Bajo la imponente escultura *Dona i Ocell* de Joan Miró, que se erige como un símbolo de libertad y surrealismo en el Parc de Joan Miró, el bullicio de la ciudad se transforma en un mosaico de realidades crudas. Es mediodía en el Eixample Esquerra, y el sol de septiembre ilumina no solo las palmeras y el estanque artificial, sino también un improvisado campamento de tiendas de campaña y colchones raídos. Alrededor de la Biblioteca Joan Miró, en una zona porticada que ofrece sombra y algo de protección contra las inclemencias, unas 30 personas sin hogar han convertido este rincón del parque en su morada temporal. Recogen latas de aluminio para venderlas como chatarra, montan puestos de manteros o simplemente descansan, exhaustos por una noche más al raso. «Aquí estamos porque no hay otro sitio», me dice uno de ellos, un migrante marroquí de unos 40 años que prefiere no dar su nombre. «El ayuntamiento dice que nos ayuda, pero ¿dónde está la vivienda real?»
Este asentamiento, que surgió a finales de julio como un «nuevo foco de sensellarisme» según denuncias vecinales en redes sociales, ha crecido de forma alarmante en las últimas semanas. Lo que empezó como un grupo disperso de pernoctaciones esporádicas se ha convertido en un campamento semipermanente, exacerbado por las obras de ampliación de la Línea 8 del metro y la renovación de la red freática, que han desfigurado partes del parque y desplazado a más personas hacia esta zona porticada. El Parc Joan Miró, inaugurado en 1983 en honor al pintor catalán y transformado del antiguo matadero de la ciudad en un pulmón verde de seis hectáreas, ahora refleja las grietas de una Barcelona en crisis: la explosión del sinhogarismo, con un incremento del 20% en las calles solo en el último año, según datos municipales. Mientras familias pasean con niños cerca del arenero infantil y turistas posan ante la icónica escultura de Miró, el contraste es palpable. Este no es solo un problema local; es el síntoma de una ciudad que, pese a su boom turístico y económico, deja atrás a miles.
El origen del campamento se remonta al verano de 2025, un período marcado por olas de calor extremas y una saturación de los recursos de acogida. En julio, un vídeo viral en Instagram del concejal del PP Dani Sirera alertaba de un «nuevo asentamiento en el Parc Joan Miró», mostrando tiendas de campaña y colchones esparcidos bajo los porches de la biblioteca. «Barcelona no puede ser un campamento ilegal permanente», proclamaba Sirera, criticando la «permisividad» del Ayuntamiento de Ada Colau, ahora bajo la batuta de Jaume Collboni. Desde entonces, el grupo ha oscilado entre 20 y 30 personas, mayoritariamente migrantes en situación irregular procedentes de África del Norte y Subsahariana. Muchos llegaron a España huyendo de conflictos o pobreza extrema, pero se topan con barreras administrativas: sin papeles, no acceden a subsidios ni a viviendas sociales. «Yo recogía naranjas en Marruecos, pero aquí ni eso. La frontera nos cierra puertas», confiesa Ahmed, un hombre de 35 años que duerme en una tienda improvisada con cartones. Entidades como Arrels Fundació, que estiman en casi 5.000 las personas sin hogar en Barcelona, señalan que el 70% son migrantes.
La situación actual es precaria, pero no exenta de solidaridad vecinal. Cada semana, asociaciones locales como el Centre d’Esplai de l’Eixample reparten ropa, mantas y comidas calientes. «No es conflictivo; ellos no molestan, pero el desorden es evidente», explica Maria, una vecina de 62 años que vive en el Carrer de Tarragona, adyacente al parque. El olor a orina en los rincones, colchones abandonados y el eco de discusiones nocturnas han erosionado la paciencia del barrio. Comerciantes de la zona, como los de las tiendas de Arenas de Barcelona –el antiguo coso taurino reconvertido en centro comercial–, reportan una caída en las ventas del 15% este verano, atribuida en parte al «desgavell» visual y olfativo del campamento. Las obras del metro, que comenzaron en 2024 y han talado decenas de pinos, han convertido partes del parque en un «descampado», como lo describen plataformas vecinales en Reddit, agravando el uso del espacio porticado como refugio.
El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, ha respondido con una mezcla de contención y promesa de acción. Según fuentes municipales, equipos de la Guàrdia Urbana, limpieza y Servicios Sociales patrullan diariamente el área, ofreciendo derivaciones a centros de acogida como el Espai Jove o el Centre d’Acollida Arrels. Sin embargo, la ocupación real de plazas es baja: solo el 30% de las personas contactadas aceptan la oferta, por temor a la burocracia o experiencias previas de centros saturados. El regidor de Derechos Sociales, David Escudé, ha declarado en una rueda de prensa reciente: «El sensellarisme es un problema estructural de la ciudad, no un capricho veraniego. Estamos estudiando la intervención en el Parc Joan Miró para garantizar la convivencia, pero priorizando soluciones humanitarias».
La «intervención» aludida apunta a un desalojo inminente, similar a los realizados este verano en otros puntos del Eixample. A mediados de agosto, la Guàrdia Urbana desalojó a unas 40 personas del Parc de l’Estació del Nord, retirando 1.400 kg de chatarra acumulada y redistribuyendo a los afectados a albergues temporales. En la superilla de Sant Antoni, se removió mobiliario urbano usado como refugio, coincidiendo con el inicio de obras de la red freática. Para el Parc Joan Miró, el plan preliminar incluye una operación coordinada para el fin de semana, con apoyo de servicios sociales para evitar un «efecto rebote» –el desplazamiento a otros parques como el de la Ciutadella, donde ya hay reportes de 60 migrantes malviviendo. El regidor del distrito, Jordi Valls (PSC), es más directo: «No confundamos solidaridad con permisividad. Cuando hay dinámicas de odio al espacio público o problemas de convivencia, intervenimos. El parque es de todos, no de unos pocos». Valls, que gestiona el Eixample, ha recibido quejas formales de la Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, que proponen medidas paliativas como la instalación de lavabos públicos portátiles para reducir los «efectos colaterales» de las pernoctaciones.
Pero el desalojo no es solo una cuestión logística; es un dilema ético y político. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sant’Egidio advierten de qué operaciones como esta, sin alternativas reales, agravan la crisis humanitaria. «Desalojar sin vivienda es criminalizar la pobreza», afirma Laura Durán, activista de la PAH, quien ha documentado casos en el parque donde familias con menores han sido desplazadas a la calle. El aumento del 20% en personas sin hogar se atribuye a la escalada de alquileres –Barcelona es la segunda ciudad más cara de Europa–, el fin de moratorias pospandemia y la llegada irregular de migrantes vía pateras, con más de 10.000 rescates en el Mediterráneo este año. El Ayuntamiento ha impulsado el Pla de Xoc contra la Pobresa, con 50 millones de euros para vivienda social, pero críticos como el PP lo tildan de «parche insuficiente». En el Parc Joan Miró, el impacto de las obras del metro ha sido devastador: 75 pinos talados en 2024, dejando un «solar» que invita al caos.
Voces desde el terreno pintan un cuadro más humano. «Somos invisibles hasta que molestamos», dice Fatima, una mujer argelina de 28 años que vende bolsos en el parque. Ella y otros han rechazado centros de acogida por «falta de intimidad» o temor a redadas. Un trabajador social de Arrels, que prefiere anonimato, relata: «Ofrecemos derivaciones, pero sin papeles, no hay subsidio. Es un círculo vicioso». Los vecinos, por su parte, oscilan entre empatía y frustración. «Entendemos su situación, pero el parque ya está medio destruido por las obras. Necesitamos acción, no promesas», dice Joan, un jubilado que pasea a su perro por el estanque.
En el contexto más amplio, Barcelona enfrenta un sinhogarismo endémico. Desde 2008, los recuentos de Arrels muestran un duplicado de cifras, con picos en veranos calurosos. La propuesta de ley en el Parlament de Catalunya para proteger derechos de sintechos –acceso a servicios y prohibición de desalojos sin alternativas– avanza, pero su implementación depende del Ayuntamiento. Mientras, en redes como X (antes Twitter), el debate hierve: un vídeo de un campamento en el Raval acumula miles de visualizaciones, con usuarios clamando «Barcelona es un camping inmenso».
¿Hacia dónde va el Parc Joan Miró? Si el desalojo se produce, como parece inminente, podría aliviar tensiones vecinales, pero sin un plan integral –más plazas en albergues, regularización migratoria y vivienda asequible–, el campamento solo se mudará. Collboni prometió en campaña «ciudad habitable para todos», pero la realidad del parque, con su Dona i Ocell vigilando en silencio, recuerda que la utopía de Miró choca con la dura cotidianidad. En una Barcelona que presume de modernidad, este rincón se convierte en espejo de desigualdades. La intervención es urgente, pero debe ser justa: desalojar sin resolver es solo posponer el problema.