobre todo en el caso de las eléctricas, está íntimamente relacionado con estas empresas (las famosas puertas giratorias del sistema eléctrico, ex ministros y ex presidentes que forman parte de sus consejos de administración) por tanto, lograr que el Gobierno español cambie eso puede parecer una utopía.

¿Las entidades sociales están sustituyendo, de alguna manera, a las Administraciones ante la falta de políticas públicas contundentes?

Yo creo que desde las organizaciones sociales lo que hemos hecho es poner este tema en la agenda política. Si pensamos en hace cuatro o cinco años, no se hablaba tanto de pobreza energética. Además también hay un hecho importante que es sacarlo de las políticas sociales y dejar de relacionarlo únicamente con servicios sociales, porque es un tema que no se abordaba mucho y del que solo se hablada desde la precariedad laboral, la falta de recursos… Todo se lo tenía que comer la Administración. Ahora estamos situando a estas empresas un poco en el centro, exigiéndoles una responsabilidad, soluciones y respuestas.

Hace unos años se escondía más que sufrías esa precariedad, no te atrevías a ir a servicios sociales y se estigmatizaba. ¿Esa estigmatización sigue?

Un poco es como pasó con las hipotecas en su momento. Al principio a la gente también le costaba muchísimo explicar la situación en la que se encontraba y, poco a poco, se ha ido configurando ese espacio y se ha generado todo un discurso en el que está muy claro el papel de los bancos, los engaños a la ciudadanía, etc. En el caso de la pobreza energética es lo mismo, pero todavía estamos unos pasos más atrás. Y es más, creo que es un problema con el que mucha gente no se siente identificada, no considera que esté en una situación de pobreza energética.

El hecho de no encender la calefacción en invierno porque te va a subir muchísimo la factura y pasar frío en tu casa, estar con el abrigo puesto. Nosotros tenemos gente que está en casa con el abrigo y la bata encima y asumir eso como algo normal… La gente que no pone la calefacción en invierno porque no la puede pagar está padeciendo pobreza energética. Y muchas de esas personas no lo asume, como por ejemplo los jóvenes. Al final la energía parece un lujo y es un derecho.

¿Se pueden llevar a cabo acciones preventivas que generen algún tipo de impacto transformador?

Hay asociaciones que trabajan más en esta visión más preventiva, pero a nivel individual lo primero es no llegar al corte del suministro. En la APE muchas veces le decimos a la gente que no se esperen a llegar directamente al punto en el que se ha dejado de pagar una factura para actuar. Lo primero que hay que hacer es ir a servicios sociales con lo que eso implica (hay mucha gente que le da vergüenza) pero hay que acercarse al ayuntamiento y decir ”estoy empezando a tener problemas” y comenzar a buscar recursos y ayuda. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ya se han creado unas oficinas de “asesoramiento energético”. Nosotras sí que le dijimos al Ayuntamiento que la eficiencia energética, que era lo que más se hacía, precisamente, no es para las familias que están en situación de pobreza energética, porque éstas ya consumen por debajo de lo que es digno. La eficiencia energética hay que hacerla con la gente que la puede pagar y que derrocha energía. Una cosa es revisar los contratos y que todo el mundo pague lo mínimo posible viviendo dignamente y la otra hacer que la gente haga maravillas para pagar la factura.

Vosotros incluís gas, agua y electricidad en la pobreza energética pero no el teléfono ¿por qué no se incluye?

Porque es un gigante más contra el que pelear. Ya empezamos con los bancos, con las eléctricas, el agua… Nos lo han planteado más de una vez, pero realmente es una cuestión de no dar de sí, aunque es cierto que es un tema que habría que abordar y también el de Internet.

¿La gente sabe que existe APE y que puede acudir a ella? ¿A cuánta gente atendéis desde APE?

Atendemos a menos gente de la que nos gustaría, la verdad, porque sabemos que hay muchísimas más personas que sufren pobreza energética y que no acuden a nuestras asambleas. Es un esfuerzo de difusión, de darnos a conocer.  A las asambleas suele venir una media de unas 40 personas aunque el número va variando.

Llevamos un registro de la gente que acude y de momento por la APE han pasado más de 500 personas. Es cierto, también, que nuestro caso no es como las hipotecas, que se trata de un proceso súper largo. Muchas veces no hay corte de suministro y conseguimos que las facturas sean asumibles para las familias. Ahora por lo que estamos luchando es para conseguir la condonación de la deuda. Como no se están firmando los convenios desde la APE hemos decidido que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y que lo haremos uno por uno. Ahora estamos entregando documentos para exigir la condonación de la deuda a la empresa y empezar un proceso de negociación. Asimismo, desde la APE se hace un seguimiento de los casos, pero lo que queremos es que cada uno se responsabilice de su caso. No es un seguimiento personalizado sino que el enfoque es de asesoramiento colectivo y, por tanto, el seguimiento se hace en esos espacios, en la asamblea, donde la gente participa, comparte su situación con otras personas… porque al final hay mucha gente que ya ha pasado por esa situación antes y se ayudan los unos a los otros. La idea no es la de un experto que explica, es partir de la propia experiencia de cada uno para que se apoyen y ayuden; muchos se compañan para hacer las gestiones, etc.

Maria Campuzano

¿Hay posibilidad de cambiar el modelo que regula los suministros?

Depende. En el caso del agua, por ejemplo, podríamos decir que es más fácil solo por el hecho de que las competencias son municipales, y en ese sentido un ayuntamiento tiene más poder a la hora de lograr recuperar el control. Ahora bien, los lobbies privados van a hacer mucha fuerza para intentar revertir y evitar esa situación, por eso es tan importante que cuando hablamos de remunicipalización del agua haya todo un apoyo de la ciudadanía, de gente en la calle que apoye esa remunicipalización y, sobre todo, esté a la hora de tomar decisiones y pueda participar en ese proceso, porque al final que la empresa sea pública no nos garantiza nada. Lo importante es que sea pública y que, además, la ciudadanía participe y controle el funcionamiento de esa empresa. En el caso de la electricidad y del gas es mucho más complejo porque dependen del gobierno estatal, y hay que cambiar las leyes estatales; aunque sí se puede empezar a hacer cosas: desde comercializadoras públicas, a investigar vías para remunicipalizar las redes de distribución, por ejemplo.

Enlazando con el tema del agua que comentabas, la APE junto a más de 45 colectivos y entidades sociales participa en la campaña Remunicipalitzem l’aigua a Barcelona, que ha presentado una iniciativa ciudadana para celebrar un consulta y decidir, de manera participativa, el futuro de la gestión del suministro de agua. ¿En qué consiste?

La iniciativa se inspira en experiencias previas en otras ciudades como Berlín o París. Y el objetivo es acercarnos a una situación similar a la que hay en otros países, donde la gestión del agua es principalmente pública.

Ahora estamos en una primera fase de recogida de 15.000 firmas para conseguir que se celebre una consulta pública en Barcelona y preguntar si queremos una gestión pública con control y participación ciudadana del agua. Hay más de 200 fedatarios recogiendo firmas y cada día estamos en la calle, en todos los barrios de la ciudad recogiendo firmas para, incluso si es posible, superar las 15.000.

 ¿La gente cómo reacciona cuando le pides que firme para algo así?

En general la respuesta es buena pero sí que es verdad que todavía hay mucho desconocimiento sobre quién está gestionando el agua en la ciudad de Barcelona. Hay mucha gente que todavía piensa que Aigües de Barcelona es una empresa pública. El nombre suena a eso y es todo lo contrario. La campaña está sirviendo mucho para informar y explicar el por qué de esta demanda y qué relación tiene con el tema de la pobreza energética.

¿Cuál ha sido la respuesta de AGBAR a esta iniciativa ciudadana?

Ha interpuesto un recurso. Esperemos que no prospere porque realmente es un ejemplo muy claro de la preocupación que tiene AGBAR en estos momentos por una consulta ciudadana. Además no le ha importado el hecho de que este acto no afecta sólo a la consulta del agua sino a las otras dos iniciativas ciudadanas más que también se han presentando. AGBAR no quiere que la ciudadanía opine sobre cómo queremos que sea la gestión del agua en nuestra ciudad, lo que nos parece un ataque clarísimo a la democracia.

La remunicipalización del agua puede abrir una puerta para pasar a una gestión pública de otros servicios.

Ojalá; ojalá sirva de ejemplo, y tanto que sí, pero realmente los otros servicios son un poquito más complicados. Este del agua ya es complicado, lo que pasa es que es más fácil que la ciudadanía pueda presionar a la Administración porque la competencia es municipal. En los otros casos se trata de un proceso mucho más complejo, que no imposible, porque, como decía, empezar por crear una comercializadora pública podría ser un primer paso.

Dicho esto, ¿crees que los ayuntamientos deberían tener más poder?

En cuestión de servicios básicos, sí. Desde la Xarxa per a la sobirania energética el enfoque es que el tema de la energía se tendría que poder gestionar desde el propio municipio para adaptarlo al máximo a la realidad de tu población; imaginemos que se remunicipaliza la energía, habría que crear una tarifa social, y sería muchísimo más fácil hacerlo para cada municipio concreto en función del clima, según las viviendas, el consumo que tiene… Todos ellos son factores que afectan y no son iguales en todos los municipios.

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3 Comments

  1. ¿Por qué las feministas, nunca sacáis a relucir, que el 93 por ciento de las muertes derivadas del trabajo, corresponden a los hombres, ya que somos nosotros quienes realizamos los trabajos más peligrosos, insalubres y que requieren mayor esfuerzo físico? ¿Por qué solo predicáis a los cuatro vientos, la parte negativa de las cosas de este Mundo, que (supuestamente) corresponde a las mujeres, Y CALLÁIS en relación a la parte negativa que corresponde a los hombres?
    BASTA YA DE TANTO LLORIQUEO, POR FAVOR.

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