El TC remata a Montesquieu y también suspende la consulta alternativa

altConsidera que tiene el mismo efecto que un decreto formal de convocatoria a las urnas. El Govern mantiene el 9-N, presentará alegaciones y denunciará al ejecutivo de Rajoy ante el Supremo por “atentar contra el derecho a la participación,  la libertad de expresión y la libertad ideológica”

 

 

 

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El Tribunal Constitucional ha anunciado este mediodía la suspensión de la consulta alternativa planteada por Artur Mas para el próximo domingo. El pleno del órgano ha decidido por unanimidad dejar sin efecto el proceso de participación anunciada como alternativa a la oficial, ya invalidada por el mismo tribunal el pasado 29 de septiembre.

 

En este caso, el TC, cuyos miembros son elegidos por el PP y el PSOE y cuyo presidente pagó  religiosamente hasta el 2011 la cuota del PP por su condición de militante, no ha incluido en la resolución ninguna advertencia sobre la posible sanción que acarrearía una hipotética desobediencia, tal y como reclamaba Rajoy. El órgano considera que, pese a no existir una llamada expresa a las urnas, la publicidad de la Generalitat (la emitida por TV3 continúa activa), la creación de una web específica sobre el asunto o las cartas a los funcionarios tienen el mismo efecto que un decreto formal de convocatoria.

 

El recurso interpuesto por el gobierno español ha sido curiosamente el primer punto tratado en el orden del día de la primera jornada del pleno. Los motivos de impugnación son prácticamente idénticos y además ahora se alegan “escasas garantías democráticas” del nuevo proceso. Una curiosa manera de interpretar el concepto griego de “democracia”, no en su significado original de “poder del pueblo” sino como sinónimo de demo, de prueba, de experimento fallido. De mordaza que únicamente se puede liberar cada cuatro años, de opinión subyugada al imperialismo de la ley, sea o no justa, ética o democrática, se adecue o no al sentido común, al momento histórico o a las demandas sociales, cuente o no con la opinión y consentimiento de quiénes la van a tener que aplicar o sufrir.

 

Denuncia ante el Supremo

 

La reacción del Govern no se ha hecho esperar. El conseller de Presidència, Francesc Homs, no sólo ha destacado que el 9-N “se mantiene con todas las consecuencias” sino que además el Govern presentará alegaciones contra la decisión del TC y una demanda contra el gobierno español  ante el Tribunal Supremo “por atentar contra el derecho a la participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica”.  Homs también ha revelado que Mas tiene la intención de reunirse con el Pacto Nacional, que reúne las entidades pro-consulta, por el derecho a decidir con el objetivo de “defender todos juntos y con rotundidad la libertad de expresión”.

 

Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha aprovechado un acto de la campaña “Vull ser lliure. Vull un nou país” en el barrio barcelonés de Gràcia para enviar un mensaje directo al PP. “Si alguien piensa que con un burofax del TC nos pararán, es que no conoce al pueblo de Catalunya”. Según Bosch, el gobierno español “confunde democracia con burocracia”, algo que no sucedería con la independencia. “En nuestro partido creemos en la separación de poderes, queremos una República catalana en la que ningún gobierno pueda anticipar la sentencia de un tribunal, queremos tribunales independientes y una auténtica democracia con una separación de poderes reales”. Además, ha reconocido que lo ideal hubiera sido “un referéndum a la escocesa”, un escenario imposible porque “el gobierno español no es como el británico”.

 

Quim Arrufat (CUP) espera que el Govern “no se eche atrás” ante una decisión “absolutamente esperada por todo el mundo” y ha apelado a la ciudadanía a prepararse “para desobedecer y buscar las urnas” el próximo domingo. El diputado de la CUP considera “correcta” la reacción del ejecutivo catalán y le pide que aguante el pulso con el Estado español, porque “no es un pulso jurídico ni de formalismos sino un pulso puramente político”. Según Arrufat, el Govern tiene el deber de actuar bajo tres ejes, “concreción, cobertura a los voluntarios y no echarse atrás” y ha explicado que las alegaciones del TC sobre la exigencia de un 100% de garantías democráticas no cuelan. “Es una trampa para no celebrar nunca la consulta, que será válida políticamente si se llena masivamente de votos”. Arrufat entiende que lo que no podrá impugnar nunca el TC es “la determinación de tanta y tanta gente en este país que quiere votar y decidir”.

 

Voluntad ciudadana

 

Por su parte, Josep Vendrell y Joan Mena, diputados de ICV-EUiA, han reclamado al Govern que mantenga la consulta alternativa “autoconvocada” con voluntarios que “ya está en marcha” y ha avisado al PP que la impugnación del TC “no servirá para detener una gran movilización el 9-N. Es un grave error creer que con impugnaciones y resoluciones la movilización en Catalunya se detendrá. Tarde o temprano el gobierno del Estado deberá dialogar y negociar”. El mismo día en que Joan Herrera anunciaba su intención de votar “sí-no”,  Mena y Vendrell apelaban a la importancia de la legitimidad y la libertad. “El gobierno del PP no ganará, no conseguirá imponerse porque, al final, en entornos democráticos, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía es la que se acaba imponiendo”.

 

Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, se ha felicitado por una nueva contribución del establishment españolista a la productiva fábrica de independentistas. “El TC y el Estado nos han ayudado una vez más a dar un paso hacia la independencia. No nos fallan nunca”.

 

El portavoz socialista del Parlament, Maurici Lucena, ha pedido al Govern que cumpla la resolución del TC y ni se plantee la desobediencia. “Los socialistas catalanes ya dijimos que era un error que el gobierno español recurriese el proceso pero una vez presentado y con la suspensión cautelar, entendemos que el Govern tiene que respetar la decisión y cumplir con la legalidad de la ley”. Eso sí, ha matizado que la movilización de la sociedad civil catalana “se tendrá que aceptar con total normalidad”.

 

En una línea similar, Enric Millo (PP) ha solicitado a Mas que no actúe al margen de la legalidad y paralice todos los preparativos del 9-N. “Es la segunda vez que el TC le dice al gobierno de la Generalitat que no puede hacer lo que desea el 9-N, porque está fuera del marco legal vigente y la resolución supone una garantía de cumplimiento de las leyes y de respeto a los derechos del conjunto de catalanes y españoles”.

 

El eurodiputado de C’s, Juan Carlos Girauta, piensa que la decisión del Govern de “seguir con su fraude democrático es un acto de irresponsabilidad” y ha apelado a los tergiversados tópicos de “unión, convivencia y reconciliación” para arremeter contra el 9-N, que concibe como un “verdadero peligro para la democracia en España”. Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha reclamado a Mas que “asuma su fracaso” y convoque elecciones anticipadas para que los catalanes puedan elegir un gobierno “con gente sensata”. Unas elecciones que, atendiendo a las encuestas y al contexto actual, en cualquier caso reforzarían los partidos soberanistas y subrayarían el papel residual de Ciutadans, que con su demagogia y populismo ha pescado en el río revuelto de la crisis. 

 

Un rosario de impugnaciones

 

La decisión del Alto Tribunal, que llega un día después que unos energúmenos de Falange y Alianza Nacional intentaran boicotear sin éxito una mesa redonda sobre el proceso soberanista en el Ateneo de Madrid (ante la indiferencia de los tabloides de la prensa cavernaria), está inmersa en su deriva catalanofóbica, guiada por los designios y complicidades del gobierno central, venga de Génova o de Ferraz.

 

Según el TC, todo lo que venga de Catalunya es automáticamente inconstitucional y/o susceptible de impugnación: ya sucedió en el 2006 con el Estatut, pese al “apoyaré” de Zapatero y al hecho de algunos artículos suspendidos se aceptaran y aplicaran de manera literal y sin ningún problema en otras comunidades; siguió en marzo del 2013 con la impugnación de la declaración de soberanía aprobada por el Parlament y ha continuado recientemente con la suspensión del decreto de pobreza energética del Parlament,  El TC condena 300.000 familias catalanas a un invierno frío que condena 300.000 familias catalanas a un invierno frío y esta última y doble impugnación, de la consulta oficial y de la alternativa. Por si fuera poco, el impuesto creado por la Generalitat para multar a los bancos que tengan pisos vacíos ya es visto por las entidades bancarias como algo inconstitucional, con lo que podrían llevarlo al TC de manera inminente.

 

En un alarde de eficacia y productividad, hoy el TC también ha anunciado la suspensión por unanimidad la consulta convocada para el día 23 por el gobierno canario sobre las prospecciones petrolíferas.

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