La entidad en defensa de derechos humanos Irídia denuncia un incremento de casos de violencia institucional por parte de los cuerpos policiales en Catalunya. En los juzgados tiene denunciados a 156 agentes de policía, la mitad de ellos pendientes de juicio.
De los nuevos casos que han recibido este año en el servicio de atención, 57 en total, 35 han sido por actuaciones policiales desproporcionadas, y en 13 de los casos supuestamente había un componente racista. Ante esta realidad, Irídia denuncia las dificultades que a menudo encuentra cuando quiere investigar estos casos.
Muerto en Badalona tras recibir descargas de una Taser
La Audiencia de Barcelona investiga a dos agentes de los Mossos por la muerte de un hombre al que redujeron con pistola eléctrica Taser. Éste es uno de los casos que la entidad en defensa de derechos humanos ha hecho públicos en una comparecencia en el Colegio de Periodistas, en cuyo transcurso ha presentado el informe anual sobre violencia institucional.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2021 en Badalona en casa de la víctima, un hombre consumidor de drogas, que tenía un brote esquizofrénico, e iba armado con dos cuchillos. Los mossos que acudieron al lugar de los hechos conocían la situación previamente porque la madre de la víctima había llamado al 112 pidiendo ayuda. Ya dentro del piso, los agentes le dispararon hasta seis descargas eléctricas, dos de ellas cuando ya lo tenían controlado.
Al lugar de los hechos se dirigió también un equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria, fue reanimado, pero falleció poco después en el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Para la abogada de la familia, Mireia Salazar: «Las pistolas Taser pueden causar la muerte. Es lo que ha ocurrido en este caso. La situación debía abordarse desde un punto de vista médico y clínico, y no como una actuación policial».
Reapertura del caso para investigar más
El caso, con diligencias abiertas en el juzgado número 2 de Badalona, fue archivado poco después, de acuerdo con una auditoría interna de los Mossos d’Esquadra. En este documento, la policía concluyó que la actuación fue correcta porque existía peligro para los agentes, la víctima estaba alterada e iba armada.
No lo vio igual la Audiencia de Barcelona, que hace unos meses ordenó reabrir el caso. Según el tribunal, «la instrucción no ha sido completa y quedan varias cuestiones por resolver qué sucedió». En el escrito, el tribunal reprocha a los Mossos que, en el informe interno, no se analizan las veces que los agentes dispararon la pistola eléctrica ni si cada vez era necesario. Dos años después de los hechos, el caso empezará a investigarse de nuevo.
La hermana de la víctima, Annoris, denuncia: «Una vez que nos confirmaron la muerte, nadie nos apoyó y tuvimos que buscar nosotros justicia. Se nos cerraron todas las puertas».
Mecanismos de control policial independientes
El caso de Badalona pone de relieve, según Irídia, la falta de controles eficaces para evaluar las actuaciones policiales polémicas. Este aspecto formaba parte del conjunto de recomendaciones que se pusieron sobre la mesa en el Parlament en la comisión de estudio del modelo policial. Finalmente, la propuesta no tuvo éxito.
Irídia, junto a otras entidades de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, reclama, desde hace tiempo, la creación de un mecanismo externo e independiente para auditar las actuaciones policiales. La entidad también critica el nulo apoyo de la administración a las víctimas. Según Irídia, desde hace más de diez años, en Catalunya existe un protocolo policial de atención a las víctimas “creado a raíz del caso de Ester Quintana” que, en la práctica, no se aplica.
