El ministerio de Justicia español desoye a la Interpol y no entregará a los franquistas reclamados por Argentina

altLa Interpol argentina solicita a las autoridades judiciales españolas la detención preventiva de los últimos 20 acusados en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.

 

 

 

La Interpol argentina solicita a las autoridades judiciales españolas la detención preventiva de los últimos 20 acusados en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.

 

La orden, que reproducimos, está cursada con carácter de urgencia y también solicita al Juzgado todos los datos de identificación personal para evitar posibles confusiones con personas homónimas, así de emitir el orden de captura internacional. Aunque el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ya ha avanzado que denegará la entrega de los 19, uno ya falleció, acusados que reclama la juez argentina María Servini. Como siempre y desoyendo los informes de la ONU y otros organismos internacionales, la justicia española enarbola la Ley de Amnistía de 1977 como una verdadera Ley de Punto Final dejando impune graves crímenes de lesa humanidad, como Amnistía Internacional ya denunció en su momento, y cada día lo hace la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA).

 

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Entre los imputados hay los exministros franquistas que firmaron sentencias de muerte o fueron partícipes de los Consejos de Ministros que las cursaron, por ello en el apartado de “Delitos de homicidio”, del informe resumido del auto resolutivo que emite el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, de Buenos Aires, se incluyen los nombres de: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo (fallecido recientemente), José María Sánchez– Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracibir, Carlos Rey González, José Utrera Molina, Fernando Suárez González y Antonio Troncoso de Castro.

 

Entre los significados por los querellantes por delitos de torturas, se hayan: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

 

Al ginecólogo, hoy exmilitante del PP por esta causa, Abelardo García Balaguer se le acusa por sustracción de un menor de diez años. Su nombre aparece en varias partidas de nacimientos de bebés desaparecidos entre las décadas de los sesenta y setenta. Balaguer fue investigado por la Fiscalía de Algeciras por su presunta participación en el robo de bebés en la provincia de Cádiz.

 

Pero lo dicho, ni la orden de tención preventiva, ni la extradición están en la voluntad política del gobierno del PP que, amparando la impunidad, da carta de naturaleza a la represión franquista y a sus leyes y tribunales ilegítimos. Como apunta el auto de los jueces argentinos: “Si se denegara la extradición, sea en vía judicial o gubernativa, se debería juzgar a los imputados en el estado español, en virtud del principio de derecho internacional aut dedere aut iudicare (o extraditas o juzgas), de carácter imperativo para los dos Estados parte en el procedimiento de extradición”. Ya hay miembros de la judicatura que están incómodos con esta situación por el desprestigio internacional que ello supone; el fiscal González Torrijos, aun no estando de acuerdo con la extradición, dice que las víctimas deben ser oídas por los jueces españoles.

 

Última hora: El exministro franquista Rodolfo Martín Villa, citado como imputado en requerimientos anteriores y acusado como responsable político de la represión de los obreros en huelga de Vitoria en 1976, donde murieron por disparos de la policía cinco obreros huelguistas y fueron heridos de bala 150, anuncia que quiere declarar ante la juez Servini, y no esconderse ante el “parapeto” de la negación de extradición.

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